México: la batalla de los renegados

¿Cómo llegamos a la situación prevaleciente a varias semanas de realizados unos comicios que, según las previsiones de los voceros oficiales, transcurrirían sin el menor sobresalto? Los portavoces del régimen, los jilgueros de los grandes medios, así como los jefes de los organismos empresariales y eclesiásticos, buscaron convencer a los mexicanos de que no había nada qué temer, puesto que disponíamos de instituciones fuertes, honradas y democráticas (un Instituto Federal Electoral imparcial y eficaz, sin interferencias del poder ejecutivo, ajustado a la ley) y un electorado listo para participar con entusiasmo en la votación. Después del 2 de julio pasado, puede afirmarse que sólo los ciudadanos que ejercieron su voto estuvieron a la altura de tales expectativas. Los demás fallaron miserablemente. De hecho puede decirse que tanto IFE y la presidencia de la república, como las organizaciones empresariales y confesionales, con sus acciones (u omisiones) echaron a perder lo comicios, lo que mantiene al país en vilo. Como veremos, no es que de repente comenzaron a comportarse de manera desaseada, sino que de tiempo atrás estaban viciando el proceso con sus conductas sectarias y antidemocráticas.

El embrollo electoral

Lo que tenemos es un resultado incierto. De acuerdo con el último cómputo, que no el definitivo, los candidatos punteros están separados apenas por 58 décimas de un punto porcentual. La Coalición por el Bien de Todos, que postuló a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha hecho impugnaciones de tal magnitud que podrían revertir el resultado. Una masa gigantesca ha salido a la calle a defender la voluntad popular y organizar la resistencia, inmediatamente calificada por el presidente Fox de «renegados». El que el presidente de un país llame así a millones de ciudadanos que no hacen sino ejercer el derecho a la impugnación que les reconoce la propia carta magna, nos da la medida de la degradación política a que han llegado las más altas autoridades en su afán de imponer a un candidato e impedir el triunfo de otro.

Mientras, estamos ante un verdadero enredo de cifras que ha dado lugar a múltiples interpretaciones. Propongo, para clarificar mínimamente la cuestión, que distingamos los diversos niveles de «datos» de que hoy disponemos.

En primer lugar, tenemos a la votación misma, las boletas marcadas que fueron depositadas en las respectivas urnas. Podemos llamarlo el nivel ontológico de votación. Allí están los votos, como la palpitación viva de la voluntad de los ciudadanos.

En segundo lugar, superpuesto al nivel anterior y como su síntesis numérica, disponemos de las actas de cómputo. Este es el nivel que podemos llamar interpretativo, en donde las fallas de cómputo, inadvertidas o dolosas, entran en juego. A partir de que se configura el acta, el paquete que contiene los votos se transforma en una especie de «caja negra». Los votos dejan de ser el «dato duro» inmediato, y las actas ocupan su lugar. En una elección normal, las actas deben coincidir con los votos realmente existentes. El primer problema radica en que no sabemos a ciencia cierta si los números que figuran en las actas reflejan exactamente los votos en todos los casos. Hay indicios serios de que en un buen número de casos no es así.

Cuando menos, los casos en los que podemos estar seguros de que no es así son: a) los sobres con las boletas, unos pocos abiertos y contados de nuevo durante el cómputo distrital, que evidenciaron que en un número relevante de ellos había discrepancia entre votos y números asentados en las actas; b) las actas en que la suma de los votos excede el número nominal de votantes de la casilla correspondiente (una imposibilidad metafísica: no debería haber más votos que votantes registrados); c) las actas en que se registra un número mayor de boletas emitidas que el número de boletas asignado a la casilla (otra imposibilidad absoluta: no puede haber más boletas que las disponibles en la casilla). En todos estos casos, votos reales y actas no coinciden. ¿Errores involuntarios, sin mala fe? Es posible, aunque poco probable, debido a que su número es enorme y, sobre todo, a la sospechosa inclinación partidaria de esos errores. Por lo que hace al número, según diversos ejercicios realizados, con base en la propia información del IFE, las actas detectadas con errores suman 72,197; considerando el total de casillas (130, 788), esto indicaría que más de la mitad de las actas presentan errores diversos. Hasta ahora, la experiencia (los recuentos y la comparación entre actas y «sábanas») muestra que tales errores tienen una curiosa inclinación a perjudicar a AMLO. En suma, pues, el segundo nivel (el de las actas) no coincide con el primero (el de los votos) en una proporción que fácilmente podría modificar el resultado inicial.

