El próximo 28 de junio se cumple un año del golpe de Estado en Honduras, cuando los militares sacaron al presidente Manuel Zelaya de la cama, lo depositaron en San José, en piyama, y pusieron en el cargo a Roberto Micheletti. Durante cinco meses el pueblo hondureño intentó, sin éxito, restablecer el Estado de derecho […]
El próximo 28 de junio se cumple un año del golpe de Estado en Honduras, cuando los militares sacaron al presidente Manuel Zelaya de la cama, lo depositaron en San José, en piyama, y pusieron en el cargo a Roberto Micheletti. Durante cinco meses el pueblo hondureño intentó, sin éxito, restablecer el Estado de derecho en el país, y crear así las condiciones para celebrar las elecciones presidenciales previstas para el 29 de noviembre. Como sabemos, eso no fue posible, y las elecciones se celebraron con los golpistas en el poder y sin que se hubiese podido realizar una campaña electoral. El resultado fue que votaron apenas 2,3 millones de los poco más de 4,6 millones de inscritos, un 49% de los electores, según las cifras del Tribunal Supremo de Elecciones.
«Cuando se hicieron las elecciones, el 29 de noviembre, andaban en carros ofreciendo 100 ó 200 lempiras (de cinco a 10 dólares), para que fueran a votar. Querían justificar que la gente había concurrido a las urnas. Al no lograrlo, inflaron los resultados», afirma Jorge Miralda, escritor, representante de la Unión de Escritores y Artistas de Honduras en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que hoy agrupa a los sectores opuestos al golpe militar del año pasado.
«Las irregularidades nos llevaron a no reconocer el régimen de Pepe Lobo, el ganador de esos comicios, que consideramos una continuidad del golpe de Estado», agrega Miralda en una entrevista concedida, esta semana, en San José.
El FNRP está en campaña para recolectar 1,5 millones de firmas, exigiendo la convocatoria de una asamblea constituyente en Honduras. Rechazan la «Comisión de la Verdad» promovida por el Gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA) para aclarar las circunstancias del golpe, por considerar que no da garantías de imparcialidad. Y afirman que mientras los responsables del golpe «no paguen su deuda política con el pueblo de Honduras, no habrá reconciliación».
¿Cómo caracterizan ustedes la situación política en Honduras, en estos cuatro meses de gobierno de Lobo?
Estamos viendo una situación de ingobernabilidad en el país. El régimen de Pepe Lobo lo que anda buscando es que lo reconozcan, para que lleguen las ayudas que necesita para poder pagar la deuda política contraída con los golpistas.
¿Para qué están urgidos de que vengan esos fondos? No es para gastarlos en educación, en medicina, es para invertir en la compra de materiales para construcción a los mismos empresarios golpistas.
Las organizaciones sociales están siendo reprimidas. Miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia mantuvieron una huelga de hambre. Unos ocho jueces fueron despedidos por haber participado en las marchas contra el golpe de Estado, mientras que los que participaron en las marchas a favor del golpe continúan trabajando.
Algo similar sucede con el Sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Los maestros, directores departamentales de educación, fueron despedidos por haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado. En seis meses, a los maestros les robaron 3.600 millones de lempiras del servicio social del magisterio. Si el Gobierno no repone ese dinero, en tres años la institución ya no tendrá recursos.
La otra huelga de hambre es la del Movimiento Unificado de los Campesinos del Aguán, en la región norte del país. Están luchando contra los intereses de Adolfo Facussé, un terrateniente que tiene acaparadas muchas tierras allá. Algunas cooperativas se sumaron a la huelga de hambre.
Las persecuciones contra los dirigentes del Frente son constantes: son vigilados, amenazados, secuestrados, como una forma de intimidar a la resistencia.
Hasta ahora no se ha aprobado el salario mínimo, que debía haberse aprobado a fines de mayo. Lobo ha dicho a los empresarios y trabajadores que se pongan de acuerdo y los trabajadores están demandando al estado de Honduras por incumplimiento d sus obligaciones.
El expresidentes Zelaya había aumentado un 62% salario mínimo, subiéndolo a 5.500 lempiras (290 dólares). Hay algunos empresarios que lo pagan y otros que no lo pagan. Fue una de las causas del golpe contra Zelaya.
Porfirio Lobo lleva ya más de cuatro meses en la presidencia. ¿Qué ha hecho durante este período el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)?
El Frente Nacional de Resistencia Popular no pierde sus objetivos. En todo este tiempo se ha ido organizando en barrios, caseríos, ciudades. Se manifiesta en las calles, de forma organizada, pero, sobre todo, buscando la unidad. Si no hay unidad iremos al fracaso.
El Frente es abierto, muy pluralista, con la participación de distintas organizaciones sociales, de izquierda, de derecha, gente con pensamiento distinto. Pero todos amalgamados dentro de la misma organización.
Los golpistas justificaron su acción alegando que Zelaya quería instalar una ‘cuarta urna’ para consultar sobre su eventual reelección, pero en realidad no era sino una consulta sobre la convocatoria de una asamblea constituyente.
Nosotros hemos retomado esa bandera y exigimos una nueva constituyente, democrática, incluyente y participativa.
Hoy en Honduras se movilización miles de personas, recolectando firmas en apoyo a la Declaración Soberana. Ya hemos conseguido más de 500.000 firmas, de gente que está pidiendo una nueva constitución, y vamos a recoger 1,5 millones de firmas. Creemos que dentro de mes de julio ya vamos a tener la meta que nos habíamos propuesto.
Hablamos de una constituyente participativa, incluyente. La misma empresa privada tiene que participar, pero ya no será como antes. Hoy los empresarios son como un rastrillo: ‘todo para acá’. Con la constituyente ya no sería así, todos los sectores sociales del país participarían.
Nosotros no somos un grupo que anda en la calle protestando, la exigencia es llegar al poder. Sólo así vamos a hacer las transformaciones que benefician a la comunidad.
Eso no es una utopía, no hablamos por hablar. Nunca en la historia de Honduras se había visto un movimiento social tan grande, tan arrollador, con miles de personas manifestándose en las calles, todos los días.
Finalmente, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la semana pasada, en Lima, crear una comisión de alto nivel para analizar la situación en Honduras. ¿Ustedes apoyan esa comisión?
-¿Qué justicia va a haber en una Comisión de la Verdad integrada por sectores golpistas? Esa Comisión lo que va a arrojar es una verdad golpista.
El Frente sabe que esa Comisión no es de verdad, está encaminada a blanquear el golpe de Estado, a decir que todo va por buen camino, que se va a buscar a algunos culpables, que se van a respetar los derechos humanos.
Ante eso el Frente Nacional de Resistencia ha dicho que va a instituir una comisión ‘de verdad’ a la que se ha invitado a personalidades como la Premio Nobel guatemalteca Rigoberta Menchú y a varios intelectuales del país.
No podemos dejarnos envolver por lo que los golpistas tratan de presentar, a nivel internacional, como una situación de normalización democrática. Eso no es así. El Frente es bien claro en su planteamiento: no habrá reconciliación si no meten presos a los responsables del golpe y de la represión.
Mientras no paguen su deuda política con el pueblo de Honduras, no habrá reconciliación.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
rCR