El fenómeno de los migrantes de retorno es nuevamente un tema de enorme importancia, porque la cifra de deportados desde Estados Unidos está alcanzando números no vistos en décadas anteriores: un millón 70 mil indocumentados, y podría rebasar los 2 millones al finalizar 2013. Al comparar los deportados de la administración de George W. Bush, […]
El fenómeno de los migrantes de retorno es nuevamente un tema de enorme importancia, porque la cifra de deportados desde Estados Unidos está alcanzando números no vistos en décadas anteriores: un millón 70 mil indocumentados, y podría rebasar los 2 millones al finalizar 2013. Al comparar los deportados de la administración de George W. Bush, un millón 57 deportados, el presidente Obama duplicará esa cifra. Parece incomprensible que el actual presidente diga que apoya la reforma migratoria al tiempo que deporta a los trabajadores en esas cantidades y no por ser criminales, como a veces pretende justificarse. Se trata de expulsiones que violan los más elementales derechos humanos y cuyas repercusiones para estos trabajadores y sus familias son realmente inadmisibles en un país que se considera adalid de la democracia
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En una colaboración anterior señalaba que esta estrategia respondía a una política del presidente Barack Obama para buscar su relección y con ello restar virulencia a la parte más ultraconservadora de la sociedad estadunidense. Sin embargo, logró relegirse y las deportaciones siguen, lo que demuestra una enorme debilidad política.
Los dramas para esos deportados se suceden sin parar. Por un lado encontramos a los padres y madres separados de sus familias y los hijos nacidos en Estados Unidos se quedan a veces con algún vecino o familiar, o bien bajo custodia de los departamentos de protección a la infancia de Estados Unidos y, aún peor, pueden ser dados en adopción, sin que los padres conozcan siquiera con qué familias quedaron. (La Jornada, 2/12/13).
Por otro lado, están los llamados dreamers, jóvenes que llegaron muy pequeños a Estados Unidos, algunos de los cuales decidieron regresar a México en forma voluntaria, cansados de tener la espada de Damocles de la deportación sobre sus cabezas y con la esperanza de completar sus estudios universitarios; otros han sido deportados sin haber cometido ningún delito. La consecuencia para todos ellos ha sido muy triste, pues sus sueños de adaptarse al país parecen inalcanzables. Por un lado, enormes dificultades para continuar sus estudios en distintas universidades. Se les exige una copia traducida y certificada de sus estudios elaborada por un notario público de Estados Unidos, documento nada sencillo de obtener, pues se tramita desde otro país y no puede dejarse de lado que todos ellos fueron indocumentados. Además los costos son muy elevados. Habría que añadir la diferencia en relación con las equivalencias educativas, así como el hecho de que muchas habilidades no les son reconocidas en las escuelas. Y ahora, aquellos que volvieron voluntariamente se sienten tremendamente descorazonados, ya que no podrán beneficiarse de la suspensión temporal de deportaciones que ofreció Barack Obama, pues regresaron antes de este anuncio (Univisión). Al analizar la situación del ciclo escolar, según las cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), en todo el país se registraron un millón 92 mil solicitudes de nuevo ingreso a la educación superior y sólo se matriculó a 532 mil alumnos de nuevo ingreso. Lo cual indica que si este es el escenario para los jóvenes que se encuentran en el país, no es el marco más favorable para los dreamers.
Además encontramos un conjunto de trabajadores que, por supuesto, requieren incorporarse productivamente para poder sobrevivir, sobre todo si consideramos que estamos hablando de una población de retorno muy joven, pues se encuentra entre 18 y 34 años (BBVA). También enfrenta graves dificultades si tomamos en cuenta que el mercado laboral está sumamente deteriorado, pues el sector informal presenta un alto grado de participación respecto del total de la población ocupada, representando para 2013 entre 58 y 60 por ciento de la población ocupada (Inegi).
El estudio del BBVA señala que la mayoría de los retornados se encontraba trabajando principalmente en el sector agropecuario y 35 por ciento declaró percibir un salario mínimo. Habría que recordar que el campo mexicano a partir del TLCAN ha sufrido una tremenda caída productiva. Por un lado, el monto de subsidios que otorga a los productores agropecuarios, de acuerdo con la OCDE es 10 veces menor que lo que otorga su más importante socio comercial, Estados Unidos. Esto implica una competencia desigual en la que México se encuentra desfavorecido, que se refleja en una balanza comercial agropecuaria negativa, de acuerdo con cifras del Banco de México. ¡Qué ironía! Los campesinos mexicanos emigraron a Estados Unidos a consecuencia de la instrumentación del TLCAN y ahora regresan al mismo sector que los expulsó, pero bajo condiciones más desfavorables, sobre todo al considerar la intensificación de la violencia del crimen organizado.
¿Qué hace el Estado mexicano ante tal tragedia humana? Realmente nada. Lo que ofrece es una economía en declive, un mercado laboral deprimido y salarios permanentemente a la baja, a pesar de las reformas estructurales que supuestamente debían haber transformado esas condiciones. Esto indica que a la clase política mexicana no le importa ningún tipo de trabajador, ni de aquí ni de los que regresan.
Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2013/12/10/opinion/022a1pol