Finalmente, interviene un tercer nivel, el de los cómputos del IFE. A este podemos denominarlo el nivel virtual, que parece sostener una vasta maniobra de manipulación de las percepciones, particularmente de la apreciación de los ciudadanos sobre los resultados de los comicios. El papel de los medios en este plano es fundamental, pues habría sido imposible el manoseo mediático del proceso electoral en su conjunto y de los cómputos realizados por el IFE en particular, sin la participación de aquéllos en el montaje de un espectáculo insólito (henchido de un calculado suspenso) que mostró paso a paso el «triunfo» del candidato de la derecha, Felipe Calderón. El propósito era convencer a la opinión pública de que los comicios habían sido «limpios» y el conteo «incuestionable» («pudimos verlo con nuestro propios ojos»). Por tanto, toda controversia sobre el resultado sería una aberración (que se estrellaría contra la evidencia de la imagen y el audio, ofrecida por esa maquinaria creadora de «realidad» que es, especialmente, la televisión); toda impugnación, asimismo, podría calificarse como un desprecio hacia los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casillas (que «contaron los votos»), un intento de ponerse por encima de la «voluntad popular» y de las reglas «democráticas», e incluso como una incitación a la «violencia» obviamente contraria a la ley y a la paz. Como esta construcción de percepciones (particularmente la que proclamaba: «Calderón ya ganó; los demás candidatos deben reconocerlo inmediatamente«) se basaba en los cómputos y la transmisión electrónica de datos realizados por el IFE (en especial: el los conteos preliminar y distrital), la negativa de AMLO y la Coalición a aceptar sin más los resultados divulgados era, también, un «ataque» a las instituciones electorales («que con tanto trabajo hemos construido»).

El hecho es que, a poco de realizar los primeros análisis de los datos del conteo preliminar (PREP), se encontró que los números registrados por el IFE de una buena cantidad de casillas no coincidían con los registrados en las llamadas «sábanas» de las casillas respectivas (y el mayor número de las discrepancias perjudicaba a la Coalición), sin contar los registros múltiples (en ocasiones hasta cinco veces) de una misma casilla, etcétera. Por tanto, los datos del PREP no coincidían con las «sábanas» de las casillas, y hacia abajo los datos de las actas de las casillas no siempre parecían coincidir con los votos depositados en las urnas… Un desastre. Por su parte, el cómputo distrital, adolecía de problemas similares, sin que se tratara aquí de solventar las inconsistencias y despejar las dudas abriendo los paquetes con las boletas, a lo que las autoridades del IFE se opusieron con pasión.

Así pues, tenemos, por una parte, las incoherencias del PREP. Las extrañas curvas de este conteo electrónico son ya algo para la historia. La información -que muestra el comportamiento atípico, y a veces estrambótico, de las curvas que trazó el conteo del IFE- es abundante y, al parecer, muy sólida. La presunción de que operó un algoritmo para conducir el cómputo permite explicar el raro despliegue, como reflejada en un espejo, de la curva correspondiente a los votos para AMLO con respecto a la de Felipe Calderón. Si esto es así, los artífices del presunto fraude recurrieron a sofisticadas herramientas tecnológicas. Pero dejaron rastros. En casos anteriores, como el de la operación de los videoescándalos y el desafuero, montados contra AMLO, se demostró que los ejecutores encargados no eran precisamente muy hábiles para ocultar las huellas de su actuación. [1] En todo caso, no contaron con un actor inesperado: el de los científicos (especialmente de la UNAM) que rápidamente intervendrían en el develamiento de la extraña danza cibernética. [2] A lo anterior, hay que agregar el insólito caso de las actas de casillas «inconsistentes», ocultadas a la opinión pública en un momento crucial (más de 2 millones quinientos mil votos: extrañamente aquí AMLO tiene ventaja, pero no es la tendencia de las demás, lo que parece una transgresión de otra ley: la ley de los grandes números). Y el remate: primero la aparición en la pantalla, con segundos de diferencia, del presidente del IFE Luis Carlos Ugalde y el presidente Fox (en un mensaje pregrabado), la noche del 2 de julio, con el mismo mensaje, que evidenciaba un acuerdo entre autoridades que ponía en tela de juicio su recíproca autonomía; y después, la declaratoria de un «ganador» por el mismo Ugalde a partir del cómputo distrital, ignorando la ley y con la aparente intención de alimentar el «hecho consumado» de la victoria de Calderón. Con esto habría sido suficiente para hacer añicos la credibilidad del IFE.

