Estamos viviendo en momentos de cambios sustanciales en lo que se entiende como globalización. Esas modificaciones ocurren en los procesos que están en marcha, los actores que los animan, y sus efectos y condiciones sobre América Latina.
No siempre se advierten las profundas modificaciones que están en marcha. En nuestra región, lo más frecuente es que los gobiernos, los medios de comunicación convencionales, buena parte de la academia, e incluso muchos en los movimientos ciudadanos, presten especial atención a las disputas comerciales, a las medidas que toma la administración de Donald Trump en Estados Unidos, o los conflictos armados, especialmente en Ucrania y ahora en Gaza.
Esos abordajes son comprensibles, y sin duda son relevantes. Pero también nos deben preocupar otros aspectos, tanto sociales como ambientales, que son tanto o más graves, y merecen ser atendidos con detenimiento. Están en juego distintas implicaciones para la sociedad civil y para la Naturaleza latinoamericana. Seguidamente se comparten algunas secciones de un documento que examina algunas de esas cuestiones, buscando llamar la atención sobre ciertos asuntos que son marginalizadas.
La globalización más allá de las guerras comerciales y Trump
Buena parte de los abordajes prevalecientes están enfocados en la guerra comercial que Estados Unidos desató con varios países. Se repiten los informes sobre las disputas de ese país con China, Canadá, la Unión Europea, y muchos otros países, que en el caso latinoamericano han involucrado a México, y más recientemente a Brasil.
Ese énfasis tiene varias implicancias que deben ser puestas en consideración. Se insiste en tratar las disputas como una cuestión esencialmente comercial, y en particular se analizan los aranceles. De ese modo, prevalece la mirada economicista. Otros componentes quedan relegados en un segundo plano, aunque muchos de ellos guardan una enorme relevancia. Basta como ejemplo que la embestida de Washington contra Brasil está asociada a declaraciones del presidente Donald Trump defendiendo a Jair Bolsonaro, quien está procesado por su participación en el intento de golpe de Estado. Por lo tanto, esas medidas estadunidenses pretenden intervenir en la política y justicia interna brasileña, e incluso defienden a un golpista.
Al mismo tiempo, los análisis más repetidos, de un modo u otro se enfocan en el personaje Trump. Se describen sus posiciones políticas, sus modos de expresarse y relacionarse con distintos gobiernos, o sus dichos sobre otras culturas, su agresividad y desplantes. Esa insistencia impide advertir que más allá del presidente, otros actores políticos clave de su administración expresan ideas y comportamientos similares. Son los casos, entre otros, del vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, los líderes republicanos en el poder legislativo (como el senador Mike Johnson, y el representante Steve Scalise), varios secretarios, etc. Recordemos, como ejemplo, que Rubio fue quien desplegó las presiones sobre Panamá para ganar incidencia en el manejo del Canal. Por lo tanto, no se puede señalar que Trump sea el único responsable, ni que bastará que deje la presidencia para que la situación cambie, ya que son muchos otros los que defienden ideas semejantes.
Atrapados en disputas comerciales y económicas
La guerra comercial de la administración Trump produce enormes cambios y distorsiones en el comercio de bienes, como una multiplicación de la volatilidad y la incertidumbre. Se imponen aranceles de forma discrecional, lo que afecta a muchos países que exportan hacia EE.UU., incluidos varios latinoamericanos. Esas medidas avanzan bajo una sucesión de dichos, con marchas y contramarchas, porcentajes de los aranceles que cambian de un día a otro, excepciones que se otorgan contradiciendo lo que se dice, periodos de tregua, etc.
Las alteraciones arancelarias tendrán enormes efectos en América Latina, pero no son el único problema comercial – económico que afecta al continente. Por ejemplo, todo el bloque del MERCOSUR sigue insistiendo en firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, lo que tendrá consecuencias sustantivas de uno y otro lado del océano. Aunque se lo negocia sin las groserías propias de Trump, sino que exhibiendo buenos modales, de todos modos su puesta en marcha tendrá, entre otras consecuencias, agravar la presión ambiental provocada por el agronegocio. Al mismo tiempo, implica reforzar un modelo de libre comercio que han seguido, por ejemplo, México, Colombia, Perú y Chile.
