Las tensiones sociales que sacuden a Honduras han involucrado también al magisterio. Miles de maestros han abandonado sus clases y se han reconcentrado en Tegucigalpa, exigiendo a las instituciones abandonar un supuesto plan para revertir las conquistas gremiales logradas en tantos años de lucha, y despejar la situación de grave crisis en que se encuentra […]
Las tensiones sociales que sacuden a Honduras han involucrado también al magisterio. Miles de maestros han abandonado sus clases y se han reconcentrado en Tegucigalpa, exigiendo a las instituciones abandonar un supuesto plan para revertir las conquistas gremiales logradas en tantos años de lucha, y despejar la situación de grave crisis en que se encuentra el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA).
Dos semanas de paro de labores en todo el país, constantes movilizaciones por las calles de la capital y la toma pacífica del INPREMA, no han logrado todavía doblegar la recalcitrante voluntad del gobierno de seguir cerrado ante las principales demandas del magisterio.
Según Edgardo Casaña, presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH) y miembro de la comisión negociadora, durante el golpe de Estado habría desaparecido buena parte de los fondos del INPREMA, dejando la institución al borde de la bancarrota.
«Hemos venido denunciando la desaparición del dinero que fue deducido de los salarios de los maestros y maestras, para pagar nuestros préstamos personales, nuestras casas de habitación y nuestras aportaciones como participantes en el Sistema de Previsión. También desaparecieron las aportaciones del gobierno.
Durante el golpe recaudaron estos fondos y los desviaron hacia otros gastos, como por ejemplo financiar a los cuerpos represivos para reprimir al pueblo, sostener el aparato estatal de facto y a los grupos afines al golpe», denunció Casaña.
El monto es impresionante. Más de 4 mil millones de lempiras (220 millones de dólares) que se esfumaron durante el régimen de Roberto Micheletti y en estos últimos meses. Los maestros exigen que se regrese ese dinero a las arcas del INPREMA.
«Estamos protestando también porque el Congreso está impulsando una Ley General de Educación, que viene a privatizar y a eliminar la tutela del Estado del Sistema Educativo, queriendo trasladar esta función a las municipalidades.
Esto es absurdo -dijo el dirigente magisterial- porque las municipalidades sólo reciben el 5 por ciento del presupuesto del Estado y no tienen capacidad para hacerse cargo de todo lo conlleva el Sistema Educativo».
Con la aprobación de esta ley se afectaría gravemente la estabilidad laboral de decenas de miles de maestros y maestras, y se establecería la educación gratuita hasta los 15 años. Los estudios profesionales, que solamente serán Bachilleratos, serían desviados al sistema de educación no formal.
«Esta medida viene en detrimento de la mano de obra calificada, y se conjuga perfectamente con la medida que quieren adoptar de introducir y legalizar la flexibilización y precarización del trabajo, a través de contratos de trabajo por horas y de media jornada.
Sólo habrá trabajadores de mediana categoría que aceptarán cualquier condición de trabajo y de salario, porque no estarán capacitados profesionalmente. Es un atentado a la educación pública», aseveró Casaña.
El magisterio encontró también elementos de convergencia con la lucha emprendida por las centrales obreras, para lograr un aumento del salario mínimo.
«Nuestro salario está indexado a la Ley del Salario Mínimo, por lo tanto exigimos que el Presidente de la República defina ya el aumento y que no siga atado a las presiones de la oligarquía hondureña.
En este sentido, no aceptamos la medida que pretende impulsar de entregar un Bono en lugar de aumentar el salario, tal como prevé la ley. El Bono es una dadiva, un regalo, una migaja y nosotros exigimos el aumento, porque el magisterio, así como todos los sectores del país, se lo han ganado con sus esfuerzos y su sudor», exigió Casaña.
No hay humo blanco
Las negociaciones entre el sector magisterial y el gobierno aún no han dado los resultados esperados.
«Estamos platicando. Hay muchos puntos en donde hemos logrado establecer una ruta de trabajo, pero no hay acuerdos definitivos. Además de los puntos ya mencionados, estamos hablando de la destitución de varios funcionarios (incluyendo a la del ministro Alejandro Ventura), la despolitización del sistema educativo y el reintegro de los 17 directores departamentales, que fueron injustamente despedidos», explicó el presidente del COPRUMH.
Finalmente, Casaña denunció que el magisterio y los sectores sociales están ante «una estrategia de la oligarquía nacional que apunta a desgastarlos, en cuanto son el pilar fundamental del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Nunca vamos a renunciar a nuestra lucha aún nos toque resistir hasta el último. Vamos hacia la refundación del país y estamos preparados para enfrentarnos a cualquier tipo de represión. No nos vamos a doblegar ante una oligarquía asaltante y ladrona», concluyó.
Fuente: http://nicaraguaymasespanol.