Nicaragua vuelve a ser noticia. Pero no por ser uno de los países con la mayor reducción de la pobreza y la desigualdad social a nivel mundial desde 2007 (la pobreza a la mitad, la pobreza extrema a un tercio, y pasando de ser el cuarto país más desigual a ser el cuarto menos desigual en América Latina).
Tampoco es noticia Nicaragua por ser el país con el mayor nivel de acceso al ejercicio directo de la propiedad sobre los medios de producción para la clase trabajadora en el hemisferio occidental (más del 50% del PIB y cerca del 80% de las unidades económicas); ni por ser uno de los países del mundo que más ha reducido el analfabetismo en ese mismo período de tiempo (del 35% al 3%); o por ser uno de los países con el mayor aumento en la inversión percápita en salud (de U$32 a U$70) y con la mayor reducción en la mortalidad infantil (de 29 a 11.4 por cada mil nacidos vivos). Nicaragua no es noticia por ser el país del mundo que más redujo la brecha de género (de la posición 90 a la 12), el país con la mayor presencia de mujeres en su gabinete (58.82%), el cuarto con la mayor presencia de mujeres en el poder legislativo (48.4%) y el que de forma más radical aplica el criterio de equidad de género en su política social. Tampoco es noticia este país por ser de los que más han aumentado la cobertura eléctrica (de 53% a 99%) y el que más ha aumentado sus fuentes de energía renovables (del 2% al 90%); ni por ser el país más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de América Latina (con un índice de 3.5 homicidios al año por cada 100,000 habitantes, siendo Costa Rica el más cercano con 11.2); y tampoco es noticia Nicaragua por tener uno de los gobiernos del mundo con el mayor apoyo popular sostenido durante una mayor cantidad de tiempo (con índices alrededor del 60% en los últimos once años, de manera casi ininterrumpida).
No es pues, por ninguno de estos logros que Nicaragua ha vuelto a ser noticia en el mundo, sino porque en aplicación soberana de las leyes que rigen el país, las más recientes de ellas aprobadas con aplastante mayoría de votos de los representantes del pueblo en el poder legislativo, las autoridades correspondientes en uso de sus legítimas facultades y en cumplimiento de su deber constitucional, han ordenado detener a algunas personas (diecinueve al momento de escribir estas notas) por una serie de delitos que se exponen a continuación:
- Gestiones públicamente anunciadas y realizadas por casi todos los que han sido detenidos, encaminadas a lograr la imposición de sanciones unilaterales de una potencia extranjera y hostil, Estados Unidos, contra instituciones y ciudadanos nicaragüenses, con el propósito de boicotear la gestión pública encaminada a la aplicación de políticas de Estado, incluida la implementación de programas sociales gracias a los cuales Nicaragua ha alcanzado los índices antes señalados en la aplicación de su modelo de transformación social y mejoría en las condiciones de vida de la gran mayoría de sus ciudadanos.
- Conspiración al servicio de esa potencia extranjera, Estados Unidos, en aras de la desestabilización del país, mediante la puesta en práctica de acciones terroristas y violentas en general.
- Lavado de dinero en las operaciones financieras de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”, que además financiaba a periodistas, “analistas políticos” e incluso escritores (todos ellos autoproclamados “independientes”) con dinero proveniente de agencias conocidas por su vínculo con campañas desestabilizadoras contra gobiernos no afines a los intereses de Estados Unidos, siendo algunas de ellas las agencias norteamericanas USAID, NED, Fundación Soros, y también agencias europeas como OXFAM; financiamiento que ha sido reconocido por las personas implicadas. Valga señalar que al crearse la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a quienes reciben donaciones de otros países, a reportarlas e informar sobre el destino de tales fondos, esta Fundación cerró formalmente sus operaciones para evadir el cumplimiento de dicha ley, a pesar de lo cual siguió recibiendo fondos de las agencias señaladas y otras más. La manera concreta en que operaba esta red delictiva se encuentra aún en investigación por las autoridades competentes, que en su momento explicarán los resultados de las mismas.
