El 67,8% de los votantes suizos dieron ayer el «sí» al endurecimiento de la legislación de extranjería y asilo impulsados por la derecha, según los datos oficiales publicados por el Gobierno. Los 26 cantones apoyaron la nuevas normas. El país votó también una Ley sobre los Extranjeros, que obtuvo el «sí» del 68% de los […]
El 67,8% de los votantes suizos dieron ayer el «sí» al endurecimiento de la legislación de extranjería y asilo impulsados por la derecha, según los datos oficiales publicados por el Gobierno. Los 26 cantones apoyaron la nuevas normas. El país votó también una Ley sobre los Extranjeros, que obtuvo el «sí» del 68% de los votantes.
La Ley de Asilo ratificada ayer endurece los criterios necesarios para otorgar la condición de asilado, ya que el Gobierno asegura que muchos inmigrantes utilizan esta vía para conseguir el permiso de residencia. Por su parte, la Ley Federal sobre los Extranjeros pretende frenar la entrada de inmigrantes no europeos y sin estudios en el país.
«Tomamos nota y lamentamos el resultado del referéndum», afirmó un portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), William Spindler. Este organismo internacional con sede en Ginebra criticó el nuevo texto legal, uno de los más estrictos de Europa, y destacó que su aplicación llega en un momento en que la tasa de nuevos asilados en Suiza es la más baja en veinte años.
Muchos refugiados políticos y víctimas de la guerra «no tendrán opción de conseguir su documentación» en las 48 horas que exige la nueva Ley de Asilo, explicó Spindler. «Existen casos históricos de Gobiernos que se deshacen de los documentos acreditativos de los perseguidos y esa realidad no ha cambiado en la actualidad», añadió.
Entre los aspectos más polémicos de la Ley de Asilo está la posibilidad de encarcelar durante dos años a aquellos que rechacen su repatriación, a pesar de no ser acusados ni condenados por ningún delito. También prevé la supresión de las ayudas sociales para los ilegales, que sólo recibirán una ayuda de emergencia, o la expulsión inmediata de criminales o extremistas.
Por su parte, la Ley Federal sobre los Extranjeros afectará a los ciudadanos que provengan de países que no pertenezcan a la Unión Europea o a la Asociación Europea del Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés), que reúne a Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega, y que no sean solicitantes de asilo. Su principal aportación es el endurecimiento de las penas para delitos cometidos por inmigrantes y la persecución de las mafias de tráfico de seres humanos, de los trabajadores ilegales y de los matrimonios de conveniencia.
«Esta ley lamentablemente no combate el abuso y crea otros problemas adicionales, sobre todo en las ciudades, en donde se obliga a la criminalidad, a la ilegalidad», afirmó la vicepresidenta del Partido Socialista Suizo (PSS), Ursula Wyss, en declaraciones a Swissinfo. «Encerrar en la cárcel a alguien sólo porque no tiene el pasaporte consigo es absurdo y, además, desde el punto de vista económico, resultaría enormemente caro», explicó Wyss.
«Evitará los abusos»
Por su parte, los partidarios del «sí» contaron con el respaldo de los partidos de la derecha suiza, con la ultraderechista Unión Democrática de Centro (UDC), que lidera Christophe Blocher, a la cabeza. En su campaña abogaron por un «sí a la reducción de las vías de recurso», un «sí a la limitación de la inmigración», un «sí a la lucha contra los abusos contra nuestro sistema social» y un «sí a la expulsión de los sin papeles».
«Esta revisión de la Ley de Asilo evitará los abusos que hasta ahora se han presentado», valoró el presidente de la UDC y diputado por Zúrich, Ueli Maurer.
Una ley «segregacionista» y «arbitraria»
GINEBRA
El referéndum fue promovido por los partidos de izquierda y diversas organizaciones sociales y no gubernamentales que reunieron las 50.000 firmas necesarias. Según los partidarios del «no», la exigencia de un pasaporte válido impide a un refugiado obtener el asilo. Además, unas 7.000 personas, incluidos mujeres y niños, se verán privados de las ayudas sociales y podrán ser recluidos en centros de acogida.
También rechazaron la discriminación de los no europeos, estableciendo así una diferencia entre extranjeros de primera
y segunda clase y la intención de expulsar a los indocumentados, a pesar de que se hayan integrado en la sociedad suiza y dispongan de un trabajo. Los partidarios del «no» calificaron la nueva normativa de «segregacionista» y «arbitraria».
«Domingo negro»
Por su parte, Amnistía Internacional calificó la jornada electoral de «domingo negro para el derecho al asilo en Suiza», y señaló que esto ocurre justamente cuando el número de demandas de asilo es el más bajo de los últimos 20 años.
Ambas leyes entrarían en vigor el 1 de enero de 2008, pero algunos aspectos como las medidas de presión para promover las repatriaciones podrían aplicarse desde inicios de 2007.