Un nuevo capítulo de la cuestionada guerra contra el narcotráfico cobra forma en Honduras, donde agentes del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) operan con militares del país centroamericano y violan los derechos humanos de esa nación. Movimientos sociales concuerdan en que cada vez es más evidente la iraquización del territorio y el descalabro de su estado […]
Un nuevo capítulo de la cuestionada guerra contra el narcotráfico cobra forma en Honduras, donde agentes del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) operan con militares del país centroamericano y violan los derechos humanos de esa nación.
Movimientos sociales concuerdan en que cada vez es más evidente la iraquización del territorio y el descalabro de su estado fallido, que sigue sujeto al guión fabricado por el Comando Sur de Estados Unidos. De acuerdo con la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), ello queda evidenciado en el despegue de la criminalidad en el país, que llegó a colocarse en el primer puesto en homicidios (86 por cada 100 mil habitantes) y sirve de escenario al imparable tráfico de armas.
Mas, en este mes de mayo de 2012, nuevos hechos corroboraron las denuncias de las organizaciones civiles y otros entes ciudadanos contra los efectos del reforzamiento de la presencia norteña tras el golpe de Estado, acaecido en junio de 2009.
La portavoz de la DEA, Dawn Dearden, confirmó que agentes estadounidenses estuvieron presentes en la matanza del viernes último en el río Patuca y en otro episodio similar ocurrido también en mayo.
Lo sucedido el día 11, en aguas del Patuca, es un indicador de la violencia a la que es sometido el pueblo miskito por agentes de la DEA junto a los policías hondureños, a juicio de Ofraneh.
En esa ocasión, elementos de ambas fuerzas arremetieron desde un helicóptero con sus ametralladoras contra los ocupantes de un pipante o canoa que transitaba rumbo a la comunidad de Ahuas y acabaron con la vida de cuatro personas, entre ellas dos embarazadas.
Otros cuatro seres humanos tuvieron que ser hospitalizados en la ciudad de La Ceiba debido a lo que, para Ofraneh, es apenas un ejemplo más del fuego cruzado bajo el cual están esas comunidades hace años por los choques entre narcotraficantes y agentes del Estado, con apoyo de la DEA.
Tales acciones militares, además del feudalismo tardío imperante en esa zona del país y la pobreza resultante de este, dejaron hasta ahora más de mil 700 lisiados y una gran cantidad de muertos, según la agrupación.
La aplicación en ese ámbito de técnicas de contrainsurgencia perfeccionadas en las guerras de Afganistán e Irak es criticada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que denunció la represión militar contra las protestas pacíficas de la ciudadanía.
El movimiento, reconocido por su papel protagónico en la lucha contra el golpe de Estado, exigió liberar a los apresados en estas manifestaciones, orientadas a frenar la injerencia extranjera y la de los empresarios madereros en sus territorios.
Al mismo tiempo, denunció que elementos policiales persiguen a miembros del grupo pertenecientes a la comunidad lenca de la Cuchilla, en el Municipio de Ceguaca, departamento de Santa Bárbara.
Alertó, además, que la policía hondureña e industriales madereros agraden a los tolupanes de la comunidad de Lavanderos, en la Montaña de la Flor, por defender estos los bosques de su territorio del saqueo al cual son sometidos de modo permanente.
Todas estas operaciones represivas guardan relación con la supuesta lucha contra el narcotráfico, el desplazamiento de la Cuarta Flota, los componentes sobre militarización y seguridad en los Tratados de Libre Comercio y el Proyecto de Seguridad para Centroamérica, opina Copinh.
Igual, están emparentados con los planes de los organismos financieros internacionales, el golpe de Estado en Honduras y el incremento de tropas, bases y operaciones guerreristas que violentan los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios, añadió.
The New York Times, diario norteamericano, corroboró que Honduras devino el centro de la guerra contra los cárteles de la droga, los cuales utilizan cada vez más sus zonas desprotegidas para transitar con la cocaína desde Suramérica a Estados Unidos.
La DEA mantiene una oficina en ese país y el Departamento de Estado sostiene que trabaja con militares hondureños para detener a los narcotraficantes, porque el 79 por ciento de todos los vuelos de contrabando de cocaína que salen del sur primero aterrizan allí.
Bajo el supuesto de la lucha antinarcóticos, Estados Unidos sostiene en suelo hondureño escuadrones Fleet Air Superiority Training (FAST) y un Equipo de Apoyo Consultivo, encargado de capacitar y trabajar con tropas locales en el hemisferio occidental, informó el sitio www.tiempo.hn
En ese territorio, los militares construyeron este año tres bases de operaciones forward o de avanzada en zonas aisladas, para que los helicópteros aprendan a responder de modo más rápido a las alertas recibidas.
Especialistas de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos, con sede en Washington, alertaron sobre el aumento de las violaciones de los derechos humanos a la par de las acciones de agentes de la DEA con policías y militares en operaciones antidrogas en esta zona.
Según el diario hondureño La Tribuna, el investigador asociado a la institución, George Withers, expresó su preocupación porque Estados Unidos fomente el uso del ejército para el trabajo policial.
Pero pese a las críticas por el uso de Honduras como centro de operaciones militares con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, el gobierno de Porfirio Lobo insiste en que los estadounidenses sólo apoyan logísticamente a sus pares en el tradicional enclave norteño en Centroamérica.
El mandatario desoye a quienes coinciden en enlazar esto a la guerra de baja intensidad y a la implementación del terror, estrategias promovidas en este siglo por Estados Unidos para cimentar su hegemonía y el saqueo de recursos en todo el mundo.