- Graves anomalías en el manejo de recursos financieros de una entidad bancaria con el fin de apoyar las actividades ilícitas vinculadas con los fondos provenientes de las agencias mencionadas.
Nicaragua no tiene por qué rendir cuentas a nadie de lo que hace o deja de hacer en pleno y legítimo ejercicio de su soberanía y autodeterminación, y en defensa de éstas, pero ante la campaña de mentiras que se vierten diariamente en su contra, tiene el derecho de ser defendida y se impone el deber de defenderla, como tiene el derecho y el deber de defenderse la Revolución Sandinista en cualquier terreno, incluyendo por supuesto, el de la lucha de las ideas.
Las leyes que las autoridades nicaragüenses están aplicando a las personas que han sido detenidas y que están siendo debidamente procesadas conforme al orden jurídico vigente, son similares a las que existen en la mayor parte de países cuyos gobiernos, haciendo alarde de su injerencismo, han condenado su aprobación y aplicación en Nicaragua, no por delitos anteriores a su entrada en vigencia, sino por delitos cometidos con posterioridad, en cumplimiento del principio de irretroactividad de la ley, pues las ilegalidades y crímenes cometidos y propiciados por la mayor parte de estas personas durante el intento de golpe de Estado en 2018 ya fueron juzgados, otorgándose posteriormente el indulto a los condenados, en aras de la paz y la estabilidad del país.
Cuando se hace referencia aquí a los delitos cometidos en 2018, durante el intento de golpe de Estado, se incluyen asesinatos y otros hechos delictivos que provocaron decenas de muertes de nicaragüenses, a propósito de lo cual cabe recordar que del total de aproximadamente doscientos muertos que trajo consigo la intentona golpista, la mayor parte eran sandinistas, de los cuales a su vez, la mayoría murió producto de asesinatos a sangre fría, luego de ser secuestrados y sometidos a torturas, muchas de ellas documentadas en videos y circuladas en las redes sociales por los propios autores de las mismas, mientras en contraste, la totalidad de muertos en las filas opositoras fueron producto de enfrentamientos callejeros, en su mayoría provocados por ellos. Pero ese ambiente de inestabilidad y caos tan sólo duró tres meses (del 18 de abril al 18 de julio de 2018), pues muy pronto el país recuperó la tranquilidad y la paz, gracias a la participación masiva y organizada del pueblo en la defensa de su patria y su revolución, como ocurrió también durante la guerra de agresión impuesta a Nicaragua por el gobierno de Ronald Reagan en los años ochenta, y en la que de igual manera, la Revolución Sandinista resultó victoriosa, aunque en ese caso luego de varios años de intensa lucha.
Volviendo ahora a la situación actual, como se sabe, algunos de los recientemente detenidos por las autoridades en Nicaragua habían manifestado en algún momento aspiraciones presidenciales en el marco de las próximas elecciones a realizarse el 7 de noviembre de este año; concretamente, de los diecinueve contra los que se ha dado orden de captura y de los que hay diecisiete detenidos, son cinco los que habían expresado que querían ser presidentes, y dos de ellos se habían inscrito como precandidatos, pero hay seis aspirantes presidenciales más de la extrema derecha golpista, que se encuentran en libertad y sobre quienes no se ha emitido orden de captura ni se ha iniciado proceso alguno; de ellos, también hay dos que ya están inscritos como precandidatos. Esto sin mencionar a otros sectores de la derecha que muy posiblemente participen en las elecciones.
La presencia de aspirantes presidenciales entre los detenidos ha llevado a los detractores del gobierno sandinista de Nicaragua a decir con total desparpajo que los procesos investigativos y las detenciones realizadas son irracionales, dado que evidentemente perjudican la imagen política del gobierno. Es decir, según estos “analistas”, las aspiraciones presidenciales deberían ser motivo de impunidad y peor aún, esa impunidad debería ser resultado de que el gobierno, por conveniencia política, no permitiera a las instituciones correspondientes hacer su trabajo y aplicar la ley, en estricto cumplimiento del Estado de Derecho. Incluso, en un artículo de opinión apareció alguien escandalizado porque uno de los implicados como beneficiarios de los fondos de las agencias mencionadas, que no ha sido detenido, sino que únicamente fue llamado a declarar ante la Fiscalía, es un Premio Cervantes de literatura, como si esto fuera patente de corso para cometer cualquier delito.
