Los familiares de las víctimas de la masacre exigen que se reabra el caso y que cese la impunidad que ha envuelto el asesinato de sus seres queridos. En la madrugada del 11 de mayo de 2012, un pequeño bote con 16 personas a bordo se deslizaba en silencio sobre las aguas del río Patuca, […]
Los familiares de las víctimas de la masacre exigen que se reabra el caso y que cese la impunidad que ha envuelto el asesinato de sus seres queridos.
Eran las 2 de la mañana y casi todos los pasajeros dormían. Los pasajeros fueron despertados por el ruido de por lo menos cuatro helicópteros militares estadounidenses que sobrevolaban la zona. Una lluvia de balas de armas de grueso calibre embistió el pequeño bote y sus ocupantes.
El operativo conjunto de agentes del FAST (Equipo de Apoyo Consultivo en el Extranjero por su sigla en inglés) de la DEA (Drug Enforcement Administration) y del Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional de Honduras dejó un saldo de cuatro muertos: Emerson Martínez Henríquez (21años), Hasked Brooks Wood (14 años), Juana Jackson Ambrosio (28 años) y Candelaria Pratt Nelson (48 años).
También hubo por lo menos 5 heridos de gravedad. Según sus parientes, Juana y Candelaria tenían varios meses de embarazo [1].
Escalada militarista
El operativo se dio en el marco de una creciente militarización de la zona. En los últimos años, bajo el argumento de la lucha frontal contra el narcotráfico, el gobierno norteamericano volvió a invertir millones de dólares en la instalación y equipamiento de nuevas bases militares, como es el caso de las bases navales de Isla Guanaja y Caratasca, en el departamento Gracias a Dios, que se suman a la ya histórica base de Soto Cano (Palmerola).
Además, la embajada de Estados Unidos en Honduras, el gobierno hondureño, la INL (Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley), la DEA, y el Comando Sur han diseñado un plan para desplegar temporalmente helicópteros estadounidenses en territorio hondureño para apoyar las misiones antinarcóticos.
De esa manera, Honduras se ha convertido en el país que más bases militares norteamericanas alberga en toda la región. Una escalada militarista que ha tenido su mayor impulso después del golpe de Estado que en 2009 derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.
DEA y Estado de Honduras se lavan las manos
Después de la masacre, el entonces portavoz de la DEA en Washington, Dawn Dearden, reconoció que agentes del FAST estaban trabajando a bordo de los helicópteros en apoyo a la policía hondureña. Alegó que no fueron ellos los que dispararon. La entonces embajadora estadounidense en Honduras, Lisa Kubiske, avaló esas declaraciones y aseguró a medios nacionales que los efectivos que protagonizaron el operativo antidroga actuaron en forma debida y en defensa propia, supuestamente para responder a disparos que provenían del pequeño bote.
Los familiares de las personas asesinadas dijeron que fue un ataque indiscriminado, seguido por una persecución sin sentido contra ellos y las personas de las comunidades.
Tanto los familiares de las víctimas como el alcalde de Ahuas, Lucio Baquedano, reafirmaron con fuerza que los agentes hondureños y estadounidenses dispararon de manera indiscriminada, creyendo que la embarcación estaba transportando droga descargada de una avioneta que había aterrizado unas horas antes.
Además, el terror que envolvió a la pequeña comunidad de Paptalaya no terminó con el ataque al pequeño bote, sino que se prolongó por varias horas, en cuanto decenas de agentes hondureños y norteamericanos se desplazaron por la zona en búsqueda de supuestos narcotraficantes y su mercadería. Los habitantes fueron detenidos, tirados al piso, amarrados y golpeados sin motivo.
Una noche de terror que aún no tiene responsables, ya que cinco años después de los hechos, dos de los acusados, Noel Andrés Hernández e Iván Neptaly González Herrera, fueron sobreseídos provisionalmente, mientras que al miembro de la DEA Alexander Ramón Robelo Salgado se le abrirá juicio por el delito de homicidio y abuso de autoridad en perjuicio de Emerson Martínez Henríquez.
Los familiares tenían razón
Cinco años después de la masacre que enlutó a la Mosquitia hondureña, un informe de los Departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, revela que la DEA le mintió al Congreso, a funcionarios del Departamento de Justicia y al público en general. Además planeó mal la operación, no investigó plenamente los incidentes y proporcionó información inexacta a funcionarios del Departamento de Justicia y al Congreso.
En su reporte, el inspector general del Departamento de Justicia no encontró evidencia que respaldara la versión de la DEA.
«Incluso cuando hubo información disponible para la DEA que era distinta a lo que señalaba su reporte inicial, como que el barco de pasajeros podría ser un taxi acuático que llevaba a personas en un viaje nocturno, los oficiales de la DEA se mantuvieron firmes», señala el día de hoy el New York Times mencionando el reporte.
En ningún momento -continúa el informe- pudieron corroborar la versión según la cual los individuos que fueron atacados por agentes hondureños eran narcotraficantes que intentaban llevarse la droga.
«El informe demuestra que los familiares de las víctimas tenían razón en cuanto a la violación de derechos humanos. Demuestra que las declaraciones, tanto de la DEA como del Estado de Honduras, eran falsas. Ahora tendrán que responder por sus mentiras y por haber manipulado los hechos y hasta estigmatizado a la población de las comunidades miskitas», dijo a la LINyM Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, que asumió la representancia legal de los familiares de las víctimas.
«Una vez más se demuestra que la supuesta política de combate al narcotráfico genera violación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades locales», aseveró Miranda.
Familiares reclaman justicia
«A mi hermana la masacraron. Su cuerpo flotaba en las aguas del río y tenía cuatro heridas de bala. Ella tenía apenas 28 años y estaba embarazada de cinco meses. Yo soy madre soltera de 4 hijos y tuve que hacerme cargo de sus dos hijos. Una situación muy difícil, tremenda. Estoy sola y no sé cómo seguir adelante», dijo ayer Marlen Zelaya Jackson , hermana de Juana Jackson Ambrosio, durante el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras.
«No hemos tenido ninguna respuesta de las autoridades. Esa gente es culpable, el mismo informe de Estados Unidos lo dice. Siempre hemos tenido la razón y ahora tienen que pagar por lo que hicieron. Exigimos justicia», concluyó Zelaya Jackson.
Nota:
[1] En el texto se retoman partes del amplio reportaje publicado por Opera Mundi (aquí en español)
Fuente: LINyM
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