Aprovechando esas condiciones, también se suman acciones para acceder a lo que ahora se denominan como “minerales críticos”, se lanzan inversiones en minería de litio o en Hidrógeno Verde, o se reactivan proyectos de fracking.
México ofrece un contrapunto a la lectura puramente arancelaria de la coyuntura, porque su exposición está dada menos por aranceles directos y más por dependencias estructurales, y el condicionamiento político con el vecino del norte. En 2025, el gobierno encaminó la extradición de presuntos capos criminales tal como solicitó Washington, indicando que no era parte de “trueques” arancelarios, pero reconociendo el telón de fondo de tensiones bilaterales.
Esto muestra que la guerra comercial se entrelaza con intereses extracomerciales que condicionan los márgenes de maniobra de los gobiernos.
Bajo este contexto, se siguen perdiendo las oportunidades de reconstruir y fortalecer otra integración económica y productiva dentro de América Latina. Estos momentos de hostilidad de algunas naciones industrializadas y de enorme volatilidad en los mercados internacionales, en lugar de promover articulaciones entre latinoamericanos, de todos modos insisten en negociar y llegar a acuerdos con Estados Unidos o con otros bloques extraregionales. No solo eso, sino que otra vez buscan salidas exportando materias primas para así enfrentar las dificultades económicas. Las iniciativas continentales, como UNASUR o CELAC no han logrado ofrecer opciones alternativas a esa globalización; las coordinaciones más amplias, como los BRICS, padecen de las insalvables diferencias entre sus miembros en cómo entender la política y la democracia.
Las opciones de cambio se restringen aún mas a medida que ideas producidas en las naciones industrializadas del Norte y en agencias multilaterales, pasan a ser presentadas como soluciones globales que el Sur debería seguir. Un ejemplo de esto son las propuestas de la llamada “economía circular”, distintas versiones de programas de autoregulación empresarial, o los planes de transiciones energéticas que ahora se ofrecen como solución en nuestra región.
Ideologías y prácticas volcándose a la derecha
Las relaciones internacionales no escapan hacia el creciente sesgo hacia posturas ultra conservadoras o de extrema derecha. Esto ocurre en el Norte, donde la administración Trump es un ejemplo, pero se repite en América Latina, como sucede con el gobierno de Javier Milei en Argentina, o la deriva en el mismo sentido de Daniel Noboa en Ecuador o Dina Boluarte en Perú. Los principales grupos de oposición en varios países también expresan esas ideas, como muestra José Antonio Kast en Chile. Por lo tanto, América Latina, salvo excepciones, acompaña ese giro político.
Esto genera varias consecuencias, y entre ellas deseamos señalar algunas. Se naturalizan acciones o actitudes que hasta hace poco se reconocían como dañinas y eran socialmente censuradas, para ser ahora naturalizadas, aceptadas por unos con resignación, y por otros con desinterés. El alejamiento de la política se alimenta una y otra vez, y ello desemboca, por ejemplo, en la crisis crónica de legitimidad de las presidencias y legisladores en Perú.
Al mismo tiempo, se alimentan confusiones. Esa deriva hacia la extrema derecha política es tan pronunciada, e incluso tan agresiva, que otras posiciones conservadoras en el sentido clásico, ahora son catalogadas como positivas, generan alivio, e incluso algunos las califican de nueva izquierda. Es así que, en plenas disputas comerciales, pongamos por caso, la administración Boric de Chile, viaja a Estados Unidos a defender el Tratado de Libre Comercio entre esos países, presentando como positivo un acuerdo comercial que ha sido cuestionado por años desde la sociedad civil.
Algunas de estas situaciones se podrán comprender, y en particular por el cansancio de muchos grupos ciudadanos, pero deben ser advertidas. Pero es imprescindible no caer en confusiones y reconocer las diferencias sustantivas entre esas posiciones.
De ese modo se debe advertir que las opciones políticas parecen incapaces de renovarse. Las corrientes político partidarias conservadoras, más allá de cómo asumían realmente los ideales liberales, no han sido capaces de detener esa deriva hacia la extrema derecha, y muchos de sus protagonistas terminaron tomando ese camino. O bien, en algún momento decidieron abandonar las ideas que originalmente tenían en defensa de modelos de bienestar social.