Pues sí, efectivamente, desde el punto de vista electoral la aplicación de la ley a estas personas tiene un costo político para el sandinismo, pero mal harían las instituciones del Estado nicaragüense en guiar sus acciones bajo criterios políticos subordinados a coyunturas electorales, pues la autodeterminación y soberanía del país están por encima de eso y son, por lo demás, principios irrenunciables del sandinismo. Esto debería servir de lección a quienes demagógicamente se pasan la vida demandando respeto por el Estado de Derecho y la subordinación de las instituciones al orden legal establecido.
Esto es, además, la mejor demostración de que la razón por la que se ha detenido a estas personas no es que sean opositores o que tengan aspiraciones a la presidencia de la República. Es más, en todas las encuestas, incluyendo las que ha hecho la oposición, ninguno de los detenidos llega ni siquiera cerca de tener el apoyo popular con que cuenta el sandinismo y en particular, el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, corroborándose así con creces que las detenciones han sido producto de la más estricta y transparente aplicación de las leyes que rigen al Estado nicaragüense; reiteramos, muy similares en este tema, a las que rigen en los países cuyos gobiernos han condenado a Nicaragua por estos hechos.
Una situación que ha generado particular inquietud en algunos sectores fuera de Nicaragua, en ciertos casos por desinformación y en otros por falta de brújula política, ha sido el hecho de que entre los diecinueve contra los que se ha girado orden de captura y de los diecisiete detenidos, hay seis que pertenecen a una agrupación política creada en los años noventa por ex sandinistas, y entre estos seis hay tres que ocuparon altos cargos en el gobierno sandinista de los años ochenta y participaron en la guerra de liberación contra la dictadura somocista. Primero que nada, debe tenerse claro que nada de esto debe ser tampoco motivo de impunidad para nadie, pero en el caso de los ex sandinistas el hecho de que ya no lo sean tampoco es el motivo de sus detenciones, puesto que eso no constituye delito, como sí lo constituye la traición a la patria, que es una de las causas por las que han sido detenidos, como ocurre con el resto de personas a las que se ha procedido a detener, en el marco de la más estricta legalidad. Pero hay cosas que muy poca gente sabe entre las filas de la izquierda fuera de Nicaragua, y esto hace que algunos defiendan a los aquí aludidos como si se tratara de los mismos revolucionarios que fueron antes, y nada hay que esté más alejado de la realidad.
Estos ex sandinistas se pasaron a las filas de la derecha desde inicios de los años noventa, cuando aún militando en las filas del FSLN, pregonaban la renuncia al socialismo, al antimperialismo, a la lucha popular y al carácter de vanguardia del FSLN; hasta que finalmente, al ser derrotados a lo interno en el Congreso Extraordinario de mayo de 1994, optaron por abandonar las filas del FSLN y fundar un partido en el que continuaron autollamándose sandinistas, a lo que finalmente también terminaron renunciando, como era de esperarse, de modo que quienes los continúan llamando sandinistas, si es tanto el cariño que les tienen, deberían respetarlos un poco más y no imponerles una denominación con la que ellos mismos no quieren ser identificados. Por cierto, una de estas personas detenidas, de las que estuvieron vinculadas a la Revolución y luego tomaron el camino de la derecha, hace algún tiempo dijo que el nombre “sandinista” le causaba “repelo”, lo que en buen nicaragüense se usa como sinónimo de aversión. Así que sus admiradores deberían pensarla dos veces ante de seguir llamándoles así.
