Los diez principales bancos centrales del mundo estaban al corriente de que la CIA espió millones de transferencias bancarias de todo el mundo tras el 11-S en el marco de la «guerra contra el terrorismo» declarada contra Al Qaeda. Las diez grandes entidades bancarias supervisan el funcionamiento de SWIFT -la sociedad que maneja los datos […]
Los diez principales bancos centrales del mundo estaban al corriente de que la CIA espió millones de transferencias bancarias de todo el mundo tras el 11-S en el marco de la «guerra contra el terrorismo» declarada contra Al Qaeda. Las diez grandes entidades bancarias supervisan el funcionamiento de SWIFT -la sociedad que maneja los datos que se cruzan casi 8.000 bancos- y fueron informadas de que el Gobierno estadounidense pidió y obtuvo ingente información sobre movimientos de dinero fuera y dentro de EE UU, según confirmaron ayer a este diario fuentes de SWIFT.
A pesar de que los diez grandes no impidieron la transferencia de información, directivos de SWIFT tuvieron dudas acerca de la legalidad del traspaso y en 2003 llegaron a plantearse cerrar el grifo informativo. En Europa llueve sobre mojado. La implicación de ocho bancos centrales europeos -además del propio Banco Central Europeo (BCE)- en la entrega secreta de información bancaria a Washington supone un nuevo caso de colaboración transatlántica de dudosa legalidad, surgida bajo la conmoción de los atentados del 11-S. Junto a la transferencia de datos bancarios, la presunta complicidad de Estados miembros de la UE en el secuestro y traslado de sospechosos de terrorismo por parte de la CIA a países en los que no se respetan las garantían judiciales. La Comisión Europea no quiso ayer pronunciarse. «Todavía estamos estudiando el papel de la UE en esta cuestión», explicó anoche a este diario el portavoz comunitario, Johanes Laitenberger. La Eurocámara tampoco reaccionó a la información de Washington.
Reacción de SWIFT
«Informamos a los bancos del G-10 de lo que nos había solicitado el Tesoro estadounidense. Ellos estaban al corriente de la transferencia de información», explica Kara Condon, portavoz de SWIFT en Bruselas, la sede central de la cooperativa financiera. Los bancos centrales de Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón, Holanda, Reino Unido, Suecia, la reserva Federal (banco central) de EE UU y el BCE son las diez entidades encargados de supervisar la actividad de SWIFT, y a los que se les comunicó que el presidente de EE UU, George W. Bush, consideraba la información de la cooperativa vital para la lucha antiterrorista. El BCE se negó ayer a hacer ningún comentario sobre su conocimiento sobre la entrega de datos al espionaje estadounidense.
El subgobernador del Banco de España, Gonzalo Gil, se limitó ayer a comentar que recordaba «que en el pasado, hace unos tres años, un organismo estadounidense que no era la Reserva Federal, solicitó información sobre las regulaciones y procedimientos que utilizaba España para detectar las transacciones irregulares», informa Íñigo Barrón. «El objetivo, era saber sobre cuentas vinculadas con el terrorismo», añadió Gil.
Un comunicado emitido ayer por SWIFT asegura que recibieron del Gobierno de EE UU la garantía de que «el paquete restringido de datos», que fabricaron para cumplir con el requerimiento del Tesoro estadounidense, gozaría de «confidencialidad y sería sólo utilizado con fines antiterroristas». «Todas las actuaciones fueron ejecutadas con el asesoramiento legal de EE UU y siguiendo el procedimiento que establece nuestro panel de directores», añade el comunicado. Esta supuesta fluidez en las relaciones con Washington contrasta con la información que publicaba ayer The New York Times, según la cual, en 2003, las dudas sobre la legalidad de las entregas hizo que algunos directivos de SWIFT plantearan poner fin al acuerdo de colaboración con EE UU. Según el diario estadounidense, sólo la intervención de Alan Greenspan, al frente entonces de la Reserva Federal estadounidense, junto con el ofrecimiento de nuevas garantías como la participación de auditoras que controlaran que sólo se analizarían las transmisiones de sospechosos de terrorismo, permitió seguir adelante con la entrega de datos. Desde la sede central de SWIFT, en Bruselas, optan por no pronunciarse sobre esta cuestión.
No es la primera vez que a SWIFT le piden que desvele su valiosísima información. «Cuando alguien nos solicita información lo que hacemos es acudir al banco que ha ordenado la operación y ellos son los que deciden. En este caso sin embargo, fue el Gobierno de EE UU quien lo solicitó», añade Condon. Aduce que el requerimiento administrativo estadounidense les obligó a entregar la información, pero SWIFT es una cooperativa que se rige por la ley belga y que no tendría porqué obedecer a la solicitud de EE UU.