Por otra parte, la negativa a abrir los paquetes durante el conteo distrital, aunque en la mayoría de los casos en que esto fue reclamado era aconsejable hacerlo atendiendo a la ley y el sentido común, no hizo sino reforzar la sospecha de que la imparcialidad estaba ausente en el talante de los funcionarios del IFE. Sobre todo cuando, al abrir una pequeña fracción de los paquetes en cuestión, se encontraron -en una proporción relevante- disparidades entre los votos y las actas, a favor de AMLO. Para consumar, se observa el mismo proceso extraño en el cómputo electrónico del IFE de los datos procedentes del conteo distrital (otra vez el algoritmo): curvas «imposibles» en un proceso aleatorio (sólo dable si derivan de un programa que define linealmente cierto resultado). Así, pues, tampoco parecen coincidir en un rango confiable los datos de los conteos electrónicos distritales del IFE con los votos.

Estas discrepancias por sí mismas sustentarían razonablemente la necesidad de volver contar los votos (voto por voto, casilla por casilla). En una circunstancia como la descrita, el único camino para despejar las dudas (como se ha hecho en casos similares en otros países: Costa Rica, Alemania, Italia) es volverse hacia la ontología del voto, virar en redondo y contar de nuevo, para así definir un ganador. El argumento de que los votos «ya fueron contados por ciudadanos» es ridículo. Como es obvio, se pide un recuento porque hay la presunción fundada de posibles errores de diversa naturaleza. Y siendo la diferencia tan estrecha -casi etérea- es perfectamente racional, y además sensato, salir de la duda. La ley, además, avala la solicitud e indica el procedimiento; a saber, contar nuevamente, hasta que se alcance ese punto luminoso de la regla democrática: la certeza.

En medio de la actual oscuridad, se vislumbra una luz en el túnel. Me refiero al ofrecimiento de AMLO, hecho en estos términos: si se realiza el recuento total de los votos -una de las opciones que puede escoger la última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-, asume el compromiso de aceptar el resultado, concluyendo allí toda convocatoria a la movilización social. En términos políticos, este posicionamiento adquiere una enorme importancia, puesto que la crisis actual atañe no sólo a lo jurídico-legal, sino también a lo político-social. Es pueril el supuesto de que estamos ante un conflicto en el que sólo deban jugar las consideraciones jurídicas. La propuesta de AMLO contiene un gesto de civilidad que debe valorarse muy positivamente, ya que implica que la Coalición está dispuesta a dar por buenos los votos supuesto a ser recontados, aunque existen amplias evidencias de que éstos fueron macerados en un caldo pestilente de manipulaciones, presiones y deformaciones mediante una gran operación previa que, en buena lid, debería ser considerado parte consustancial de un fraude maquinado que envenenó desde el principio el proceso electoral. Sin embargo, este compromiso asumido por la Coalición no obliga al tribunal, que de todos modos podría tomar en cuenta estos hechos, previos a la votación del 2 de julio, para invalidar la elección.

Las contorciones de una institución «libre de toda sospecha»

Para evaluar el comportamiento del Consejo General del IFE no debe olvidarse el antecedente de su conformación en octubre de 2003. Sólo recordaré que diversos analistas en su momento calificaron muy negativamente la manera facciosa (un acuerdo PRI-PAN) como fueron seleccionados sus miembros. No debe sorprender demasiado el desenlace. Se adelantó entonces que esto podía ser fuente de graves problemas para el país, incluyendo el montaje de una elección de Estado, como estamos comprobando. [3] No es exagerado afirmar que el comportamiento del IFE, sobre todo durante la campaña electoral y las semanas posteriores al 2 de julio, se ha visto enturbiado por la parcialidad y la falta de transparencia; un desempeño, en suma, a menudo alejado de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad . Mencionemos sumariamente algunos hechos:

a) Su actitud ante la guerra sucia del PAN contra el candidato de la Coalición (v. gr., el spot de AMLO como «un peligro para México»). Esta campaña sólo se suspende cuando lo ordena el TEPJF; y nada se hace cuando el PAN vuelve a presentar la misma propaganda bajo otras formas.

