El pueblo en las calles de los principales puntos de Honduras busca poner fin al régimen de Juan Orlando Hernández, que ha mostrado nuevamente su rostro corrupto y violento, con apoyo de los medios de comunicación hegemónicos nacionales e internacionales que intentan invisibilizar la insurrección popular en defensa de sus más elementales derechos, que ya […]
El pueblo en las calles de los principales puntos de Honduras busca poner fin al régimen de Juan Orlando Hernández, que ha mostrado nuevamente su rostro corrupto y violento, con apoyo de los medios de comunicación hegemónicos nacionales e internacionales que intentan invisibilizar la insurrección popular en defensa de sus más elementales derechos, que ya cobró tres vidas y decenas de heridos.
Las muertes se registraron durante la actuación de policías y militares para reprimir los incidentes en los que miles de personas bloquearon calles de Tegucigalpa, la capital.
Tomas de calles y carreteras y algunos conatos de quemas de negocios, es el escenario que se vice. El clima de insurrección resurgió en los hondureños la tarde del miércoles para exigir la salida de Hernández. La lucha social estaba enfocada por la defensa de la Salud y Educación pública. Luego que las Fuerzas Especiales de la Policía declararan que no reprimirían a la población, denunciando violaciones a sus derechos y abusos por parte de sus autoridades, el pueblo hondureño decidió salir a tomar las calles.
Tras una larga reunión en la que mediaba el titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) Roberto Herrera Cáceres, los policías llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Seguridad y se comprometieron a suspender el paro que mantenían desde el martes pasado. El defensor de los derechos humanos recordó que en el conflicto de diciembre de 2017 él desempeñó el papel de garante y el acuerdo no se cumplió: el alto mando policial no atendió en su totalidad las demandas de la tropa, y éstos incumplieron su promesa de no reprimir al pueblo.
Manuel Zelaya, el expresidente derrocado en el golpe de Estado de 2009, dijo que Honduras está atravesando «brotes de insurrección popular en todo el país» y señaló que hoy la salida de las elecciones «no representa nada para nosotros. La única opción que tenemos es la rebelión, amparada en la Constitución». El candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, se dijo listo para tomar lo que considera que por derecho ganó en las elecciones de 2017.
Hay movilizaciones en los 18 departamentos del país el pueblo está en insurreción popular. En Tegucigalpa y San Pedro Sula hay bloqueos de carreteras, quemas de peajes, para derrocar a Juan Orlando Hernández, quien accedió a la presidencia gracia sal fraude en las últimas elecciones.
La crisis centroamericana se ha profundizado, los éxodos de inmigrantes fueron las señales de la sublevación que llegó. Las fuerzas populares se encuentran movilizadas reivindican su derecho a la justicia, reclaman el fin de la opresión simulada como desarrollo. En la propia Policía, los miembros de escala básica y el cuerpo especializado Cobras, se han declaro en paro indefinido y ha dicho no participar más en la represión.
El Comando especializado Cobras se declaró en huelga de fusiles caídos, la noche del martes 18 de junio, sublevándose contra la jerarquía policial de turno. Los sublevados respondieron con gas lacrimógeno y disparos de fusil a la visita del Director General de la Policía. Así mismo se sumaron otras unidades policiales desde sus estaciones ubicadas en distintos puntos de la ciudad capital.
La polarización o división del pueblo hondureño es histórica, y hoy un pueblo sin acceso al trabajo, a la salud, a la educación y ni siquiera al transporte público está en las calles. La crisis no es nueva y ha obligando a decenas de miles de hondureños a migrar hacia el norte en busca de su supervivencia.
El aún presidente Hernández, luego de sostener una reunión con los miembros del Consejo de Defensa y Seguridad y haciendo oído sordos a los reclamos populares, dio a conocer las resoluciones del «alto mando»: respaldo total al proceso de transformación policial y su consolidación (respaldado por EEUU), e instruir el despliegue nacional de FFAA, Policía, Inteligencia y otros órganos «para garantizar la protección de propiedad privada/pública y desde luego la protección de integridad de la población», añadió.
Se vive una real crisis de legitimidad en medio de dos diálogos: uno de Hernández con mandos militars y sectores afines y otro liderado por la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, integrado por los docentes, médicos y personal de la salud, con el respaldo de la mayoría de los hondureños, que exige un sistema sanitario y educativo gratuito y de calidad. La exigencia comenzó para hacerle frente a un proceso privatizador de la salud y la educación, iniciado en los últimos nueve años.
El analista Cristóbal León Campos señaló que en Honduras se extiende el deseo de transformar la realidad, a los maestros y médicos que «desde meses atrás vienen conformando la vanguardia, se le fuman ahora otros grupos de trabajadores como los transportistas y sectores populares para exigir la salida del presidente, Juan Orlando Hernández, acusado de reelegirse mediante un fraude en el 2017 y de ser un claro lacayo del imperialismo estadounidense».
Es en este contexto que la figura de Zelaya, derrocado por un golpe parlamentario orquestado por los Estados Unidos en el 2009 (hace casi diez años), ha reaparecido como una de la voces de protesta. Ese golpe de Estado ha sido interpretado como el principal factor para la crisis que ahora se vive, generando violencia, miseria, éxodos de inmigrantes y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Juan Hernández ha sido salpicado por la corrupción. En junio de 2015, cuando se descubrió el descomunal saqueo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), confesó que su campaña política de 2013 recibió al menos 150 mil dólares de empresas que participaron en el desfalco. Hernández y su entorno familiar habrían drenado al menos 4.500 millones de lempiras (moneda local) de instituciones del Estado mediante la utilización de organizaciones no gubernamentales.
Mientras la crisis se acentúa con el paso de las horas, el gobierno de Hernández no ha reaccionado al respecto. Lo único que se ha observado es el gran despliegue de militares en la Casa Presidencial.
Sixto Martínez. Periodista hondureño, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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