Sería interminable y rebasaría la intención de estas líneas, narrar aquí la historia de esa traición al sandinismo, pero vale la pena mencionar algunos hechos fundamentales. Si bien esta gente fue minoría en el Congreso del FSLN en 1994, por ser también minoría en las bases del partido, eran sin embargo, mayoría entre quienes habían ostentado los más altos cargos gubernamentales y partidarios en los años ochenta, y eran mayoría también entre quienes habían sido electos a cargos públicos en las elecciones de 1990, por lo que en sus filas estaba la mayor parte de los diputados del FSLN en aquel entonces, de modo que aprovechando estas ventajas, poco tiempo después de la derrota sufrida por el sandinismo en esas elecciones, esta gente se apropió del patrimonio material del FSLN, en lo que se conoció como “la piñata”, y luego procedieron a reformar la Constitución en 1995, en un pacto con la derecha producto del cual eliminaron el derecho a la salud y la educación, legitimaron la privatización de los servicios públicos, crearon la segunda vuelta electoral para impedir que el FSLN ganara las elecciones e impusieron límites a la reelección presidencial para impedir que el Comandante Daniel Ortega repitiera como candidato, e incluso establecieron el voto calificado para elegir magistrados, con la esperanza de quedar electos algunos de ellos, pero debido a los resultados electorales del año siguiente, desastrosos para los partidos impulsores de esas reformas, la única manera de obtener voto calificado, requisito impuesto por esos mismos partidos para elegir esos cargos, era el acuerdo entre los dos grandes partidos de entonces, el FSLN y el PLC, lo que aprovecharon los ex sandinistas para acusar al FSLN de hacer lo que ellos mismos ya habían hecho sin que ninguna ley los obligara, que era pactar con la derecha, en el caso suyo con propósitos contrarios a los intereses populares. Pero nada se compara con lo que terminarían haciendo los ex sandinistas en las elecciones de 2008, 2011, 2012 y 2016, en las que apoyaron a los candidatos de la derecha más recalcitrante y fundamentalista de Nicaragua, que contaba con el apoyo de Estados Unidos. Es como si por ejemplo, en Argentina unos ex guerrilleros que hubieran luchado contra las dictaduras militares en ese país hubieran apoyado a Macri en las elecciones presidenciales, o como si en Chile hubieran apoyado a Piñera, o en Brasil a Bolsonaro.
Los partidos que hicieron las reformas constitucionales de 1995 sin consultar con nadie ni siquiera en apariencia (entre ellos los ex sandinistas reciclados como derecha advenediza), todos juntos no llegaron ni siquiera al 10% en las elecciones del año siguiente, lo que puso en evidencia el carácter ilegítimo y espurio de esas reformas. Todo esto a pesar de que al tener el control del poder electoral, inhibieron de forma evidentemente arbitraria a cuanto candidato estorbara en sus planes en esas elecciones, algo que olvidan cuando acusan al sandinismo de partidizar las instituciones del Estado, que para la derecha sólo son imparciales y transparentes cuando las controla ella. Un dato curioso es que los ex sandinistas en cuestión incluso fueron aliados del FSLN como parte de la Convergencia Nacional en las elecciones locales de 2000 y 2004, y en las nacionales de 2001, hasta que volvieron a correr por su cuenta en las elecciones nacionales de 2006.
Pero la consagración definitiva de esos ex sandinistas como contrarrevolucionarios ya sin retorno posible fue durante el intento fallido de golpe de Estado en 2018, cuando cerraron filas con las fuerzas proimperialistas y se pusieron al frente de las acciones armadas contrarrevolucionarias desarrolladas entre abril y julio de ese año. Estos tipos, que ya en los noventa habían renunciado a la bandera roja y negra, en 2018 acompañaron a las hordas neosomocistas que hicieron de la quema de ese símbolo revolucionario un acto recurrente, como también ocurrió con la profanación de los monumentos y hasta de las tumbas de los héroes y mártires de la Revolución. Una expresión más de los niveles a los que ya para entonces había llegado esta gente fue su participación en reuniones con especímenes de la calaña de Ileana Ros-Lehtinen y Marco Rubio, de quienes recibieron apoyo, como lo recibieron los golpistas en general de Álvaro Uribe, con quien se tomaban fotos muy orgullosamente, y de Jair Bolsonaro, que haciendo el ridículo de esa forma en que sólo él lo sabe hacer, ofreció el territorio brasileño para enjuiciar a los sandinistas.
