La campaña electoral y el triunfo de Lugo han dado un nuevo impulso a los movimientos, que ven más cerca la realización de sus demandas. Sin embargo, la composición del Gobierno y del Congreso no invita al entusiasmo.
La llegada al poder de Fernando Lugo ha despertado las esperanzas de cambio en un país (ver DIAGONAL nº 75) en el que la pobreza alcanza a la mitad de la población, en el que el acceso a la sanidad y a la educación, lejos de ser un derecho, es un privilegio de una minoría ; con un porcentaje de desempleo cercano al 11% y donde la concentración de la propiedad de la tierra (el 80% está en manos del 2,5% de la población) provoca el traslado de 90.000 personas por año del campo a la ciudad. Éxodo que se suma a la migración al exterior, estimada en 440.251 personas en el año 2007, el 10% con destino al Estado español. La candidatura de Lugo, la Alianza Patriótica para el Cambio, al igual que en el triunfo electoral del actual presidente brasileño Lula en 2003, ha sido consecuencia de una extraña coalición electoral donde compartían cartel partidos de la derecha más clásica como el Partido Liberal Radical (PLR), sectores de la izquierda urbana del Partido del Movimiento al Socialismo (P-MAS), representantes de los campesinos del Tekojoja o partidos de centro como País Solidario, de Rafael Filizzola. El deseo de expulsar del poder a un partido, el Colorado, que se había mantenido en el poder absoluto durante seis décadas era el pegamento que unía esta disparidad ideológica.
De tal candidatura, tal Gobierno
El Gobierno de Lugo está formado por una amalgama que representa a todo este espectro de partidos, con un especial peso para el Partido Liberal: en las elecciones al Senado y al Congreso, que se realizaron simultáneamente a las presidenciales, este partido ha sido el segundo en representación, por detrás del omnipresente Partido Colorado. Los liberales, el eterno partido de la oposición, ocupan ministerios con abultado presupuesto: Hacienda, Industria y Comercio, Obras públicas y Comunicaciones, y Agricultura y Ganadería. Para los partidos de izquierda han quedado los ministerios más relacionados con lo social: Ambiente, Mujer, Salud Pública y Acción Social (ocupados por Tekojoja), o el Ministerio de Emergencia Nacional, ocupado por Camilo Soares, del P-MAS. De todos estos partidos de izquierda que estaban dentro de la coalición por la que se presentaba Lugo, solo Tekojoja sacó representación al Senado y Congreso con un solo senador, frente a los 14 que sacó el Partido Liberal Radical o los 15 que sacó el Partido Colorado.
La composición del Gobierno hace «muy complicado que se pueda tener esperanza de un cambio radical por el lado del Gobierno», afirma Ernesto Benítez, candidato de Convergencia Popular Socialista. Este sentir, compartido por gran parte de la izquierda alternativa, le da especial relevancia a la sociedad civil paraguaya y a los movimientos sociales, que pueden jugar un papel protagonista en estos momentos. Y así lo reconocen la mayoría de movimientos sociales y en especial los campesinos, que saben que «tienen que seguir presionando al poder a través de movilizaciones y ocupaciones y que la ansiada reforma agraria todavía está lejos», continúa Benítez. El asesinato de líder campesino Bienvenido Melgarejo el 3 de octubre pasado a manos de la Policía Nacional durante una ocupación de tierras en el Estado de Alto Paraná es una muestra más de las dinámicas de represión en el campo : más de cien campesinos fueron asesinados entre 1985 y 2005.
Monocultivo de la pobreza
El campo vive, desde hace diez años, un incremento de la implantación de los monocultivos dedicados a la exportación, con la compra de miles de hectáreas por parte de extranjeros, principalmente brasileños, que encuentran la tierra paraguaya más barata que la de su país. El año pasado se plantaron 2,8 millones de hectáreas (el 60% de las tierras cultivadas) de soja, la mayoría transgénica, convirtiéndose en el cuarto exportador mundial detrás de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Los terratenientes, asociados a las grandes multinacionales (Monsanto, Cargill…) han encontrado en este país, con sus laxas leyes medioambientales, la corrupción y la mano de obra barata, el lugar perfecto para una producción para la exportación que les reporta ingentes cantidades de dinero.
Para los campesinos en cambio sólo significa la perdida de sus tierras y la contaminación del medio ambiente con pesticidas que fueron prohibidos hace décadas en otros países (paraquat, diquat, glifosato) y que han provocado la muerte directa de varios habitantes del campo y la enfermedad de muchos otros. Un niño de 11 años que vivía en las inmediaciones de un campo de soja fue rociado directamente con glifosato el 7 de enero de 2003, cuando atravesaba un campo para comprar carne para la familia. Murió pocas horas después.
Campesinas e indígenas piden la reforma agraria
S.Talavera
Desde la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), uno de los pocos espacios en los que se organizan conjuntamente sectores campesinos e indígenas y una de las organizaciones de mujeres con más peso en el país, Magui Balbuena señala que son «conscientes de que el cambio se va a dar de manera gradual, que no es fácil hacerse cargo de un país» al que describe «en la ruina como consecuencia de la corrupción instalada en todas las esferas del Estado durante los largos años de dominio colorado».
Sin embargo, destaca que las demandas son inmensas, que «los pobres han depositado la esperanza en un obispo al que votaron con devoción» y del que esperan que cumpla lo prometido en la campaña electoral: combatir la pobreza, el desempleo, la corrupción e impulsar la reforma agraria.
Desde hace décadas, las organizaciones campesinas reclaman una reforma agraria integral que introduzca nuevos modelos de producción sostenible, que contemple la concesión de créditos blandos a mediano y largo plazo para las y los pequeños campesinos y campesinas, que reorganice el sistema de comercialización y transporte y que priorice las micro empresas de mujeres y jóvenes en la ciudad y en las áreas rurales como modelo para incrementar los ingresos económicos de las familias y paliar el éxodo masivo provocado por la falta de empleo.
Entre las principales inquietudes acerca de la nueva situación política, Balbuena cuestiona si habrá verdadera voluntad política para combatir la corrupción frontalmente y señala como escollos principales la corrupción imperante en el sistema de justicia y la propia conformación actual de las dos cámaras legislativas en las que siguen siendo mayoritarios los partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal, junto a las agrupaciones de creación más reciente como UNACE (escisión del Partido Colorado fundado por el golpista Lino Oviedo) o Patria Querida (encabezado también por disidentes colorados y que cuenta con el apoyo de los sectores más conservadores de la Iglesia católica). Todos comparten estar integrados por los dueños de los grandes latifundios, de la mafia organizada, por empresarios que no respetan las leyes, que no pagan impuestos ni seguros sociales.
Balbuena deja en claro que las dudas no son menores pero deposita la «esperanza en que Fernando Lugo considere a las fuerzas sociales organizadas como un sector importante dentro de su gobierno para poder respaldar la concreción de los anhelos de la gran mayoría del pueblo».
Pueblos indígenas: ¿fin del expolio?
S. Talavera
17 son los pueblos indígenas que habitan Paraguay, entre los que hay cinco familias lingüísticas diferentes. Constituyen apenas alrededor del 2% de la población del país (cerca de 90.000 personas). Muchas de sus comunidades, que se encuentran en una situación de pobreza o extrema pobreza, han sido expulsadas de sus territorios tradicionales, ocupados, en un alto porcentaje, por grandes terratenientes o colonias menonitas que se dedican al monocultivo de la soja, maíz o algodón entre otros. Por eso tienen en la recuperación de sus tierras una de las reivindicaciones principales. La vulneración del derecho a la salud, a la educación, a unas condiciones de vida dignas o la explotación laboral que sufren en condiciones de semiesclavitud, en numerosos casos en las grandes haciendas que usurpan sus territorios, son algunas de las razones que han empujado a la movilización de las comunidades.
Algunas de ellas ocuparon el año pasado durante meses las plazas de Asunción reclamando sus derechos. Julia Cabello, de la organización Tierraviva, dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, integrada a su vez en la Red de Entidades Privadas al servicio de los Pueblos Indígenas en Paraguay, traslada a DIAGONAL la posición adoptada por este sector ante el nuevo Ejecutivo : «El nombramiento de Margarita Mbywangi, líder de una comunidad del pueblo aché, como presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena, a pesar de tratarse de una designación no compartida por la totalidad de los miembros indígenas, es analizada como una medida acertada, encaminada a encarar con valentía las demandas de los sectores indígenas de Paraguay».
Las demandas al nuevo Gobierno giran en torno al diseño y aplicación de políticas públicas que recojan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. «A corto y medio plazo, requieren la creación de un mecanismo institucional que garantice la consulta a los pueblos indígenas y el derecho al protagonismo propio de los mismos en la definición de las prioridades de políticas, planes, programas y proyectos». Ven necesario tanto un programa de restitución de tierras, el reconocimientos de los derechos de propiedad colectiva y un plan para la protección de la biodiversidad, en especial del patrimonio forestal e hídrico en tierras y territorios indígenas. Igualmente, exigen la «realización de una consulta previa a los pueblos indígenas en la prospección y explotación de hidrocarburos».
En cuanto a los derechos laborales, defienden «la creación de organismos de fiscalización de las condiciones laborales de los trabajadores indígenas». La principal duda, señala Cabello «constituye el futuro accionar de las nuevas autoridades electas como parlamentarios, dado que fue reforzada la composición ciertamente conservadora respecto a la restitución territorial indígena» y la reversión decidida de la difícil situación actual a través de la sanción y aplicación de programas legislativos que sean favorables para acabar con el estado de emergencia permanente en el que viven las comunidades indígenas.