b) Actitud ante la guerra de Fox contra AMLO y sus actuaciones descaradamente en favor del candidato del PAN. Esta hostilidad sistemática y escandalosa -en el doble sentido de indecente y estridente- contra el candidato de la centroizquierda, usando recursos públicos (1700 millones de pesos invertidos en la campaña presidencial sólo durante la campaña electoral) ensució los comicios. El IFE no fue capaz de imponer un alto a tal desenfreno del ejecutivo. En adición, tampoco hizo nada efectivo frente a la campaña de Fox, abusando de la investidura presidencial, con sus declaraciones a la prensa y sus discursos casi diarios contra AMLO.

c) Actitud ante la campaña de los organismos empresariales y seudo organizaciones civiles en los medios. Hasta el último momento, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial transmitió miles de spots contra AMLO (los suspendieron voluntariamente el día previo a la conclusión de la campaña). El IFE no detuvo esta acción abiertamente violatoria de la ley (sólo los partidos pueden contratar propaganda electoral). Tampoco hizo nada contra las acciones ilegales o inconvenientes de inducción del voto, por parte del clero y los empresarios.

d) Uso impune y descarado de los programas sociales del gobierno con fines electorales. Unas semanas atrás, el vocero presidencial aseguró que el hecho de que AMLO ganara en las zonas beneficiadas por esos programas, demostraba que no se habían usado con fines electorales. No es así: demuestra que, pese a que se usaron abusivamente, aún así le fue imposible ganar al candidato oficial. Pero tomando en cuenta el resultado electoral global, allí puede encontrarse buena parte de los votos (obtenidos por el PAN por medios ilegales e inmorales) que explican la «diferencia» entre Calderón y AMLO. Lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, «el 44 por ciento de los beneficiados por el Seguro Popular votaron por el PAN y sólo 26 por ciento por el PRD», según lo recuerda Lorenzo Meyer. [4] . Esta población fue sin duda manipulada, presionada, configurando un abuso incalificable de gente humilde y necesitada. Por lo que se ve, una parte importante de esos ciudadanos terminó votando por el candidato oficial. Pero ni aún así el PAN logró el triunfo en las zonas en que habita dicha población.

e) Violación de la ley al abrir paquetes electorales en los distritos, por funcionarios distritales y representantes del PAN (en ausencia de representantes de la Coalición por el Bien de Todos), sin la autorización del TEPJF (el único que legalmente podía ordenarlo). La «suspensión» de la apertura de paquetes unos días después, para no despertar malos entendidos, según dijo el vocero del IFE, pero alegando que no se había violado la ley (¿si es lo que ordena la ley, por qué suspender algo que la norma dispone?) evidenció cinismo o, de plano, tontería. Para completar el grotesco comportamiento del grupo colocado por el PRI y el PAN en el Consejo general del IFE, recordemos el hecho de que, en medio de la crisis, dicho consejo se reúne, con carácter de «urgente», no para analizar la grave situación creada por sus acciones, sino para otorgarse un bono, es decir, para auto premiarse (cada consejero recibió unos 400 mil pesos extras).

f) Finalmente, en los días posteriores a la elección, los altos funcionarios del IFE se han comportado, no como «árbitros», sino como parte interesada en el conflicto postelectoral, asumiendo prácticamente la defensa de las posiciones panistas y combatiendo abiertamente las impugnaciones de la Coalición.

Los escenarios posibles en el Tribunal

Nadie pone en duda que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la última palabra para dirimir el contencioso electoral. Pero como hemos adelantado, el tribunal no evaluará el caso y tomará su decisión en un vacío sociopolítico. Al tribunal electoral se contraponen, y compiten con él, varios «tribunales» de facto. Particularmente dos muy poderosos. El tribunal mediático, que dicta sentencias casi a diario: locutores y hasta payasos convertidos conductores de noticieros, luego transmutados en analistas y editorialistas infalibles y finalmente autoinvestidos como fiscales y jueces. Me parece advertir que este «tribunal» pierde autoridad y fuerza a última fechas; a sus «jueces» los veos y oigo preocupados y confundidos, sin ese gesto de certidumbre absoluta que a menudo es característico de los que se saben poderosos y tienen todas las de ganar. Quizás por eso se han vuelto más agresivos. El otro es el tribunal presidencial. Apenas el 25 de julio, el vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, dio a conocer dos «sentencias». La primera establece -mientras millones de personas desfilan por las calles- que la Presidencia de la república »no ve dónde hay un conflicto» postelectoral; agregando que la mayoría de los mexicanos considera que las elecciones fueron »transparentes y democráticas». Un peligroso autismo. La segunda sentencia es espectacular: en relación con »esa idea que anda flotando por ahí» sobre la posible anulación de las elecciones presidenciales y la designación un presidente interino, el vocero dicta: es »absolutamente absurda, no está dada ninguna condición para poder pensar en eso y quien lo suponga así no conoce la realidad de este país».

