Recomiendo:
4

El movimiento CODECA denuncia centenares de ataques contra defensores y líderes comunitarios

“Los pueblos indígenas de Guatemala vivimos sin Estado y sin derechos”

Fuentes: Rebelión [Imagen: CODECA]

Centenares de manifestantes se concentraron el 10 de julio en Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala para pedir la dimisión del presidente de la República, el derechista Alejandro Giammattei, del partido Vamos; denunciar la corrupción, la pobreza y la gestión deficiente de la pandemia (falta de vacunas).

En la protesta se reivindicó justicia por el asesinato del defensor de derechos humanos, Frank Stalyn Ramazzini, y otras tres personas, ocurrido la noche anterior en la capital. Frank Ramazzini era periodista, miembro de la Asociación Fiscalizadora Pro Justicia y Derechos Humanos (AFIJUD) y en las redes sociales había denunciado amenazas y ser víctima de dos atentados, en 2015 y 2018.

El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) es una de las organizaciones de la resistencia popular. Condenó el homicidio del comunicador crítico con el Gobierno y exigió la renuncia de Giammattei. “Los pueblos indígenas decimos que en Guatemala vivimos sin Estado y sin derechos, el sistema de justicia está manipulado para castigar a los pueblos; y los gobiernos responden a los intereses del poder económico”, afirma la integrante de la dirección política de CODECA, Leiria Vay (entre los empresarios más ricos de Centroamérica figuran, según la la lista Forbes de 2020, algunos de Guatemala: Mario López Estrada, de Tigo Telecomunicaciones; Carlos Enrique Mata y Luis Miguel Castillo, de CBC bebidas; o Luis Von Ahn, de Duolingo idiomas).

En el programa Nuestro Norte es el Sur, que realiza el comité de solidaridad CEDSALA-País Valenciano en Radio Klara, Leiria Vay recuerda los señalamientos públicos contra la organización campesina por parte de los expresidentes Otto Pérez Molina, en 2014; y Jimmy Morales, en 2018.

La criminalización  y la represión continúan. El pasado 11 de abril fue asesinado en su vivienda de la comunidad Saxico (municipio de Santa María Xalapán, departamento de Jalapa) el defensor del territorio Emilio Aguilar Jiménez, miembro de CODECA desde 2015. Asimismo fueron víctimas de homicidios Misael López, presidente del Comité Local de CODECA en Caserío Paraje (Jalapa), en agosto de 2020; y los también miembros de la organización campesina Fidel López, líder comunitario en el municipio de Morales (Izabal), en junio del mismo año; y Dominga Ramos Saloj en la comunidad Las Delicias (municipio de Santo Domingo, Suchitepéquez), en Marzo de 2020.

El informe Represión contra CODECA. La peligrosa vocación de ejercer y defender derechos en Guatemala (octubre 2019) detalla la estadística de agresiones contra miembros del Comité, aunque a menudo no son denunciadas. Reportan, entre 1992 y septiembre de 2019, un total de 32 asesinatos; 549 personas afectadas por golpizas; 3.322 por procesos penales contra dirigentes; 504 por encarcelamientos; y 1.829 en relación con ataques a grupos y comunidades. Todos los ataques continúan en la impunidad, concluye el documento.

Un año destacado fue 2012, cuando CODECA empieza a priorizar los “cambios estructurales” y la lucha por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para la construcción de un Estado Plurinacional del Buen Vivir. Precisamente a partir de 2012, detalla el informe, se produce un “recrudecimiento de la violencia” contra miembros de la organización. “Ellos ven nuestra lucha como un riesgo para su poder, que mantienen como mecanismo para la explotación de los pueblos”, remarca Leiria Vay en Radio Klara.

La activista, indígena maya k’iche’, está acogida al Programa Vasco de Protección Temporal a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, gestionado por CEAR Euskadi. En julio ha realizado una gira por el País Valenciano, organizada por CEDSALA y la ONG Mundubat. Durante la estancia, participó en un conversatorio convocado por València Defensa en la sede de Intersindical Valenciana, sobre Vulneración a los derechos humanos en Guatemala, Sahara y Colombia.