El progresismo que se presentó como una renovación de la izquierda, ahora está exhausto, sin capacidades de cambio, y sigue apostando a la globalización asentada en estrategias de desarrollo convencionales. Se repiten los extractivismos que alimentan todo tipo de conflictos, y por ello se intenta acallar a la sociedad civil. Esos cambios son evidentes en el giro extractivista y globalizado de la administración Boric en Chile, la persistencia extractivista en Colombia a pesar de los discursos de Gustavo Petro en Colombia, o la necesidad de una gran coalición con la centro derecha en el gobierno Lula da Silva en Brasil. En Bolivia, la crisis económica y política pone en entredicho la misma subsistencia del progresismo. Entretanto, gobiernos como los de Nicaragua y Venezuela cayeron en el autoritarismo, a pesar de sus discursos progresistas.
Los actores globales clave desde la mirada latinoamericana
Mientras buena parte de la atención se otorga a los espectáculos desagradables que ocurren en Washington o la tragedia en Gaza, otros actores pasan más o menos desapercibidos. Un ejemplo es el papel de la Unión Europea, que, como se comentó arriba, sigue presionando por unos acuerdos asimétricos de liberación comercial (protegiendo sus sectores agropecuarios pero asegurando su acceso a los minerales latinoamericanos). Tampoco pueden desatenderse la presencia de Rusia en varios sectores, o la creciente influencia, por ejemplo, de las naciones del Medio Oriente e India. Pero aún más importante es el rol de China en América Latina.
Beijing mantiene un calmo pero constante avance en su roles comerciales y políticos, sin estridencias, pero cada vez con más firmeza, y así refuerza su influencia. El intercambio comercial entre ese país y el continente superó los 500 mil millones de dólares por primera vez en 2024. Es el primer socio comercial, o uno de los primeros en varios países, y eso se complementa con diversas inversiones, y un fondo de créditos estimado en 9 mil millones de dólares enfocado en infraestructura, pobreza y transformación digital (aunque es menos de la mitad de lo anunciado originalmente por el premier Xi Jinping). Hacia ese destino se exportan sobre todo agroalimentos, minerales y otras materias primas. La guerra comercial entre Beijing y Washington favorece algunas exportaciones latinoamericanas, como soja, cobre, hierro y aluminio, y en especial se multiplica el interés por el litio sudamericano. Todos estos descansan en extractivismos bien conocidos en nuestros países, y que de hecho se incrementan bajo la guerra comercial con Estados Unidos. A su vez, la región es destino de muchas manufacturas chinas, desde vestimentas a automóviles.
En cuanto a las inversiones, China las encamina para acceder tanto a materias primas como a promover sus exportaciones, incluyendo las infraestructuras que las posibilitan. Incluso aquellas enfocadas industrias más complejas tienen ese propósito.
Esa marcha de la globalización concreta algunos de los planes de la conectividad extrovertida que se postularon en el continente a inicios de los años 2000. Siguiendo la calificación de “puertos amigos”, se inauguró el puerto de Chancay en Perú, con participación directa de China, el que a su vez está vinculado a distintas rutas que se continúan en Brasil. Esa conexión tendrá amplios efectos sobre la Amazonia de Perú, Bolivia y Brasil, así como en las áreas vecinas. La conexión ferroviaria que unirá Brasil con ese puerto peruano descansa en inversiones de la empresa China State Railway Group. Al mismo tiempo, otra corporación estatal china, COFCO, está construyendo en el puerto de Santos la terminal exportadora de granos más grande que tiene fuera de su país. Todo esto, a su vez, en el marco de 22 países latinoamericanos que se sumaron a la Iniciativa de la Franja y Ruta de China.
Los actuales gobiernos son entusiastas promotores de estas iniciativas. Por ejemplo, la ministra de Planificación de Brasil, Simone Tebet, en una sesión en el Congreso, afirmó que se promueve la política de “integración de infraestructuras” en América del Sur, tanto para promover que los productos brasileños lleguen mas rápidamente a China y otros países de Asia, como para permitir el comercio de mercaderías con los vecinos sudamericanos.
Se hacen más frecuentes y más evidentes las presiones de las empresas y del gobierno chino en nuestra región. Esto se ha manifestado en Chile con las disputas sobre la participación en la minería de litio y las inversiones en el sector de automóviles con baterías. Pero de todos modos los gobiernos latinoamericanos desean profundizar sus vínculos con Beijing.