La pseudoizquierda cafetinesca a la que le encanta sumarse al discurso de las potencias imperialistas contra el gobierno sandinista, tiene bastante tiempo de estar reprochando al sandinismo gobernante en Nicaragua, una supuesta alianza con la empresa privada y la Iglesia Católica. En cuanto a lo primero, en Nicaragua desde que el sandinismo regresó al gobierno el porcentaje del PIB producido por los medios de producción bajo forma de propiedad asociativa, cooperativa, familiar y comunitaria pasó de menos del 40% a más del 50%, en detrimento de la empresa privada tradicional, que vio disminuir su peso económico de más del 60% a menos del 50% del PIB, y en los primeros nueve de los catorce años que lleva el sandinismo gobernando desde 2007, el salario mínimo de los trabajadores aumentó diez veces más que en los diecisiete años neoliberales. ¿Es esto acaso favorable a los intereses de la empresa privada capitalista? Y es que desde su llegada al poder por vez primera en 1979, el sandinismo ofreció a la empresa privada un marco de entendimiento y la búsqueda de consenso en aras de la estabilidad del país, pero como en esa época se puso de moda la solidaridad con la Revolución Sandinista, el esnobismo característico de la izquierda cafetinesca no le permitía a ésta acusar al sandinismo en ese entonces de buscar alianzas con los empresarios, que a fin de cuentas no aceptaron en aquel momento la oferta de convivencia, a diferencia de lo que ocurrió cuando volvió el sandinismo al poder en 2007, y por algunos años los grandes empresarios no tuvieron otra opción que la del pragmatismo; pero al cabo de algún tiempo, en la primera oportunidad que se le presentó y como es de esperarse cuando hay contradicciones entre intereses antagónicos, la empresa privada arremetió contra el gobierno sandinista y junto a la jerarquía de la Iglesia Católica, estuvo entre los sectores más beligerantes durante el intento de golpe de Estado en 2018, curiosamente con el apoyo de quienes desde fuera del país acusaban al sandinismo de estar aliados con ellos.
En cuanto a la supuesta alianza del FSLN con la jerarquía católica, se trata de un mito urbano mundial. No ha habido un solo día desde que el sandinismo volvió al gobierno en 2007 (como no lo hubo tampoco antes, por supuesto) en que los jerarcas católicos no hayan proferido todo tipo de ataques contra el sandinismo. El mito de esta falsa alianza nace del acercamiento que tuvo el Cardenal Miguel Obando y Bravo con el sandinismo durante sus últimos años de vida, pero ese acercamiento precisamente le costó ser pasado a jubilación por el Vaticano, de modo que apenas dio las primeras señales de reconciliación con el sandinismo, el Cardenal Obando dejó de ser jerarca de la Iglesia Católica. También hay sectores de la izquierda cuyo problema es simplemente, no contar con la infalible brújula del antimperialismo. Es decir, basta ver de qué lado está el imperio y sus medios de desinformación para por lo menos tener la capacidad de otorgar el beneficio de la duda cuando se carece del conocimiento directo de la situación de un país.
En Nicaragua se usa popularmente el término “puchito” como sinónimo de poquito, y en parte por eso a los golpistas se les conoce como “los puchos”, pero el uso del término “pucho” en este caso, tiene una connotación que es aplicable más allá de lo cuantitativo, para aludir a quienes no tienen vocación de poder, a pesar de que lo ejercieron durante tanto tiempo. Y es que en Nicaragua la burguesía parece haber perdido el instinto de poder como clase social, fenómeno poco usual, pero sintomático de una revolución verdadera.
A nivel mundial, sin embargo, por desgracia también abunda lo que podría llamarse la “izquierda pucha”, o sea esos sectores autodenominados de izquierda, que no por minoritarios, sino por no haber madurado lo suficiente o peor aún, por haberse podrido en algún momento de un errático deambular, andan dando tumbos y palos de ciego en las coyunturas mundiales o incluso nacionales, sin brújula que los oriente. Esa izquierda pucha que en vez de denunciar el injerencismo del imperialismo se solidariza con éste, atacando a los agredidos por él en lugar de atacar al enemigo común de los que se supone que luchan por un cambio de sistema a nivel mundial, y que por añadidura se atreve a calificar, desde su impotente falta de acción, quién es revolucionario y quién no, o qué revolución es verdadera y qué revolución no lo es, debería hacer su propia revolución para predicar así con el ejemplo y para tener autoridad moral de hablar en esos términos.
