El gobierno de Costa Rica rechazó el fallo unánime de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua, que ordena suspender la construcción de una carretera a lo largo de la margen sur del río San Juan, en la frontera con Nicaragua, por «peligrosidad ambiental». El fallo, emitido el 2 de julio, responde […]
El gobierno de Costa Rica rechazó el fallo unánime de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua, que ordena suspender la construcción de una carretera a lo largo de la margen sur del río San Juan, en la frontera con Nicaragua, por «peligrosidad ambiental».
El fallo, emitido el 2 de julio, responde a una demanda entablada en diciembre por organizaciones no gubernamentales nicaragüenses por los daños que la carretera podría causar al medio ambiente en el río San Juan, sobre el que Nicaragua tiene soberanía. También en diciembre Nicaragua presentó una demanda contra Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, por este mismo caso.
«Costa Rica actuó en forma unilateral, inconsulta, inapropiada y apresurada, violentando los compromisos internacionales bilaterales y multilaterales», dice la sentencia.
La presidenta costarricense Laura Chinchilla calificó el fallo de «espurio e ilegítimo» y adelantó que no será acatado porque su país no reconoce la competencia de la CCJ, órgano del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Costa Rica justificó la construcción de la carretera, que en su mayor parte corre paralela al río, señalando los impedimentos a la libre navegación, a la que tiene derecho, impuestos por Nicaragua.
Aunque Costa Rica nunca ha reconocido la jurisdicción de la CCJ, el juez salvadoreño Ricardo Acevedo precisó que como firmante del Protocolo de Tegucigalpa, que creó el SICA en 1991, el país está obligado a acatar las sentencias del tribunal regional.
Para Acevedo, Costa Rica desconoce la CCJ y sus fallos por «razones políticas no jurídicas».
La Cancillería costarricense anunció el 4 de julio que no participará en los foros del SICA en los próximos seis meses, mientras Nicaragua tenga la presidencia pro témpore del bloque. Según reportes periodísticos, el objetivo de Costa Rica sería golpear a la CCJ, a la que acusa de estar parcializada a favor de Nicaragua, e incluso lograr su disolución.
El canciller costarricense Enrique Castillo dijo que la CCJ «no tiene competencia ni credibilidad para decirnos cómo hacer las cosas y ordenarnos nada. Es una corte espuria, que no reconocemos y que trata de meterse en asuntos bilaterales, lo que daña al sistema de integración».
Fuente original: http://www.noticiasaliadas.