Pese a ello, los mexicanos que al menos conocen la realidad constitucional del país, esperan que el TEPJF tome sus resoluciones en el marco de las opciones que la carta magna le faculta (sin atender a los mencionados «tribunales de facto»). Y dentro de ese marco, el tribunal puede:

1) Declarar que las impugnaciones no son legalmente atendibles, reconocer el cómputo distrital y declarar ganador a Felipe Calderón. Es una opción posible, pero a mi juicio poco probable, dada la magnitud de las irregularidades registradas en las impugnaciones, un buen número de ellas comprobables. A mi juicio, es la peor de las salidas: mantendría el conflicto y aún lo agravaría.

2) Ordenar la realización de un nuevo conteo de los votos. Este puede ser parcial o total. Un conteo parcial (a menos que incluya un número muy considerable de casillas), seguramente mantendrá la inconformidad de alguna de las partes y el conflicto político continuará su curso. El camino óptimo para despejar las dudas y fincar la certeza es el recuento total de los votos. Si éste se realiza, habrá un ganador y se abrirán las avenidas para superar el actual conflicto.

3) Anular las elecciones, con la «venia» del vocero presidencial, lo que conduciría a un complicado proceso para designar presidente provisional y convocar a nuevas elecciones. No descarto esta opción, aunque la veo menos probable que la anterior. Tendría el efecto de desarticular los resortes del actual conflicto y prolongaría la lucha medular por la presidencia de la república.

Cualquiera que sea el desenlace de este impasse, desde ahora se está conformando una convicción en los sectores populares: no puede haber democracia en el país con las actuales reglas electorales, con el poder casi ilimitado de que disponen los medios (particularmente el duopolio televisivo), con la ingerencia cada vez mayor del clero en la cosa pública y con todo el andamiaje socioeconómico para favorecer a una minoría cada vez más insensible. Se requieren reformas drásticas que transformen a fondo el Estado -prácticamente refundarlo-, y cambios socioeconómicos en serio. Armada de este buen sentido, la masa de renegados está tejiendo su resistencia contra la imposición. Saben que si no logran detener el fraude, pasarán muchos años antes de que se les presente otra oportunidad y, mientras tanto, el sistema de privilegios se puede ahondar hasta un punto difícil de revertir.

La izquierda y el proceso electoral

Contra ciertas previsiones apresuradas, las elecciones están expresando las líneas de quiebre de las tensiones socioeconómicas, culturales y políticas acumuladas en el país. La ironía es que, a despecho del menosprecio que ciertos grupos políticos manifestaron hacia las elecciones, a la que opusieron «la lucha de clases» como el verdadero campo de combate de la izquierda, la resistencia popular contra el fraude (y contra el bloque de intereses que lo impulsa) se está convirtiendo en la línea maestra de la lucha de clases en México, como pocas veces se ha visto, lo que puede conducir a situaciones sociopolíticas inéditas en las últimas décadas.

Creo que hubo una subestimación -en primer lugar por parte de ciertos segmentos de la llamada izquierda «radical»- sobre el potencial político de los sufragios, y una palpable falta de previsión sobre las posibilidades de que se llegara a un escenario de conflictividad social como el que hoy vemos configurarse. Es de justicia indicar que no todos las expresiones de la izquierda cobijadas en la perspectiva anticapitalista adoptaron estos enfoques principistas y simplones sobre los comicios. Pero el segmento ultraizquierdista de la izquierda anticapitalista (que por diversas vías favoreció el abstencionismo efectivo y el rechazo sin matices de las fuerzas contendientes) tiene mucho que reflexionar y, quizás, enmendar.