Todos estos casos muestran que, desde la mirada latinoamericana, Beijing es un actor internacional tan importante como Washington o Bruselas. No sólo eso, sino que en varios sectores y en distintos sentidos, puede ser el actor más relevante en la actualidad. La demanda China se vuelve, por esos medios, un factor que determina la apropiación de recursos naturales y la conflictividad alrededor de los extractivismos latinoamericanos.
El cuidado de la Naturaleza se tambalea
Esta nueva globalización reduce aún mas las opciones de lograr coordinaciones multilaterales para proteger la ecología planetaria. En Estados Unidos se desmontan las agencias ambientales, lo que tiene efectos severos dentro de ese país, pero al mismo tiempo se pierden sus roles internacionales (desde la elaboración de indicadores e información científica sobre el estado del ambiente a sus contribuciones en los acuerdos internacionales, por ejemplo, en cambio climático o biodiversidad).
China, que es el primer emisor mundial de gases invernadero, no ofrece un liderazgo internacional en el cuidado del planeta. Es más, siempre que puede aprovecha las opciones para seguir avanzando con la quema de combustibles fósiles. Asimismo, Rusia no solamente está involucrada en crímenes de guerra en la invasión a Ucrania, sino que además ataca los acuerdos ambientales multilaterales, ya que pretender seguir explotando sus hidrocarburos, y anuncia que en lugar de reducir sus emisiones de gases invernadero, las aumentarán.
Por lo tanto, en la actual mundialización está en marcha un nuevo empuje de la explotación de hidrocarburos y carbón, y al mismo tiempo pierden su fortaleza los convenios multilaterales ambientales, como el Acuerdo de París. Distintos gobiernos latinoamericanos aprovechan esas condiciones para lanzar nuevas exploraciones petroleras, especialmente marinas, tal como sucede en Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay. El giro gasífero mexicano es otro ejemplo, ya que se abrieron las puertas a incrementar la extracción de hidrocarburos, incluyendo el fracking, tal como se indica en el Plan Estratégico 2025–2035. Cualquiera de ellas son medidas a contramano de compromisos climáticos y de la evidencia de impactos sociales y ambientales.
En el mismo sentido, se insertan en iniciativas internacionales que promueven el llamado Hidrógeno Verde. A pesar de que sus aplicaciones prácticas son endebles y aún inciertas, distintas empresas logran beneficios en distintos países, como ocurre especialmente en Chile, y en parte en Uruguay.
Al mismo tiempo, la discusión pública sobre políticas ambientales queda relegada bajo el aluvión de polémicas en temas comerciales o partidarios, tanto a nivel regional como dentro de cada país. Se les presta más atención a los exabruptos del presidente Trump que, por ejemplo, a sopesar las necesarias medidas para proteger ambientes claves como los bosques tropicales o las costas marinas. Los espacios nacionales para pensar y discutir políticas públicas ambientales se encogen ya que siempre hay alguna otra cuestión momentáneamente más llamativa.
Bajo este contexto, siguen avanzando los mecanismos de autoregulación empresarial, como ya se indicó en este documento. En el campo ambiental es conocido que en las últimas décadas se han sucedido propuestas y acciones con ese propósito, como los instrumentos de la gobernanza social-ambiental (ESG – Environmental Social Governance), certificaciones empresariales de cumplimiento ambiental o de buenas prácticas, y así sucesivamente. Son medidas embebidas en discursos que sostienen que los impactos ambientales no existen, son mínimos, o que pueden ser efectivamente mitigados por medio de tecnologías que en más de una ocasión no dudan en calificar como de “punta”.
El ataque a los derechos y la democracia
La actual dinámica de los asuntos globales muestra tanto rupturas como incumplimientos con los ideales políticos liberales que antes brindaban legitimidad. Recordemos que el programa de la globalización de fines del siglo XX también se basada en fomentar la democracia, al estilo liberal, la salvaguarda de los derechos y la justicia, y el acatamiento de reglas de convivencia entre naciones, entre las cuales se excluía la guerra.
