Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens.
Con unas pocas excepciones, la mayor parte de Europa no ha tenido una política exterior independiente durante los últimos 70 años y el Reino Unido es un ejemplo de primera al respecto. Recuerdo haber discutido la política exterior británica con un miembro del Parlamento del Reino Unido hace algunos años y me dijo: «¿Queréis saber lo que va a hacer el Foreign Office? Preguntad al Departamento de Estado de EE.UU.»
El gobierno británico demostró una vez más su primera lealtad al detener, utilizando la Ley contra el Terrorismo de 2000 del Reino Unido, al compañero brasileño de Glenn Greenwald, David Miranda, cuando pasó por el aeropuerto Heathrow de Londres el domingo. Se le interrogó durante el máximo de 9 horas y se le confiscó el portátil, el teléfono celular y otros artefactos de almacenamiento de información digital.
Es evidente que no se sospechaba que Miranda tuviera alguna conexión con el terrorismo. Detener y robar a Miranda con este pretexto no es más legal que haberlo hecho sobre la base de afirmaciones falsas de que transportaba cocaína. La Casa Blanca ha admitido que estaba informada anticipadamente sobre este crimen y por lo tanto podemos presumir que lo había aprobado, si no colaborado activamente.
También es interesante porque el gobierno del Reino Unido había mostrado previamente un perfil público relativamente bajo en el caso Snowden, a pesar del hecho de que este último había filtrado archivos de su propia recolección de inteligencia y no solo de la NSA. Hasta el domingo parecía como si las autoridades británicas hubieran aprendido por lo menos un poco sobre relaciones públicas después de su embarazo internacional del año pasado, cuando amenazaron con invadir la embajada ecuatoriana para capturar a Julian Assange. A pesar de todo, siguen manteniendo atrapado a Assange en la embajada ecuatoriana, ilegalmente, y presumiblemente a pedido de ya sabéis quién.
Ahora el editor de The Guardian, Alan Rusbridger, ha revelado que el gobierno del Reino Unido, a su nivel más alto, ha estado amenazando y acosando de un modo muy serio a su periódico en un intento de silenciar su información.
Al otro lado del espectro de la soberanía nacional están las naciones independientes de Latinoamérica, tres de las cuales han ofrecido oficialmente asilo a Snowden y otras que nunca lo entregarían a EE.UU. si llegara a aterrizar en su territorio (o a pedir asilo en sus embajadas). Estos gobiernos han desempeñado un papel significativo en el caso Snowden y el escándalo de espionaje de la NSA porque han logrado una «segunda independencia» durante los últimos 15 años que les permite tener una política exterior autónoma.
Los principales medios ignoran o, más a menudo, denigran en gran parte el ejercicio de esta nueva independencia como demagogia populista. Pero es fácil ver que desde el punto de vista de Washington el problema es mucho más profundo.
El ministro de exteriores de Brasil, Antonio Patriota, exigió una respuesta del Secretario de Exteriores británico, William Hague, por la detención de David Miranda. La semana pasada durante una conferencia de prensa con el Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, en Brasil Patriota habló de una «sombra de desconfianza» causada por las revelaciones de Snowden y los reportes de Greenwald de que ciudadanos brasileños eran un importante objetivo de vigilancia de la NSA.
Patriota había sido embajador de Brasil en Washington y nadie puede acusarlo de guardar rencor a EE.UU. La semana pasada apeló al gobierno de Obama a que «detenga las prácticas que violan la soberanía».
Anteriormente la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, también había expresado su «indignación» por lo que Bolivia había descrito como el «secuestro» de su presidente, Evo Morales, por parte de los gobiernos europeos que retuvieron su avión el mes pasado sobre la base de falsas afirmaciones de que transportaba a Edward Snowden. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) emitió una enérgica denuncia y la presidenta de Argentina, Cristiana Kirchner afirmó: «Creemos que esto constituye no solo la humillación de una nación hermana sino de toda América del Sur».
Brasil es el principal objetivo de la más reciente ofensiva de encanto de Washington. La presidenta Rousseff planea un visita oficial de Estado en octubre, la primera de un presidente brasileño a EE.UU. en casi dos décadas. En cambio, EE.UU. ni siquiera tiene relaciones a nivel de embajador con Bolivia o Venezuela. Sin embargo, el intento de EE.UU. de mejorar las relaciones con Brasil no va mejor que sus «esfuerzos diplomáticos» con otros gobiernos de izquierdas de la región.
Esto no se debe a que esos gobiernos no quieran mejores relaciones. Todos ellos, incluida Venezuela, tienen importantes relaciones comerciales con EE.UU. y quisieran expandirlas. El problema es que Washington todavía no ha aceptado la segunda independencia de Latinoamérica y espera que sus vecinos del Sur se comporten de la misma manera lamentablemente obediente de los países europeos.
Los altos cargos estadounidenses tampoco entienden todavía que se encuentran ante un equipo: no pueden ser hostiles o agresivos hacia una nación latinoamericana y esperar que las otras les den un gran abrazo. En otras palabras, no hay que esperar mejores relaciones entre Washington y sus vecinos del Sur dentro de poco tiempo.
Desde el punto de vista positivo, a Latinoamérica le ha ido bastante bien durante la última década, desde que sus pueblos han sido suficientemente libres para elegir gobiernos de izquierdas. A continuación estos han dirigido la lucha por la independencia y transformado las relaciones regionales. La pobreza en la región ha bajado de 41,5% a 29,6% desde 2003 a 2009, después de no haber mostrado ninguna mejora significativa en más de 20 años. Los ingresos por persona han aumentado en más de un 2% anual durante la última década, en comparación con solo 0,3% durante los 20 años anteriores, cuando la influencia de Washington sobre la política económica en Latinoamérica era enorme.
Los detractores de los gobiernos de izquierdas atribuyen esas mejoras a un «auge de las materias primas», pero eso es solo una parte de la historia. La región nunca habría visto semejantes mejoras en el empleo y la reducción de la pobreza si el Fondo Monetario Internacional (FMI) hubiera seguido influyendo sus decisiones.
En cuanto a los dirigentes europeos, bueno, no tienen nada que perder fuera de su dignidad nacional, que parece no importarles demasiado. Pero el mundo será un mundo mejor y más seguro cuando algunos países europeos, como la mayor parte de Latinoamérica, declaren su independencia de Washington.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy. Es co-autor, junto a Dean Baker de Social Security: The Phony Crisis . E-mail Mark: [email protected]
Fuente original: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/20/miranda-rights-europe-latin-america/print
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