Pero la derecha golpista en Nicaragua es pucha además porque no tiene vida propia, es una derecha con vida artificial, proporcionada por el amo imperialista. Y no es culpa del sandinismo que la derecha pucha esté dirigida por traidores a la patria confesos, que en cualquier otro país que se respete a sí mismo también estarían presos, lavadores de dinero e incluso narcotraficantes, como algunos otros que fueron detenidos años atrás, no por esos crímenes que también cometieron y de los que algunos incluso hasta se vanagloriaban públicamente en mensajes transmitidos por videos ampliamente divulgados, y por lo cual ya antes habían sido indultados, sino en esos otros casos por delitos comunes muy propios de su precaria condición moral, aunque ahora se quieran presentar como presos políticos.
Finalmente, lo pucha que es la derecha golpista en Nicaragua queda en evidencia cuando al ser detenidos sus más visibles voceros, por sus fechorías, no por sus aspiraciones presidenciales ni por ser opositores, la más absoluta tranquilidad sigue reinando en el país, la vida continúa su curso en el más sereno ambiente de paz imaginable, y ni siquiera los mismísimos puchos interrumpen sus actividades normales e incluso recreativas. Si los delincuentes detenidos fueran líderes, la situación sería otra. En 2018, cuando los golpistas bajo la orientación de las agencias imperialistas interventoras manipularon a muchas personas mediante la aplicación de la guerra psicológica como componente del formato de golpes de Estado de nuevo tipo diseñado por sus amos imperiales, no necesitaron permiso de autoridad alguna para sacar gente a la calle. Pero si bien es más fácil manipular a alguien que convencerlo de que está siendo manipulado, cuando toma conciencia del engaño al que fue sometido es muy difícil volverlo a manipular, y eso es lo que sucede cuando fracasan esos formatos golpistas, que nunca jamás volverán a arrebatar al pueblo nicaragüense la paz que tanto le ha costado y la única verdadera, que es la paz de la justicia social y la libertad que sólo con ella se alcanza, como sólo se alcanza la felicidad cuando prevalecen determinados valores éticos que a nivel de la sociedad en su conjunto sólo pueden ser predominantes como producto y parte fundamental del contenido de su transformación revolucionaria, única de la que podía nacer y de la que está naciendo la Nueva Nicaragua en construcción, con el sandinismo al frente, en rebeldía permanente y resistencia victoriosa frente al poderío mundial del imperialismo, como parte de una larga tradición de lucha que comienza a mediados del siglo XIX con el triunfo nicaragüense y centroamericano frente a las tropas filibusteras apadrinadas por los esclavista del sur de Estados Unidos; pasando por la expulsión de las tropas interventoras por el General Augusto C. Sandino en los años treinta; el derrocamiento en los años setenta, de la dictadura somocista impuesta por Estados Unidos luego del asesinato de Sandino; la victoria frente a la guerra de agresión impuesta por el gobierno norteamericano en los años ochenta, luego frente al neoliberalismo impuesto por el chantaje electoral en los noventa y años siguientes, y finalmente frente al intento de golpe de Estado en 2018; hasta las nuevas victorias que se van sumando en esta lucha, uno de cuyos objetivos fundamentales es, como decía Carlos Fonseca (cuyo natalicio se conmemora hoy), “un cambio de sistema: el derrocamiento de las clases explotadoras y la victoria de las clases explotadas”, o sea que el sandinismo gobernante es la rebeldía popular en el poder, luchando desde el gobierno contra el sistema secularmente impuesto por las clases opresoras; y como decía Ricardo Morales Avilés, para que esa lucha fructifique “hay que cambiar tantas cosas (…); primero el poder, la propiedad, nosotros, y después… aire fresco y maíz para todos; aire y flores para todos”. En eso está empeñada la Nicaragua sandinista, hoy más digna y victoriosa que nunca.
Carlos Fonseca Terán. Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional.