Traducido por Mar Rodríguez
Los gobiernos y corporaciones ricos han desatado la alarma para los pobres a medida que van comprando los derechos a millones de hectáreas de tierra cultivable en los países en desarrollo en un esfuerzo por garantizar su suministro de alimentos a largo plazo.
El director de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas, Jacques Diouf, ha advertido de que el polémico aumento en contratos sobre tierras podría crear una nueva forma de neocolonialismo en la cual los países pobres producirían alimentos para los ricos a costa de dejar hambrientos a sus propios ciudadanos.
El aumento de los precios de los alimentos ya ha desatado una segunda «lucha por el expolio de África». Esta semana, la empresa surcoreana Daewoo Logistics anunció sus planes de hacerse con un arrendamiento de un millón de hectáreas durante un plazo de 99 años en Madagascar. Su objetivo es cultivar 5 millones de toneladas de maíz al año para 2023 y producir aceite de palma de otro arrendamiento de 120 000 hectáreas más (296 000 acres) utilizando principalmente mano de obra sudafricana. La producción se destinará en su mayor parte para Corea del Sur, que quiere reducir su dependencia de las importaciones.
«Estos acuerdos pueden ser, a un nivel, empresas puramente comerciales, pero detrás de ello se encuentra con frecuencia un imperativo de seguridad alimentaria apoyado por un gobierno», explicó Carl Atkin, asesor de Bidwells Agribusiness, una empresa con sede en Cambridge que está contribuyendo a la firma de algunos de los grandes contratos internacionales sobre las tierras.
El gobierno de Madagascar afirma que debería realizarse un estudio sobre el impacto medioambiental antes de la aprobación del acuerdo con Daewoo, pero considera bienvenida la inversión. El enorme arrendamiento es el mayor hasta el momento en un número cada vez mayor de acuerdos sobre terrenos que se han venido firmando desde el aumento de los precios de los alimentos a finales del año pasado.
«Es un hecho sin precedentes en el contexto de ventas de terrenos cultivables», afirma Atkin. «Estamos acostumbrados a ventas de hasta 100 000 hectáreas; esto multiplica en más de diez veces esa cantidad».
En una cumbre sobre seguridad alimentaria celebrada en Roma se había acordado canalizar más inversiones y ayuda al desarrollo para los agricultores africanos para ayudarles a responder al aumento de los precios mediante el aumento de la producción, pero los gobiernos y grandes empresas en algunos países ricos en efectivo pero pobres en terreno, la mayoría de ellos del Oriente Próximo y Medio, han optado por no esperar la respuesta de los mercados mundiales y están intentando garantizar su propio acceso a los alimentos a largo plazo mediante la compra de terrenos en países más pobres.
Según algunos diplomáticos, el grupo saudi Binladin Group prevé invertir en Indonesia para cultivar arroz basmati, mientras que decenas de miles de hectáreas de Paquistán se han vendido a algunos inversores de Abu Dhabi.
Los inversores árabes, que incluyen el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo, también han comprado intereses directos en la agricultura del Sudán. El presidente de los EAU, Khalifa bin Zayed, ha afirmado que su país estaba considerando proyectos agrícolas a gran escala en Kajastán para garantizar un suministro de alimentos estable.
Incluso China, que cuenta con abundante terreno pero que comienza a tener escasez de agua por su vertiginosa búsqueda de la industrialización, ha comenzado a explorar los acuerdos sobre terrenos en el suroeste asiático. Entre tanto, Laos ha firmado su aceptación de deshacerse de entre 2 a 3 millones de hectáreas, aproximadamente el 15 % de sus terrenos cultivables viables. Libia se ha hecho con 250 000 hectáreas de tierra cultivable en Ucrania y se cree que Egipto está intentando obtener unas cifras similares. Kuwait y Qatar han estado buscando la firma de contratos para hacerse con franjas de terreno de la mejor calidad de los arrozales camboyanos.
En general, los ansiosos compradores han recibido una buena acogida de los vendedores en los gobiernos de los países en desarrollo, que están desesperados por hacerse con algo de capital en esta recesión. El ministro de reforma agrícola de Madagascar afirmó que los ingresos se dedicarían a mejorar las infraestructuras y a desarrollar las zonas que pueden inundarse fácilmente.
Sudán intenta atraer inversores para casi 900 000 hectáreas de terreno y el primer ministro etíope, Meles Zenawi, ha estado intentando atraer a posibles inversores de Arabia Saudí.
«Sería bueno si fuera una negociación entre iguales. Podría aportar inversiones, estabilidad de precios y previsibilidad al mercado», explicó Duncan Green, director de investigación de Oxfam. «El problema es que esta lucha por los terrenos no deja espacio alguno para los pequeños agricultores».
Alex Evans, del Centre on International Cooperation, de la New York University, explicó: «Los pequeños agricultores ya han comenzado a sufrir las consecuencias. Es muy probable que las personas sin títulos de propiedad válidos se vean expulsadas de sus tierras».
Los datos sobre los acuerdos sobre terrenos se han mantenido en secreto, por lo que se desconoce si incluyen salvaguardas para la población local.
Steve Wiggins, experto en desarrollo rural del Overseas Development Institute, afirma: «Hay muy poca economía de escala en la mayoría de la labor agrícola por encima del nivel de una granja familiar, porque resulta extremadamente difícil gestionar el trabajo». Los inversores también pueden enfrentarse a la hostilidad. «Si fuera un asesor sobre riesgo político para los [inversores], diría que están corriendo un gran riesgo. La tierra es un tema extremadamente delicado. Podría resultar en una auténtica catástrofe si no se aprenden las lecciones de la historia».
Enlace al original: http://www.guardian.co.uk/