El pasado 25 de marzo, una delegación de la Misión Internacional que del 24 de febrero al 4 de marzo 2011 investigó la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán, Honduras, entregó al relator para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, el informe preliminar en el que se […]
El pasado 25 de marzo, una delegación de la Misión Internacional que del 24 de febrero al 4 de marzo 2011 investigó la situación de los derechos humanos en el Bajo Aguán, Honduras, entregó al relator para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, el informe preliminar en el que se detallan los principales hallazgos de la misión y las recomendaciones hechas al Estado de Honduras y a la comunidad internacional.
Durante la reunión, la delegación evidenció la grave situación de violación a los derechos humanos y la impunidad que reina en esta zona de Honduras, así como la criminalización sistemática de la lucha de las organizaciones campesinas.
La abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, consideró que esta reunión permitió a la Misión no solamente hacer entrega del informe y presentar la difícil realidad de la zona, sino también «intercambiar opiniones acerca de algunas posibles acciones».
Según Aguiluz, la CIDH tiene que monitorear muy de cerca la situación de desprotección e indefensión de la población campesina y «hacerle un llamado de atención al Estado hondureño, solicitándole informaciones sobre lo que está haciendo para prevenir las violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguán y para proteger a las personas», explicó la abogada.
En el informe preliminar, que consta de 48 páginas, se evidencia la severa crisis de derechos humanos que afecta a esta región de Honduras, cuyos elementos principales son el asesinato de 23 campesinos, un periodista y su pareja, así como la inoperancia de los órganos encargados de impartir justicia. Además, las múltiples violaciones del derecho a la integridad de la persona, y casos de secuestro y tortura, lesiones múltiples y abusos sexuales.
El informe hace énfasis también en los sistemáticos desalojos forzosos que son violatorios del derecho a la alimentación, vivienda, salud, de los asentamientos campesinos; que violentan flagrantemente los estándares establecidos en el derecho internacional y el debido proceso.
Finalmente, enfoca el reiterado incumplimiento de los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas y de las disposiciones legales en materia agraria, así como del clima de preocupante estigmatización y criminalización de la lucha agraria.
La delegación de la Misión Internacional presente en Washington logró también posicionar el tema del Bajo Aguán durante la Audiencia Pública de la CIDH sobre Honduras (26/3), presentando los principales hallazgos reflejados en el informe preliminar, y señalando la «profunda preocupación de las organizaciones internacionales y nacionales que integraron la Misión ante la grave situación que se vive en esta zona».
En esta ocasión, fue evidente la falta total de argumentos de la delegación del Estado hondureño presente en la audiencia. «Fue claro que no quieren hablar de un tema que saben perfectamente que no pueden justificar. El Bajo Aguán es uno de los problemas más serios que tiene Honduras, y el Estado no supo que decir y incurrió en repetidas contradicciones a lo largo de toda la audiencia, tratando de justificar lo injustificables», aseveró Marcia Aguiluz.
A partir de hoy (28/3), el informe preliminar puede ser consultado o descargado en las páginas web de las organizaciones que integraron la Misión.
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