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El Salvador

Las fisuras del gobierno de Nayib Bukele (II)

Fuentes: Rebelión

En una década de vida política, Nayib Bukele (ahora en el gobierno) ha gozado de gran popularidad y aceptación. Sin embargo, después de un año al frente del gobierno han comenzado a aparecer indicios de fisuras importantes en la empresa Bukele que amenazan la reproducción, a mediano y largo plazo, de la hegemonía cultural de la que hasta ahora goza el proyecto político y empresarial del mandatario salvadoreño. La serie de artículos que llevan por título las fisuras del gobierno de Nayib Bukele tienen el propósito de rastrear tales indicios. Esta es la segunda entrega.

9F: el bukelazo y el peligro autoritario [1]

Si para algunos los primeros siete meses de gobierno no lo habían mostrado con la suficiente claridad, la amenaza de disolver el parlamento y la toma militar de la Asamblea Legislativa del 9 de febrero no dejaron lugar a vacilaciones: sobre la base de prácticas antidemocráticas y el despliegue de la fuerza militar, la administración Bukele se estaba moviendo rápidamente hacia una preocupante posición autoritaria. Un autoritarismo carismático con gran popularidad.

Formalmente, la disputa comenzó después de que los diputados se negaran a autorizar al ejecutivo a suscribir un préstamo por $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinado a financiar la Fase III del Plan de Control Territorial, pero una investigación periodística sugiere que “el bukelazo”, como se conocieron internacionalmente los hechos del 9F, “no se debió a ningún préstamo de seguridad”, sino que “tuvo su origen en una crisis de agua y algas, en el problema de imagen que esa crisis generó al Gobierno” (Lemus, Martínez y Martínez, 11 de marzo de 2020); fue pues, según esa investigación, un estrategia de marketing político para revitalizar la popularidad del presidente.

Sea como sea, el hecho es que tras la negativa del parlamento de aprobar la gestión del préstamo por $109 millones al ejecutivo, el Consejo de Ministros convocó a sesión extraordinaria a la Asamblea Legislativa para el día domingo 9 de febrero, amparado en una dudosa interpretación del numeral 7 del artículo 167 de la Constitución de la República que luego el tribunal competente declaró improcedente (Sala de lo Constitucional, 10 de febrero de 2020). El único punto en agenda era, precisamente, la discusión del préstamo. La situación se complicó en los tres días subsiguientes. Los diputados resolvieron que la convocatoria del Consejo de Ministros era improcedente y se negaron a sesionar, mientras Bukele amenazaba con disolver el parlamento, hostigaba por diversos medios a los diputados y convocaba a sus partidarios a una demostración en las afueras de la Asamblea Legislativa. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas y la PNC juraban lealtad al presidente y el Ministro de Defensa reiteraba “a los buenos ciudadanos que honraremos el juramento de obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aún a costa de nuestras vidas” (Guzmán y Rauda, 09 de febrero de 2020). La comunidad internacional intentó calmar los ánimos, pero fracasó; las gremiales empresariales y organizaciones de la sociedad civil advirtieron de la amenaza antidemocrática que se estaba tejiendo, pero nada pudo parar lo que se venía.

El 9 de febrero la Asamblea Legislativa fue tomada por el ejército. “Medio centenar de militares y policías fuertemente armados” (Guzmán, Rauda y Alvarado, 10 de febrero de 2020) custodiaron el salón de la sesión plenaria mientras Bukele irrumpió sin mediar palabras, y sentenció: “ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”. Luego simplemente se echó a orar y regresó a la concentración a las afueras de la Asamblea Legislativa, donde unos 5mil seguidores le exigían disolver el parlamento. Al final, Bukele dio un plazo de una semana a los diputados para aprobar el préstamo y se retiró del lugar. Una investigación periodística hizo el siguiente balance del 9F un mes después:

“Tras un mes de haber ocurrido la entrada de Bukele con militares a la Asamblea Legislativa, las aguas parecen calmarse para el Gobierno. La Comisión de Hacienda ha dado un dictamen favorable para que el pleno apruebe este jueves el préstamo de $109 millones, y solo el FMLN ha negado sus votos. El fiscal general, Raúl Melara, ha dicho que los diputados entrevistados en su investigación han asegurado que no encontraron nada anormal en lo ocurrido el día 9 de febrero. Por lo demás, poco ha cambiado. Bukele ha mantenido su tono conflictivo en redes sociales y apariciones públicas contra los diputados”. (Lemus, Martínez y Martínez, 11 de marzo de 2020).

Y, sin embargo, el 9F sí cambió algo: la imagen internacional del gobierno de Bukele se deterioró considerablemente. Como dijo dos días después el embajador de España en El Salvador, en una reunión privada entre el cuerpo diplomático acreditado en el país y altos funcionarios del gobierno: “la imagen (…) no fue buena; es decir, fue mala, para qué vamos a decir una cosa por otra, y eso afectó a la buena imagen de El Salvador y a la buena imagen del Gobierno y también nos afecta a los países amigos que estamos trabajando con un Gobierno democráticamente elegido” (Lemus, Martínez y Martínez, 11 de marzo de 2020).

