Intereses de grandes proyectos turísticos en la península de Zacate Grande criminalizan y enjuician a las comunidades locales. Así les ha ocurrido pobladoras de Playa Blanca
En el sur de Honduras la conflictividad ha alcanzado niveles muy preocupantes. Proyectos energéticos, agroindustriales, mineros y turísticos han acompañado la instalación de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) [1]. El gran capital nacional y transnacional olfateó el negocio y ya se está abalanzando sobre territorios y bienes comunes. Desde hace décadas, la península de Zacate Grande y el Golfo de Fonseca, con su archipiélago y playas, han estado en la mira de grupos y familias que controlan y mueven los hilos de la política y la economía hondureña.
En estas zonas es brutal el contraste entre la pobreza extrema de caseríos y comunidades y el lujo, la opulencia de las mansiones de verano de terratenientes y poderosos. Largos y altos muros rodean las propiedades vigiladas por hombres armados que hasta niegan el acceso a las playas.
Durante las últimas dos décadas, las familias que viven en estas zonas han venido sufriendo un acelerado proceso de pérdida de territorios, acompañado por una creciente militarización, la criminalización del derecho a la tierra y la judicialización de cientos de personas que sobreviven principalmente de la agricultura y la pesca. Para las familias del lugar, organizarse, resistir y defender su tierra y su vivienda ante las amenazas de desalojo ha sido imprescindible.
Despojo y represión
El estudio «Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra«, realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), señala que en Honduras existen más de cinco mil campesinos y campesinas procesadas judicialmente. No menos de mil son mujeres que están participando activamente y que hasta encabezan el proceso de defensa del territorio y los bienes comunes. Sólo en Zacate Grande, la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) asegura que hay unas 70 personas -entre ellas muchas mujeres- que están siendo criminalizadas.
«Como abogados y activistas ambientalistas hemos registrado una fuerte ola de intimidación, hostigamiento y criminalización de familias que resisten a los embates de este proceso de expulsión de sus tierras. Vemos, por ejemplo, el caso de las personas del caserío de Puerto Sierra, comunidad de Playa Blanca, que están siendo demandadas injustamente por el señor Jorge Cassis Leiva por supuestos daños a la propiedad y agresión física», dijo Denia Castillo, profesional del derecho de la Red de Abogados del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida), a Alba Sud.
Se trata del mismo terrateniente que hace unos años acusó a Abel Pérez y Santos Hernández, pobladores del mismo caserío, de usurpación de tierra, daños y amenazas. Después de ser encarcelados por casi cuatro meses, los dos pescadores fueron condenados a 5 años y un mes de prisión y están esperando que Casación se pronuncie.
En el caso de María Veneranda Cruz, Oneyda Cárdenas Flores, Jessica Cruz Cárcamo y Jacinto Hernández Cruz, el terrateniente los acusa de haber derribado un muro que él hizo construir para delimitar su propiedad, y de haber agredido a uno de sus seguidores. Un muro que prácticamente cercaba el caserío, impidiendo el acceso a sus viviendas a más de 60 familias.
«Nos están acusando de haber derribado el muro. Mírenos. ¿Le parece que tenemos la fuerza y la capacidad de botar un muro hecho con grandes piedras y cemento, y con la parte de arriba cubierto de vidrios y botellas quebradas?», preguntó María Veneranda Cruz, de 64 años.
«Todo esto es una represalia por el tema del predio. ¡Hubiera visto usted en qué condiciones estaba!. Puro monte y un gran espinero. El lugar estaba abandonado. Nadie se preguntaba de quién era porque solamente servía para cruzar hacia la comunidad o para que vehículos llegaran a descargar productos (alimenticios) o material (de construcción). El señor Cassis Leiva ni siquiera se asomaba al lugar», agregó Cruz.
María Concepción Hernández es amiga de las tres mujeres enjuiciadas. Con ellas comparte la lucha por el derecho a soñar con un futuro mejor. «Fuimos especialmente las mujeres a darle vida y a mantener activo el proyecto (del estacionamiento). Aguantamos de todo. Llegaban los seguidores de Cassis armados a presionarnos, hostigarnos, amenazarnos. Para asustar a los turistas que dejaban sus vehículos les entregaban fotos de los compañeros encarcelados, diciendo que éramos todos unos delincuentes. Este mismo señor -continuó Hernández- nos ofendió a las cuatro (mujeres). Nos dijo que éramos un atajo de ladronas, unas usurpadoras sinvergüenzas porque le habíamos robado su tierra. Hasta nos tildó de prostitutas», recordó con enojo profundo.
Como muchas veces ocurre en situaciones como estas, donde las familias no tienen título de propiedad del inmueble pero sí el derecho de posesión, la estrategia tanto de grupos económicos, terratenientes, familias pudientes como de empresas transnacionales es de dividir a las comunidades, echando a pelear a las familias que viven en un determinado territorio.
«Hay personas que por interés se han plegado a este señor y se encargan de hacer el ‘trabajo sucio’. Una señora hasta llegó a decirme que iba a llorar lágrimas de sangre. Nunca van a entender que están siendo manipuladas y que la única forma para salir de la pobreza es juntar esfuerzos», manifestó la pobladora.
«Mire mis manos»
María Venerada Cruz trabajó 18 años para la familia Cassis Leiva. «Trabajaba en oficios domésticos, pero este señor no tiene memoria. A él no le importa. Tengo 64 años y nunca he tenido problemas con la justicia. Viera usted el susto que me llevé cuando nos dijeron que teníamos requerimiento judicial y orden de captura. Casi me da un infarto. Mire mis manos- Son manos de trabajadora. Durante toda mi vida no he dejado un solo momento de trabajar. Hice de todo. Yo nunca le he robado a nadie. Es una barbaridad lo que nos están haciendo», lamentó.
Lo que más duele a la joven Jessica Cruz Cárcamo es la forma en que las están tratando. «Nos están persiguiendo como si fuéramos delincuentes. Lo único que queremos es seguir con nuestra pequeña actividad y promover el turismo. Los turistas llegan y ahora tienen donde dejar sus vehículos. Somos familias pobres y esto nos ayuda bastante. El turismo debe ser también algo que podamos aprovechar nosotras para mejorar las condiciones de pobreza en que vivimos», dijo.
En agosto pasado los cuatro pobladores de Puerto Sierra, acompañados por la Red de Abogados del MASS-Vida y la ADEPZA, se presentaron al juzgado y lograron que se retirara la orden de captura. La primera audiencia, reprogramada en varias ocasiones, se llevó a cabo entre el 20 y el 22 de noviembre pero los resultados no fueron los esperados. Esto refuerza aún más la percepción de la creciente criminalización de la lucha social.
La jueza del Juzgado de Letras de lo Penal de Amapala dictó sobreseimiento definitivo para María Venerada Cruz y auto de formal procesamiento en contra de Oneyda Cárdenas Flores, Jessica Cruz Cárcamo y Jacinto Hernández Cruz, quienes tendrán que presentarse de forma voluntaria para poder tener acceso a medidas sustitutivas de la prisión preventiva.
Pero lo más grave fue que, a solicitud del Ministerio Público, la jueza aceptara la ampliación del requerimiento fiscal en contra de Abel Pérez, Santos Hernández y María Concepción Hernández, contra los cuales giró orden de captura por daños continuados y agravados.
Este artículo se publica en el marco del proyecto Turisme Responsable: una eina d’Educació per a la Justícia Global, ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en la convocatoria del Programa de Educación para la Justicia Global 2017.
Fuente: ALBA SUD
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