En parte debido a esos deseos se expandió el multilateralismo, el intento de universalizar los derechos humanos, y los convenios para enfrentar desafíos sociales y ambientales globales. El multilateralismo fortaleció la atención a la cooperación internacional entre actores gubernamentales, y también legitimó el papel de redes y organizaciones ciudadanas no gubernamentales de distintos tipos.
Pero las naciones occidentales más ricas que promovían ese orden, se han mostrado incapaces de asegurar ese marco de derechos o evitar la guerra, como ocurre ante el genocidio en Gaza y la complicidad de hecho con las acciones militares israelíes. El sistema multilateral, incluyendo las Naciones Unidas, ha sido incapaz de impedir ese derrumbe, sea en evitar los conflictos violentos en ciertos países o entre países, o en cumplir con efectividad con las múltiples promesas sobre el combate a la pobreza, la erradicación del hambre, evitar el cambio climático o conservar la biodiversidad.
El cumplimiento de aquellos ideales globalistas se ha derrumbado. Incluso puede sostenerse que el problema es aún mayor, ya que estamos ante la incapacidad de las Naciones Unidas para impedir conflictos embebidos en una violencia terrible en distintas regiones (como ocurre en Sudán, Siria, Yemen, Congo, etc.), o aceptando complicidades cruzadas (tales como las de Estados Unidos y otras potencias occidentales, o las de China, Rusia o Irán). También se esquivan situaciones dramáticas, como lo que ocurre con la encarcelación inhumana en El Salvador o la transferencia y adopción forzada de niños ucranianos en Rusia.
La deriva hacia la derecha, comentada arriba, contribuye a ello. Sin duda que esa debacle, a su vez, está anclada en deterioros dentro de esos mismos países, donde, otra vez, el caso extremo ocurre en Estados Unidos. En efecto, la administración Trump ha desmontado agencias y políticas que salvaguardaban derechos, persigue a los inmigrantes, ataca a la prensa y las universidades, pretende encarcelar enemigos, pero perdona a quienes atentaron contra su Congreso.
Enfrentamos, por lo tanto, un derrumbe del sistema multilateral, que no es adecuadamente observado y ponderado desde América Latina. Los gobiernos de la región se silencian em unos casos o critican en otros, sin seguir principios sobre los derechos y la justicia, sino atendiendo a sus intereses políticos o económicos. Eso permite que, por ejemplo, Washington ahora promueva el papel de El Salvador como depósito de latinoamericanos deportados por medios que muchos califican de irregulares, o la defensa que ese gobierno hace del bolsonarismo golpista en Brasil.
Estas también son situaciones y acciones que antes eran consideradas inaceptables, y que podían desatar la censura desde los países industrializados, pero ahora son aceptadas.
No pasa desapercibido que, al no abordarse la situación de la democracia y los derechos humanos entre distintos actores globales, bajo la excusa de la necesidad de asegurar “negocios”, se alimenta la relativización de esas condiciones en nuestros propios países. Se escuchan cuestionamientos a la situación de la democracia y la justicia por ejemplo en Venezuela o Nicaragua, pero no sobre China. Los Estados latinoamericanos negocian con gobiernos autoritarios, dictaduras o monarquías, y esas condiciones se aceptan y normalizan.
El deterioro de la calidad democrática se asocia a un debilitamiento en asegurar la justicia por el Estado. Distintos actores aprovechan esas circunstancias y alimentan un nuevo empuje contra las organizaciones ciudadanas, sus lideres y militantes, y también contra las normas y la institucionalidad que aseguran distintos tipos de justicia. Las instituciones que aseguran los derechos de tercera generación son golpeadas en varios países; por ejemplo, J. Milei en Argentina anuló el ministerio del ambiente y D. Noboa en Ecuador desea fusionarlo con el de energía; en Brasil, se acaba de aprobar una medida legislativa calificada como “ley de la devastación” por debilitar drásticamente el licenciamiento ambiental. También se ataca a la ciudadanía; recientemente en Perú y Ecuador, se aprobaron reformas normativas que buscan controlar y maniatar a las organizaciones de la sociedad civil. Este es un fenómeno que en su esencia no es nuevo, y ocurrió en el pasado reciente por ejemplo en Bolivia. Bajo estas condiciones se mantiene o incentiva la criminalización de las voces ciudadanas.
Se hace cada vez es más difícil que la ciudadanía puede organizarse, que pueda acceder a la información y poner en evidencia los impactos que padecen, resistir la imposición ante la implantación de emprendimientos que los afectan o desplazan, o buscar las alternativas de cambio. Por si esto fuera poco, el recorte en los derechos humanos incrementa la impunidad y favorece la diseminación de la violencia.
El deterioro de la democracia y la justicia se observa en casi todos los países. Cae la confianza en los actores políticos y en las instituciones estatales, se expande el desinterés con los asuntos colectivos, e incluso se aceptan las opciones autoritarias.
Las contrapartes globales que podrían servir como ejemplo, e incluso respaldo, en la defensa de los derechos y la democracia han disminuido todavía más. No se puede esperar ese apoyo desde los dos principales protagonistas de la globalización actual, sea China, que persiste en un régimen autoritario que controla la sociedad civil, como desde Estados Unidos, que avanza en una dirección similar. Las extremas derechas latinoamericanas aprovechan todas estas condiciones y presionan en el mismo sentido. Por lo tanto, estamos inmersos en una globalización que deteriora y erosiona la democracia.
Suplantación y renuncia
La globalización actual promueve y felicita a los Estados que se retraen aceptando o cediendo responsabilidades políticas a las empresas en materia de derechos, participación y justicia. Esta relación antes era inaceptable, en tanto el sentido común ciudadano y la política entendían que los mandatos de justicia que debía asegurar el Estado eran incompatibles con la racionalidad de ganancia o beneficios que defienden las corporaciones.
Pero ahora se acepta y legitima que los actores empresariales corporativos suplanten algunos roles estatales, sea en la regulación o desempeño de las empresas, o en cómo se relacionan con actores locales. Se promueve la ilusión que las comunidades pueden participar en los negocios empresariales, incluso que pueden ser “socios” de las corporaciones, y al mismo tiempo, diversos esquemas de responsabilidad social empresarial son defendidos como suficientes y eficientes. En algunos casos, esto llega a extremos donde hay empresas a las que ya no les preocupa lo que les puedan señalar desde un Estado latinoamericano, y se apoyan en estándares o códigos internacionales, e incluso negocian directamente con las comunidades. La globalización opera en ese sentido amplificando las posturas de confederaciones o asociaciones empresariales, decisiones multilaterales y la acción de agencias de la ONU u organizaciones que promueven esa estrategia, como la OCDE.
Se llega así a una situación paradojal, donde hay gobiernos latinoamericanos que lanzan discursos en defensa de su soberanía frente al caos global, pero en realidad renuncian a ella aceptando ceder sus competencias a empresas o incumplen algunos de los mandatos básicos que les imponen sus propias normas. Pero como la retórica discursiva enarbola una y otra vez palabras como soberanía, independencia o justicia, la situación real no siempre es evidente, y muchos quedan atrapados en confusiones.
No olvidar a las comunidades
Pensar a la globalización como un juego de los grandes países o restringida a los intercambios comerciales, en especial observando lo que sucede en las capitales occidentales del norte, contribuye a que se dejen de lado los impactos que golpean a barriadas en las ciudades o a comunidades rurales.
La actual globalización está reforzando el papel de América Latina como proveedora de materias primas para sostener sus exportaciones, por lo que se mantienen e incluso aumentan los extractivismos, los que tienen severas consecuencias sobre comunidades locales, y generan todo tipo de resistencias ciudadanas. Entre los más afectados se encuentran las comunidades rurales, y en particular las indígenas. Al mismo tiempo, como esa inserción global no ofrece salidas en empleo y producción adecuadas, la informalidad y la pobreza siguen afectando a la población urbana. Estas circunstancias también favorecen la penetración de la violencia.
En efecto, América Latina padece la más alta tasa de homicidios a nivel mundial (alcanzando casi los 20 asesinatos por 100 000 personas, triplicando así el promedio global). La situación es particularmente grave en América Central y el Caribe, y todavía más en algunas ciudades que están entre las más peligrosas del mundo (como en México, Venezuela, Brasil y Honduras). Este deterioro avanza en todos los países, y la más reciente agudización ocurrió en Ecuador. La región también cuenta con el más alto número de asesinatos documentados de defensores de la tierra y el ambiente; éstos se acumulan en Brasil, Colombia, Honduras y México. A su vez, en Colombia se registra la mayor tasa de asesinatos en el mundo de esos defensores.