Derechos de las lesbianas
S. Talavera
Aireana es la primera y única organización de defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres lesbianas en Paraguay. Las dudas que se ciernen sobre el Gobierno de Fernando Lugo se derivan sobre todo por la mayoría que mantiene el Partido Colorado en el Parlamento paraguayo, que dificultará la ejecución de las demandas que se están proponiendo.
Pero además, desde Aireana «temen que el pasado secular del actual presidente pueda condicionar su actuación» en temas como el aborto o el tratamiento de la homosexualidad,a pesar de que en campaña electoral Lugo afirmó estar de acuerdo y a favor de la unión entre personas del mismo sexo.
El derecho al trabajo, a la educación, el derecho a la salud, a la libertad de expresión, a una vida libre de violencia y el derecho a la libertad, a la seguridad y a la integridad personal, reconocidos para el colectivo de lesbianas conforman los ejes de acción política y social de Aireana. Rosa Posa, una de sus integrantes, señala que ante el nuevo Gobierno «exigen que se tengan en cuenta los derechos concretos de las lesbianas como expresión de la diversidad específica de este grupo dentro del colectivo de las mujeres».
La salud, una mercancía
S. Talavera
En el último Informe de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) de 2007, se afirma que «la salud, antes que un derecho, es una mercancía en Paraguay. Una mercancía de escasa calidad. Quien cuenta con medios suficientes para pagar un seguro privado puede acceder a una salud cada vez más mercantilizada», pero entre el 80% y el 90% debe acudir al sistema de salud público caracterizado por una extrema precariedad.
Son numerosas las organizaciones sociales que luchan hace tiempo por el derecho a la salud. El Movimiento Nacional de Defensa de la Salud Pública, por boca de una sus portavoces, Victoria Peralta, plantea con contundencia sus demandas: «El cumplimiento de los derechos humanos en el país y en particular del derecho a la salud. Que se ejecuten las políticas públicas en calidad de vida y salud, tal como se comprometiera el actual presidente en sus campañas y que no resulte ser una linda propuesta en los papeles.
Que la salud sea en realidad universal, gratuita y de calidad, sin discriminación de ninguna clase. Que se apruebe la ley de salud sexual y reproductiva. Que el Gobierno demuestre su verdadero interés de garantizar políticas sociales priorizando la salud, destinando los recursos necesarios».
Peralta considera que los principales peligros pueden derivarse de elementos como que el reparto de cuotas políticas «ponga en peligro la credibilidad del nuevo Gobierno. Que el Parlamento no acompañe las intenciones de inversión social y deje al Ejecutivo sin los recursos necesarios para una gran política social».
Medios de comunicación empresarial: Comienza el acoso a Lugo
Jose-David Carracedo
No hubo cien días de cortesía. Al día siguiente de asumir la presidencia, comenzaron los ataques de los medios empresariales. Dos meses y medio después, el diario ABC Color se ha constituido como referente para TV y radios en la oposición al Gobierno.
La cuestión de la tierra ha sido el desencadenante. Los medios acusan a sectores del Gobierno de fomentar las ocupaciones de tierra, aunque éstas han mantenido un ritmo similar al del período anterior.
Salim Buzarquis, del Partido Liberal (en la coalición gubernamental) y presidente de la Cámara de Diputados, se desmarca garantizando «el respeto irrestricto de la propiedad privada. Los jueces deben ordenar el cumplimiento inmediato de las órdenes de desalojo».
Al día siguiente de la toma de posesión, Lugo realizó una visita conjunta con Hugo Chávez a San Pedro, localidad donde Lugo ejerció su obispado antes de colgar los hábitos. Los discursos pronunciados incidieron repetidamente en la cuestión de la reforma agraria, y se firmaron varios documentos de cooperación con Venezuela. Muchos medios tildaron estos acuerdos como un giro al socialismo. Los acuerdos se centran en energía, salud, alimentación, educación, comunicación, medio ambiente y colaboración social.
Destaca el convenio que permitirá incrementar la cuota de 18.600 barriles diarios de crudo que recibe Paraguay de Venezuela a 25.000. Según la Constitución, el Congreso tiene el derecho de vetar los acuerdos internacionales. Desde los medios se ha lanzado una campaña para que el Congreso pueda modificar los términos del acuerdo. Como respuesta, el ministro de Exteriores ha declarado : «La Constitución establece expresamente que la negociación y firma de tratados internacionales es una atribución del presidente de la República». A pesar de que los acuerdos se encontraban colgados en la web de la Presidencia, se está usando la tardanza en remitirlos al Congreso para acusar de secretismo al Gobierno, y al tiempo denunciar que este secretismo esconde «la chavización de Paraguay».
Uno de los acuerdos más criticados versa sobre la incorporación progresiva de Paraguay a Telesur. El anuncio de la próxima creación de una agencia de noticias estatal ha sido recibido por los medios de comunicación con acusaciones de querer suplantar su papel en el panorama mediático paraguayo.