Recientemente, en septiembre de 2015, se ha reunido en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se trataron diversos temas, entre los que sobresalía entre otros la actitud a tomar frente a los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados durante el conflicto armado entre la minoría tamil de la isla […]
Recientemente, en septiembre de 2015, se ha reunido en Ginebra la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se trataron diversos temas, entre los que sobresalía entre otros la actitud a tomar frente a los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados durante el conflicto armado entre la minoría tamil de la isla y el gobierno de Sri Lanka, sobre todo hacia el final de la guerra, en mayo de 2009, cuando fueron masacradas más de cien mil personas en unas pocas semanas.
El gobierno de Sri Lanka lleva tiempo intentando convencer de que se trata de un asunto doméstico que puede manejar adecuadamente sin que la comunidad internacional se implique. Sin embargo en ese conflicto uno de los actores principales ha sido el ejército de Sri Lanka y su responsable, el gobierno. Es evidente que no es posible hacer justicia siendo juez y parte.
Estados Unidos y el Reino Unido planteaban una resolución de consenso en la que se permitiera que todo el proceso quede en manos del estado de Sri Lanka, el principal acusado de los execrables crímenes sufridos por la población tamil. Los países latinoamericanos invocando el principio de no-ingerencia han secundado la postura de los EEUU y el RU. Cabe suponer que en el imaginario latinoamericano la implicación en un conflicto dentro de las fronteras de un estado establecido evoca las numerosas intervenciones de su vecino del norte en Latinoamérica para desestabilizar y controlar la región. Sin embargo ese imaginado paralelismo no tiene ninguna base. Estamos frente a un hecho que el Tribunal Permanente de los Pueblos considera un genocidio y es un imperativo moral intervenir para garantizar justicia y detenerlo.
Desde su independencia el estado de Sri Lanka, un modelo heredero del colonialismo, fue el resultado de la apuesta del Imperio Británico por un estado unitario en la isla, en el que la nación mayoritaria, la cingalesa, ejercía el control absoluto de todas las estructuras de las isla. Esta estrategia británica para seguir controlando la que consideraba la perla de su imperio en el subcontinente indio es una de las causas del posterior conflicto.
El gobierno de Sri Lanka, jugando hábilmente a dos bandas, mantuvo relaciones cordiales con su antigua metrópoli y se hizo un hueco importante dentro del pujante movimiento de los no alineados, ganando prestigio entre países que también salían del colonialismo occidental. A pesar de llamarse aun oficialmente República Socialista de Sri Lanka el gobierno ha desarrollado políticas neoliberales y ajustes estructurales muy duros y ha hecho del budismo la religión del estado. Algunos intelectuales cingaleses aprecian un claro paralelismo entre el sistema político-social y religioso de la isla, y el nacionalcatolicismo de la España de Franco.
Desde la Independencia hasta nuestros días ha habido una política sistemática de eliminación tanto física como cultural del pueblo tamil, unos 3 millones de personas, alrededor del 15% de la población de la isla: represión de la disidencia, negación del idioma y la cultura tamil, destrucción de vestigios culturales, políticas de asentamiento de población cingalesa en las áreas tamiles, ocupación militar, masacres, pogromos, y políticas sistemáticas encaminadas a destruir física, culturalmente y socialmente al pueblo tamil.
Recientemente el Tribunal Permanente de los Pueblos, heredero del Tribunal Russell, realizó dos sesiones acerca del conflicto en Sri Lanka: una en 2010 en Dublin y otra en 2013 en Bremen. Tras un complicado y largo proceso quedo probada la existencia de un genocidio en Sri Lanka contra el pueblo tamil. Consideraba al Estado de Sri Lanka como ejecutor y acusaba de cómplices a los Estados Unidos y al Reino Unido. No hubo pruebas suficientes aun para asegurar la complicidad del Gobierno Indio, a pesar de tener la convicción de ser así.
Con pruebas tan evidentes, sentencias tan claras y declaraciones tan tajantes, defender la no injerencia podría ser considerada desde un punto de vista ético como una forma de complicidad. Los países latinoamericanos con gobiernos progresistas han tenido una postura muy digna y resuelta con otros pueblos que sufren la opresión y la negación de su mera existencia como el pueblo palestino, el kurdo o el saharaui. Denuncian sin ambages las masacres y violaciones de derechos humanos que han sufrido esos pueblos y les han mostrado su solidaridad, no sólo con carácter testimonial, si no apoyándolos diplomáticamente con firmeza en los foros internacionales y enfrentándose a los estados ocupantes y perpetradores de los crímenes. Igualmente han reconocido a esos pueblos, incluso aceptando embajadas y representaciones de sus gobiernos a pesar de no tener un estado propio.
Es incomprensible que en el caso del genocidio tamil la postura sea la opuesta. Mirar a otro lado en la cuestión tamil no es defender la autodeterminación de los pueblos invocando los derechos del estado de Sri Lanka. Es permitir, consentir y apoyar la opresión de un pueblo y la negación de sus derechos individuales y colectivos.
El pueblo tamil y sus víctimas apelan y reclaman a los pueblos y gobiernos de la Patria Grande de Bolivar que no les abandonen. Su única esperanza a corto plazo es impulsar un proceso internacional para el esclarecimiento de lo sucedido en la isla durante el conflicto armado, tras el final de éste y hasta el día de hoy que aun persiste la barbarie. Es urgente e imprescindible detenerla.
Desde la solidaridad internacional invocamos el entendimiento entre los pueblos y hacemos un llamado a los gobiernos latinoamericanos para que se desmarquen del consenso impulsado por Washington y Londres y comiencen a mostrar su solidaridad y a ayudar a las víctimas y al pueblo tamil.
Gontzal Martinez de la Hidalga, Miembro de Komite Internazionalistak del País Vasco, Colaborador con el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el genocidio tamil en Sri Lanka.
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