El movimiento CODECA se constituyó en 1992 en el ámbito rural y con el tiempo se extendió a los sectores urbanos. Fueron 17 los fundadores. Se trataba de indígenas mayas y campesinado, analfabetos, que comenzaron luchando por los derechos a la tierra y laborales en el campo. A partir de 2008 la organización se implicó en la resistencia contra los abusos en el suministro de la energía eléctrica y exigieron su renacionalización; en esta lucha comunitaria la organización fue criminalizada.

Tras el giro para priorizar la construcción del Estado Plurinacional, CODECA desarrolló una campaña en 2013 para denunciar que las multinacionales reconcentraban la propiedad de la tierra para promover los monocultivos. Uno de los hitos se produjo en 2018, cuando, junto a otras organizaciones, constituyeron el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), cuyo objetivo es el Estado Plurinacional para el Buen Vivir en Guatemala. En las elecciones presidenciales de 2019 el MLP alcanzó el 10,3% de los votos (456.000 sufragios), de la mano de la candidata indígena Thelma Cabrera. CODECA contaba, en octubre de 2019, con más de 100.000 familias asociadas.

Leiria Vay explica que en la época del conflicto armado (1960-1996), “el ejército masacraba comunidades completas; cuando se firmaron los Acuerdos de Paz a mitad de los años 90, la situación cambió en alguna medida. Ya no se producen estas masacres, pero la gente se está muriendo de hambre. Lo que llegó a los pueblos es el afianzamiento del sistema neoliberal. Con el discurso del desarrollo nos han traído los proyectos extractivos a las comunidades, mayor saqueo, sobreexplotación laboral y represión a los pueblos cuando se organizan”.

El documento de la CEPAL El desafío social en tiempos del COVID-19 (mayo 2020) apunta una proyección de la población en estado de pobreza en Guatemala del 50,5% en 2020; y del 21,4% en situación de pobreza extrema. En enero de 2020 la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, señalaba que la pobreza en el país centroamericano afectaba al 59% de la población, “el 70% perteneciente a zonas rurales”. El informe Panorama social en América Latina (CEPAL, 2020) destaca asimismo que siete de cada 10 personas indígenas en Guatemala residen en municipios considerados de vulnerabilidad “alta” o “crítica” (datos de 2018).

Sobre la cuestión agraria, la investigación de la ONG Setem-Cataluña Acaparamiento de tierras en Guatemala (junio 2020) subraya las desigualdades; así, cerca de la mitad de los productores agrícolas del país poseen el 3,2% de las tierras cultivables, mientras que las grandes fincas -1,8% de los productores- concentran el 56,5% de las tierras de cultivo.

Actualmente, añade Setem, “los acuerdos de libre comercio de Guatemala –individualmente y a través del Mercado Común Centroamericano-, especialmente con Estados Unidos y Europa, generan las condiciones legales idóneas para que las multinacionales y los grupos de inversión agroalimentarios sigan ampliando el acaparamiento de tierras y legitimando el expolio de los recursos naturales por parte de las empresas de monocultivo”.

CODECA denunció el pasado 1 de julio que personal de la compañía Energuate, que distribuye energía eléctrica en 297 municipios y 20 departamentos de Guatemala, llegaron, acompañados por patrullas policiales, a la comunidad El Camaron (municipio de San Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa), “para cortar cables de energía con la finalidad de dejar a toda la población sin ese servicio eléctrico”; ante la resistencia popular, añadía el comunicado, “la policía atacó con arma de fuego a las personas de la comunidad”, con el resultado de tres personas gravemente heridas. Los comunitarios continúan exigiendo la renacionalización de la energía eléctrica.

La Ley de Recuperación de Bienes y Servicios Privatizados fue, precisamente, uno de los puntos que CODECA reivindicó en la movilización del 18 de febrero en Ciudad de Guatemala, en la que también pidieron la dimisión del presidente Giammattei y la Fiscal General, Consuelo Porras; la “depuración del Congreso” y la Convocatoria de una Asamblea Constituyente Plurinacional.

4