Después de una larga y difícil negociación con las autoridades agrarias y bajo una fuerte presión y amenaza de desalojos masivos de parte del Grupo Dinant, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán Margen Derecha (MUCA-MD) firmó este 5 de junio el acuerdo de condiciones financieras para la compra de las fincas donde ya están asentadas […]
Después de una larga y difícil negociación con las autoridades agrarias y bajo una fuerte presión y amenaza de desalojos masivos de parte del Grupo Dinant, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán Margen Derecha (MUCA-MD) firmó este 5 de junio el acuerdo de condiciones financieras para la compra de las fincas donde ya están asentadas más de 1,900 familias campesinas.
El acuerdo prevé la compra de cuatro fincas -La Aurora, La Concepción, La Lempira y La Confianza- por un total de 2,429.18 hectáreas que ya están en posesión del MUCA MD desde abril de 2010.
La combativa organización campesina se comprometió a pagar unos 16.8 millones de dólares al estatal Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), a un plazo de 15 años con una tasa de interés del 6 por ciento y con un periodo de gracias de 3 años. Igualmente, el gobierno otorgó un área de 32 hectáreas para construcción de viviendas y garantía soberana fiduciaria para que se pudiera llevar a cabo la operación.
La firma del MUCA MD complementa un acuerdo más amplio que involucra a la Margen Izquierda (MUCA MI) y al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA).
En total, las 32 empresas campesinas que integran estas organizaciones y que representan a casi 3,500 familias asentadas en ocho fincas, adquirirán unas 4,600 hectáreas a un costo total que supera los 32 millones de dólares.
Durante las próximas horas se espera que Grupo Dinant, propiedad del latifundista Migue Facussé Barjum, retire la solicitud de desalojo de siete fincas, que fue presentada el pasado 1 de junio como medida de presión para que el MUCA MD firmara el acuerdo y el Instituto Nacional Agrario (INA) hiciera efectivo el pago total de las tierras.
«Pasamos semanas bajo una enorme presión tanto de los terratenientes como del gobierno, quienes nos acusaban de ser intransigentes, de no tener voluntad de llegar a un acuerdo, amenazándonos con desalojar a miles de familias.
Fue una lucha contra esos mismo poderes políticos, económicos y militares que dominan el país y que dieron el golpe de Estado, pero finalmente tomamos la decisión de firmar el acuerdo y el plan de negocio formulado por el INA», explicó a Sirel, Yoni Rivas, secretario general del MUCA.
Según el dirigente campesino, el gobierno tendrá ahora que cumplir con todos los puntos contemplados en los acuerdos de abril de 2010, los cuales prevén, entre otros, la entrega al MUCA de un total de 11 mil hectáreas de tierra, programas de educación, salud y vivienda.
Durante el acto que se celebró en Casa Presidencial, el jefe del Ejecutivo, Porfirio Lobo, no sólo se comprometió públicamente a cumplir con estos puntos, sino que reconoció que en Honduras se cometió un error y hubo una contrarreforma agraria que hay que corregir.
«Esperamos que nuestra decisión traiga un poco de paz a la zona del Bajo Aguán, sin embargo el conflicto no está resuelto, porque el problema agrario en Honduras tiene profundas causas estructurales y necesita de soluciones integrales que van más allá de nuestra región», manifestó Rivas.
En este sentido, las organizaciones campesinas están exigiendo la derogación de la Ley de Modernización Agrícola, que fue aprobada en 1992 en plena era neoliberal, y la aprobación del proyecto de ley de Transformación Agraria Integral presentado el año pasado ante el Congreso Nacional.
Además, hicieron énfasis en que hay que investigar a fondo todos los asesinatos de campesinos y las innumerables violaciones de los derechos humanos que enlutaron y aterrorizaron a las familias campesinas en los últimos años. Lamentablemente, este tema no fue parte del acuerdo, ni fue mencionado durante el acto.
«Es algo que no queremos, ni debemos olvidar. Exigimos el cese de la impunidad, porque es una responsabilidad del Estado investigar y castigar a los responsables del baño de sangre que se está dando en el Bajo Aguán», concluyó Rivas.
Fuente: Rel-UITA