Peligra que se apague la histórica chimenea de la refinería de la planta de combustibles de la estatal petrolera ANCAP, en el barrio obrero montevideano de La Teja. La primera y única vez que apagó su llama había sido en 1973 en protesta contra el golpe de Estado.
El gobierno tensa las relaciones con los sindicatos y los mismos responden con medidas combativas. Los conflictos se elevan cuando la Corte Electoral confirma la fecha del referendo (27 de marzo) contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). A pesar de las adversidades y en pandemia, otra vez el pueblo uruguayo dio vuelta la taba.
De hecho, las casi 800 mil firmas logradas en la movilización popular (en un país de poco más de tres millones de habitantes) en julio ya tuvo consecuencias palpables, como la decisión dl gobierno de postergar gran parte de su agenda, e incluso dejar de aplicar el procedimiento previsto en artículos impugnados de la LUC para fijar precios de los combustibles, que habría determinado sucesivos aumentos mensuales.
Gana terreno la noción de que el referéndum será una expresión de apoyo o de rechazo a todo lo que el gobierno nacional se propuso hacer. El problema, nada menor (para ambas partes), es que luego del 27 de marzo quedarán casi tres años antes de las elecciones de 2024, y carece de sentido pensar que, en ese largo período, el oficialismo debe tener carta blanca o abandonar todos sus planes, advierte el analista Marcelo Pereira.
La llama y la chispa
El presidente de los trabajadores petroleros (Fancap), Gerardo Rodríguez, señaló que “ante la denuncia unilateral por parte de ANCAP del convenio colectivo donde queda sin efecto la obligación de Fancap de brindar guardia gremial ante paros sindicales, se acuerda una parada excepcional para la refinería de La Teja”.
Añadió que, en el uso del derecho a huelga y en un día histórico (7 de diciembre), “resuelve por primera vez en la historia en democracia, que la refinería de La Teja para junto a todas las áreas de ANCAP en defensa del portland y la decisión popular de los referéndums 1992 y 2003”.
Estas fechas a las que alude Gerardo Rodríguez son emblemáticas y significativas. La primera en la década de los 90, cuando el padre del actual presidente pretendió liquidar las empresas públicas. Luego en el 2003, con el gobierno colorado del difunto neoliberal Jorge Batlle se pretendió, luego de la crisis del 2002, liquidar ANCAP. En ambas ocasiones el pueblo ajustició con miles de votos en las urnas al proyecto privatizador.
La secretaria general del sindicato, Natalia Belo, calificó la medida gremial como excepcional, ya que desde 1973 no se había vuelto a concretar la suspensión de las actividades de la refinería. Belo cuestionó que las autoridades digan que se trata de una medida “irreflexiva” por parte del sindicato, cuando era “tan sencillo como mantener el principio de ultractividad, es decir, que se mantuviera el convenio anterior durante la negociación de un nuevo convenio”.
“Pretenden deshacerse del negocio, de la soberanía, eliminar un montón de puestos de trabajo y ceder la riqueza de la piedra caliza a privados. Lamentablemente, no se está poniendo arriba de la mesa; el pueblo ya decidió en 2003 que quería Ancap estatal y pública”, expresó.
Luis Lacalle Pou, finalmente dio un discurso en la cena de fin de año de la Cámara Española de Comercio, que tuvo lugar en el Club de Golf del Uruguay. “Tienen derecho de parar, nosotros de avanzar. Aunque el statu quo quiera seguir teniendo un lugar en su empresa pública que da pérdida, vamos a seguir adelante porque lo comprometimos”, dijo el presidente. A su vez el Directorio de Ancap dispuso “que gerencia inicie trámites para importar combustible”
A esto se suma la liberalización de importaciones en los aeropuertos, donde antes la empresa estatal tenía el monopolio. Además de la concesión directa entregada a privados de seis aeropuertos del interior y la extensión del Aeropuerto de Carrasco y Laguna del Sauce a Puerta del Sur, filial uruguaya del grupo Corporación América Airports del empresario argentino Eduardo Eurnekian.
Sigamos con la lista: entrega del puerto a una multinacional belga hasta 2081, la frontera entregada a Brasil en medio de la pandemia solo para consumo en la frontera con el Chuy y Rivera; la extranjerización de la tierra y las concesiones a pastera finalandesa UPM. Fronteras, puerto, aeropuertos, tierra a remate. ¿Qué más queda?
Bueno, una posible respuesta es la de medrar y debilitar al movimiento sindical y popular para que no frene ni luche contra las medidas entreguistas de este gobierno. Pero hay noticias para Lacalle Pou…
Extra, extra
En la misma semana el Frente Amplio le envió la fuerte señal al gobierno de que se está recuperando de manera vigorosa con sus elecciones internas, alcanzando 130.000 votantes en elecciones no obligatorias. Sumado a esto, la Corte Electoral informó que el 27 de marzo será el referendo contra la LUC.
Este miércoles se validaron las 671.544 firmas necesarias para habilitar la votación. En rueda de prensa, el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, informó que se imprimirán papeletas rosadas para el Sí (a favor de derogar 135 artículos de la LUC) y celestes para No (en contra de derogar los artículos).
Parece 1973
Este jueves 9 de diciembre se realizó una marcha desde la Suprema Corte de Justicia hacia el Palacio Legislativo en contra del proyecto de ley presentado por la formación política de extrema derecha Cabildo Abierto, que pretende otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años. Lo que parece un simple proyecto de ley, en realidad tiene nombre y apellido.
Este proyecto influye directamente a los presos vip de la cárcel de Domingo Arena donde el 90% son condenados por delitos de lesa humanidad durante al dictadura (1973-1985), que la mayoría obviamente supera los 65 años. La medida no aplicaría para casos de violación y homicidio agravado así como tampoco para delitos de lesa humanidad a partir de 2006. Una verdadera infamia.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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