«La alimentación que se daba a los niños era escasa, para que tardasen lo más posible en alcanzar los 22 kilogramos, y tampoco estaban escolarizados ni recibían atención médica». Así describe la vida de los niños-jinete Mohamed Lemine, responsable en Mauritania del programa de protección infantil de Unicef, la agencia de Naciones Unidas dedicada a […]
«La alimentación que se daba a los niños era escasa, para que tardasen lo más posible en alcanzar los 22 kilogramos, y tampoco estaban escolarizados ni recibían atención médica». Así describe la vida de los niños-jinete Mohamed Lemine, responsable en Mauritania del programa de protección infantil de Unicef, la agencia de Naciones Unidas dedicada a la infancia.
Hasta 2005, unos 3.000 niños, según una estimación de Unicef, de entre dos y siete años han sido enviados engañados a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para ser jinetes en las carreras de camellos que fueron prohibidas hace dos años.
Los críos, originarios de Pakistán, Sudán, Bangladesh y Mauritania, emigraban a los Emiratos con el consentimiento de sus familias, a las que intermediarios deshonestos ofrecían un supuesto trabajo de pastor.
«En realidad, su oficio era el de jinete y por eso los padres, gentes paupérrimas, cobraban unos 100 euros al mes mientras que, sospechamos, el intermediario se quedaba con otros 200», señala Lemine.
«Iban atados sobre el camello y su tarea consistía en darle palos y pegar gritos para que corriese más deprisa», prosigue el responsable de Unicef. «Hubo caídas, fracturas y al menos un niño mauritano falleció, pero no sabemos cuántos murieron de otras nacionalidades», añade. «Cuando alcanzaban los 22 kilos, el peso máximo para no lastrar demasiado al camello, se les jubilaba».
Las denuncias de ONG incitaron a las autoridades de los Emiratos a prohibir las carreras. Ahora los críos han sido sustituidos por ligeros robots provistos de una vara y de un altavoz que emite gritos.
Los Emiratos han firmado acuerdos con Unicef y los países de origen de los niños para llevar a cabo su repatriación y reinserción, para lo que están dispuestos a desembolsar unos 11 millones de dólares (ocho millones de euros).
«El programa es generoso y está funcionando y, por ejemplo, una treintena de niños mauritanos han regresado aunque los servicios consulares de Mauritania estiman que unos 300 siguen en el Golfo, pero ya no trabajan como jinetes», asegura Lemine.
Algunas familias no se dan, sin embargo, por satisfechas. Alentadas por Motley Rice, una de las más potentes firmas de abogados de EE UU, han demandado ante un tribunal federal de Florida al emir de Dubai, jeque Mohamad ben Rached Al Maktum, y a varios de sus familiares que poseen grandes fortunas.
«Niños de dos años han sido robados a sus familias, separados de ellas, enviados al extranjero y obligados a vivir en un ambiente coercitivo», afirma Ron Motley, uno de los letrados del prestigioso bufete que evalúa en 10.000 a los críos afectados. «Nuestra intención es castigar a los que perpetran estos crímenes y compensar a las víctimas por su dolor y sufrimiento».
«No se trata de obtener dinero [para el bufete]», recalca John Eubanks, otro de los abogados, desmintiendo así las críticas de que todos ellos lograrán cuantiosos estipendios. El bufete actúa bajo lo que en la abogacía estadounidense se conoce como la Contingency-fee class action y sólo cobrará si gana el caso. Motley Rice se hizo famoso por sus exitosos pleitos contra el amianto y las compañías tabacaleras.
La denuncia ha sido formulada en virtud de la Ley de Agravios a Extranjeros, de 1789, que permite a los tribunales federales escuchar demandas de ciudadanos no estadounidenses que se consideran perjudicados por una violación del derecho internacional o de un tratado suscrito por EE UU.
Ha sido presentada ante un tribunal de Florida porque es en ese Estado y en Kentucky donde el emir y su familia poseen más propiedades en EE UU, empezando por un gigantesco rancho en el sur de la península.
La vista sobre la admisión a trámite de la demanda empezó el pasado lunes en Miami, y la juez Cecilia M. Altonaga formuló una serie de preguntas a los abogados de las víctimas sobre la competencia de un tribunal estadounidense.
«Tenemos sobrados motivos para pensar que el tribunal rechazará la demanda», declaró a la prensa local Habibn Al Mulla, el letrado que defiende al emir. «La justicia de EE UU no debe jugar ningún papel en este asunto, en el que no está implicado ningún ciudadano estadounidense ni tampoco se desarrolló en este país». «Además, ya se está resolviendo por la vía diplomática», concluyó, aludiendo a los acuerdos suscritos por los Emiratos con los países de origen de los niños y Unicef.
El emir escribe a Bush
La demanda formulada en Florida constituye «una interferencia notable en nuestras relaciones bilaterales y podría complicarlas».
El jeque Mohamad, emir de Dubai, uno de los siete países que componen la federación de los Emiratos Árabes Unidos, ha escrito una carta al presidente George Bush para pedirle que interceda en su favor.
Le recuerda además que su país es «un socio clave en la guerra mundial contra el terrorismo». «Nuestra alianza y nuestra amistad están basadas en una confianza y respeto mutuos», recalca.
El Departamento de Estado no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, pero ha pedido al tribunal que aplace una decisión sobre la admisión a trámite de la denuncia hasta dentro de dos meses.
La juez Altonaga no sabe si acatará la petición. «Este asunto no se puede quedar tanto tiempo en el limbo», señaló.
Un informe de 2005 del Departamento de Estado señalaba que en el Golfo «cada año se trafica con niños de hasta dos años de países como Bangladesh, Pakistán o Sudán» y se abusa de ellos «física y sexualmente». Además, «se les obliga a pasar hambre para que no ganen peso».