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Los gobiernos de América Latina deben enfrentar demandas empresariales por miles de millones de dólares

Fuentes: Alainet

En el 2020, los inversionistas extranjeros presentaron en el CIADI del Banco Mundial al menos 55 demandas conocidas exigiendo enormes sumas a los gobiernos, mientras éstos combaten la pandemia del coronavirus.

El fraudulento sistema que protege las «inversiones» transnacionales se propagó mundialmente en 2020 como un virus. Es un marco que funciona paralelamente al sistema de derecho internacional, impulsado por la implementación de unos 3,000 tratados internacionales de inversión y acuerdos comerciales que dan a las empresas el derecho a demandar a los gobiernos por cientos de millones, o incluso miles de millones de dólares por políticas públicas y regulaciones que, según argumentan, reducen el valor de sus inversiones en el extranjero o sus ganancias esperadas.

Este sistema de «solución de controversias inversionista-Estado», mejor conocido como ISDS, por sus siglas en inglés, permite a los inversionistas extranjeros esquivar los tribunales nacionales y presentar demandas directamente a tribunales de arbitraje supranacionales que operan a puerta cerrada.

El presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden criticó este sistema durante la campaña, afirmando: «No pienso que las corporaciones deberían tener acceso a tribunales especiales que no puedan acceder otras organizaciones».

Ahora que acaba de nombrar a la abogada del Comité de Comercio del Congreso Katherine Tai como máxima funcionaria de comercio del país, él debería pedirle que trabaje aceleradamente con otros países para proteger a los gobiernos de la proliferación de casos inversionista-Estado y que empiece a desmantelar este sistema sesgado. Y los gobiernos de América Latina deben trabajar para poner una moratoria a todo pago derivado de estas demandas, e iniciar también un proceso para desmantelar este sistema.

En 2020, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial registró al menos 51 nuevos casos ISDS conocidos. En varios casos, el monto de las demandas son realmente escandalosos. Una empresa de telecomunicaciones de EE.UU. está demandando a México por 2,000 millones de dólares con base en las reglas del TLCAN. Una infame compañía de construcción brasileña está demandando a Perú por más de 1,200 millones de dólares, acudiendo a un tratado bilateral de inversión entre Luxemburgo y Perú. Una empresa portuaria holandesa demanda a Georgia por 1,000 millones de dólares. Y una constructora italiana presentó una demanda contra Panamá por 2,200 millones de dólares. (Ver la