Del 7 al 12 de mayo, representantes de organizaciones internacionales de América Latina, Estados Unidos y Europa , entre ellas la Rel-UITA, integrarán una misión internacional de observación sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, en particular en la zona del Bajo Aguán, sacudida en los últimos años por un […]
Del 7 al 12 de mayo, representantes de organizaciones internacionales de América Latina, Estados Unidos y Europa , entre ellas la Rel-UITA, integrarán una misión internacional de observación sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, en particular en la zona del Bajo Aguán, sacudida en los últimos años por un violento conflicto agrario, originado por la expansión incontrolada del monocultivo de palma africana.
«Organizar una misión en la coyuntura actual no ha sido fácil, sin embargo era importante que activistas, catedráticos, defensores y periodistas llegaran al país y constataran directamente la realidad dramática que estamos viviendo», dijo a La Rel, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
«Consideramos que la situación en el Bajo Aguán no ha cambiado mucho, y que el nivel de represión contra las familias y organizaciones campesinas ha venido intensificándose en los últimos años», agregó la defensora de derechos humanos.
Malabarismos del Estado
«En el Bajo Aguán nada ha cambiado»
Después del golpe de Estado cívico-militar que en 2009 derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, miles de familias campesinas sufrieron los embates de la represión desatada por terratenientes y productores de palma africana, en medio de una creciente militarización del territorio y criminalización de la protesta social.
Decenas de campesinos y defensores de derechos humanos fueron brutalmente asesinados. Su única culpa fue haber contribuido a acompañar un proceso de recuperación de tierra, con el que se pretendía garantizar a miles de familias campesinas el derecho de acceso a la tierra y a una vida digna.
Autores materiales e intelectuales de los crímenes siguen gozando de total impunidad.
«El Estado ha querido vender la idea de que ha habido avances y que la situación de vulnerabilidad de defensores ha mejorado. Nosotros sabemos que no es así y nos preocupa el velo de silencio que ha caído sobre el Bajo Aguán», señaló Oliva.
La coordinadora del Cofadeh, organización promotora de la misión internacional, dijo también que actualmente en la zona se reporta una mayor hostilidad selectiva a defensores y defensoras de derechos humanos.
«La misión nos va a ayudar a leer la realidad actual y a dimensionar la complejidad del contexto específico que, lamentablemente, se está expandiendo a todo el territorio nacional», indicó Oliva.
¡Berta vive! Encuentro con la familia
Antes de viajar a la zona del Aguán, la misión se reunió en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, con la familia de la dirigente indígena lenca y luchadora social Berta Cáceres, vilmente asesinada el pasado 2 de marzo.
– VEA galería de imágenes
Hasta el momento han sido detenidas cinco personas vinculadas con el asesinato. Durante la audiencia preliminar, la jueza dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva para cuatro de los acusados. El quinto será presentado próximamente ante el juez.
Uno de los procesados es Sergio Rodríguez, gerente social y ambiental de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), impulsora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Otros dos son militares. Uno de ellos, Douglas Geovanny Bustillo, es teniente retirado del ejército y subjefe de seguridad de DESA, mientras que Mariano Díaz Chávez es mayor de las Fuerzas Especiales de las FFAA e instructor de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Esta situación parece avalar la hipótesis, sostenida con fuerza por la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del involucramiento directo de DESA y del Estado en el asesinato de la defensora de derechos humanos.
Tanto la familia como el Copinh siguen insistiendo en la necesidad del cierre inmediato y definitivo del proyecto hidroeléctrico, y de instalar una comisión internacional de investigación independiente e imparcial.
Durante años, las comunidades Lenca de Río Blanco organizadas en el Copinh han luchado con fuerza contra el proyecto Agua Zarca. Por esta lucha, Berta Cáceres fue galardonada con el Premio Goldman 2015.
Además, piden con fuerza que se investiguen y castiguen a los mandantes intelectuales que planearon y financiaron el crimen. Sólo así -dicen- se puede romper el ciclo de violencia e impunidad que tiene a Honduras hundida entre las naciones más violentas en el mundo.
«Los miembros de la misión pudieron reunirse y solidarizarse con la familia de Berta, analizando además qué acciones se pueden emprender a nivel internacional para contribuir a mantener la presión y romper el ciclo de impunidad imperante en el país», indicó la coordinadora del Cofadeh.
«Berta Cáceres es el parto de la lucha social y antimperialista en este país y en el mundo. La agenda de Berta sigue vigente y hay que seguir dándole continuidad», dijo Carlos H. Reyes, amigo histórico de la familia de Berta, en representación tanto del Stibys como de la Rel-UITA.
Derechos humanos por el suelo Un
¡Basta Ya! urgente y necesario
Durante los últimos meses, organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su profunda preocupación ante la escalada de violaciones a los derechos humanos, y los repetidos ataques a defensores y defensoras en Honduras.
La defensa de los territorios y los bienes comunes de la naturaleza se ha vuelto motivo de agresiones cada vez más brutales.
«Los ataques son directos y enfocados a figuras emblemáticas de la defensa de los derechos humanos. El asesinato de Berta es un claro ejemplo de ello, y el atentado contra el periodista Félix Molina nos confirma lo que ya se ha convertido en algo más que una simple sensación», dijo la coordinadora del Cofadeh.
En este sentido, la misión desarrollará una tarea sumamente importante. Además de constatar in situ la situación de derechos humanos, presentará un informe de hallazgos y recomendaciones al Estado de Honduras.
«Es importante que la misión pueda analizar, intercambiar y debatir en público tanto los hallazgos como las recomendaciones. Además, apostamos a que se puedan coordinar acciones a nivel regional, haciendo un frente común para prevenir los ataques», aseveró Oliva.
La defensora de derechos humanos valoró como muy importante la presencia de la Rel-UITA.
«Hemos aprendido a valorar el trabajo de la Rel-UITA, así como su rigurosidad y objetividad tanto en el análisis como en lo que escribe y difunde a nivel internacional. Su acompañamiento en esta misión es importante», concluyó Berta Oliva.
Fuente: Rel-UITA
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.