Pero el 9F no solo deterioró la imagen del gobierno de Bukele a nivel internacional, sino que puso en estado de alerta a la comunidad internacional acerca del riesgo antidemocrático que se configuró aceleradamente en el país entre el 6 y el 9 de febrero. Como reporta una nota de investigación de un periódico local: “muchos de los embajadores valoraban la idea de que (…) la intención del presidente era disolver el parlamento, y que se detuvo al oler la disconformidad de la comunidad internacional y al ver una convocatoria reducida de personas” (Lemus, Martínez y Martínez, 11 de marzo de 2020). Como sea, y como dijo antes el embajador de Japón acreditado en el país: “perder una imagen buena es un día, pero recuperar imagen se tarda más tiempo” (Lemus, Martínez y Martínez, 11 de marzo de 2020).

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y la prensa local también reclamaron al presidente Bukele por el 9F (DW, 10 de febrero de 2020). En la misma noche del “bukelazo”, por ejemplo, la directora para las Américas de Amnistía Internacional rechazó el “ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa” y dijo que el mismo “nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país (…). Las múltiples denuncias de francotiradores apostados en las proximidades de la Asamblea Legislativa, la presencia militar innecesaria y las restricciones a la libertad de prensa podrían marcar el inicio de una ruta peligrosa para la institucionalidad y para los derechos humanos en el país”. (Amnistía Internacional, 09 de febrero de 2020).

Y, aunque es un dato que resulta difícil de documentar con absoluta precisión, es un hecho claro que con el 9F y los eventos ocurridos en los días previos el gobierno de Bukele se granjeó la oposición decidida de las organizaciones de derechos humanos y, en general, de una heterogénea y pequeña pero importante esfera de intelectuales y activistas políticos que han venido trabajando arduamente (desde diferentes espacios, en diferentes formas y desde distintas perspectivas) por consolidar y avanzar en el proceso de construcción democrática del país en los últimos treinta años, desde el final de la guerra civil en 1992. Debido al agotamiento del FMLN hacia finales de la década de 2010, algunos de estos intelectuales apoyaron a Bukele en su apuesta presidencial y otros tantos parecieron darle el beneficio de la duda, al menos parcial. El 9F terminó con todo esto.

Referencias

Lemus, E., Martínez, O. y Martínez, C. (11 de marzo de 2020). La historia detrás del día en que Bukele se tomó la Asamblea Legislativa. https://elfaro.net/es/202003/el_salvador/24110/La-historia-detr%C3%A1s-del-d%C3%ADa-en-que-Bukele-se-tom%C3%B3-la-Asamblea-Legislativa

Sala de lo Constitucional. (10 de febrero de 2020). Inconstitucionalidad 6-2020. http://www.jurisprudencia.gob.sv/PDF/6-2020

Guzmán, V. y Rauda, N. (09 de febrero de 2020). Bukele llama a la insurrección y la Fuerza Armada le jura lealtad. El Faro. https://elfaro.net/es/202002/el_salvador/24001/Bukele-llama-a-la-insurrecci%C3%B3n-y-la-Fuerza-Armada-le-jura-lealtad

Guzmán, V., Rauda, N. y Alvarado, J. (10 de febrero de 2020). Bukele mete al Ejército en la Asamblea y amenaza con disolverla dentro de una semana. El Faro. https://elfaro.net/es/202002/el_salvador/24008/Bukele-mete-al-Ejército-en-la-Asamblea-y-amenaza-con-disolverla-dentro-de-una-semana.htm

DW. (10 de febrero de 2020). El Salvador: Bukele pide calma luego de llamar a la insurrección. DW. https://www.dw.com/es/el-salvador-bukele-pide-calma-luego-de-llamar-a-la-insurrecci%C3%B3n/a-52316949

Amnistía Internacional. (09 de febrero de 2020). El Salvador: Despliegue de fuerzas de seguridad en la Asamblea Legislativa debe alertar sobre el futuro de los derechos humanos. Amnistía Internacional. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/02/el-salvador-despliegue-fuerzas-de-seguridad-asamblea-legislativa/

Martínez, C. (10 de febrero de 2020). ““Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”. El Faro. https://elfaro.net/es/202002/el_salvador/24006/“Ahora-creo-que-está-muy-claro-quién-tiene-el-control-de-la-situación

Nota:

(1) El 9 de febrero de 2020, bajo la orientación del presidente Nayib Bukele y después de tres días de gran tensión política, la Asamblea Legislativa fue tomada militarmente por el ejército. Una narración de estos hechos que pasaron a conocerse, tanto nacional como internacionalmente, como “El Bukelazo” o simplemente el “9F”, pueden encontrarse en Guzmán y Rauda (09 de febrero de 2020), Guzmán, Rauda y Alvarado (10 de febrero de 2020), Lemus, Martínez y Martínez (11 de marzo de 2020), Martínez (10 de febrero de 2020).

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