Esta creciente violencia se debe a varios factores, tales como los inadecuados sistemas de educación y protección social o las limitadas opciones laborales, y sobre ello se suman grupos criminales que se organizan incluso a nivel internacional. Varios, a su vez, sostienen sus propias redes de distribución y comercialización, sea de narcóticos, fauna y flora, oro u otros bienes. Su diseminación transnacionalizadas termina golpeando a las comunidades tanto en ciudades como en el campo.
Entretanto, los gobiernos repiten sus esfuerzos para implantar redes de conexión que viabilicen sus exportaciones, tales como carreteras, ferrovías o hidrovías. Empujes de ese tipo se vivieron a inicios de siglo, y ahora reaparecen como los llamados “corredores interoceánicos”, expresados en distintos planes en México y Centro América, y América del Sur. La consecuencia es que distintos territorios que antes estaban resguardados, ahora sufren la invasión de todo tipo de proyectos. Se impactan distintos ambientes, y se afectan de múltiples modos a sus comunidades locales.
Como puede verse, distintos procesos internacionalizados desembocan en afectar a las comunidades locales, recortando sus derechos de distintas maneras, cercenando los mecanismos de información y participación, y sumiéndolas en conflictos que, a su vez, refuerzan todavía más la diseminación de la violencia, incluyendo el hostigamiento, la criminalización e incluso los asesinatos.
Finalmente debe apuntarse que las comunidades locales en particular, y la ciudadanía en general, es excluida de los debates y toma de decisiones sobre las estrategias por las cuales América Latina navega la globalización. Los gobiernos, y junto a ellos, empresas, y ciertas organizaciones ciudadanas y académicas, toman decisiones o defienden resoluciones, sin informar ni consultar a las comunidades, aunque éstas serán afectadas de una manera u otra. Se abusa en considerar que las relaciones internacionales de cada país son cuestiones técnicas o complejas que escapan al juicio de las personas, para de ese modo excluirlas.
Observar y actuar en la globalización desde América Latina
Los aspectos que se acaba de considerar muestran que las dinámicas globales siguen siendo extremadamente importantes en América Latina. En momentos en que algunos sostienen que la globalización murió, que Estados Unidos como poder global se derrumba, o que se entra a una nueva globalización multipolar, una mirada latinoamericana muestra que nuestro continente sigue siendo un actor subordinado. Además, a pesar de cambios políticos y reordenamientos de grupos de poder dentro de los países, se repiten conocidas estrategias de desarrollo basadas en los extractivismos o se incumple con los derechos de las personas y la Naturaleza.
Los cambios globales lastimosamente no han sido aprovechados para promover otro tipo de inserción internacional ni otras opciones productivas y económicas. Por el contrario, aparecemos atrapados en una deriva hacia la extrema derecha política, la primarización exportadora, y la violencia.
Reconocemos las dificultades en abordar muchos de estos asuntos. Las miradas incompletas o superficiales de la globalización, como las que parecen contentarse con el declive de Estados Unidos, cuestionar a Europa occidental, o ilusionarse con una alternativa China, no resolverán los problemas latinoamericanos. Al mismo tiempo, cualquier análisis serio debe observar a todos los actores internacionales, sin minimizar, por ejemplo, los papeles de la Unión Europea, India, Sudáfrica y otras naciones, y en particular de China. Todos ellos, cada uno a su manera, están siguiendo estrategias de desarrollo que, más allá de sus diferencias, coinciden en aspectos clave como necesitar de la apropiación masiva de nuestros recursos naturales, o se aprovechan de los recortes sobre la justicia y la democracia que afectan a América Latina. Las limitaciones en poder desentrañar con rigurosidad e independencia ese tipo de procesos, afecta las capacidades en ofrecer respuestas y en proponer alternativas, y al mismo tiempo, nos deja atrapados en ser funcionales a ese tipo de globalización.
Es necesario remontar esas restricciones para abordar críticamente lo que ocurre en el escenario global. Ese contexto internacional tiene enormes impactos y condicionalidades sobre nuestras sociedades y ambientes. Para evaluarlo adecuadamente se debe mantener un compromiso con las comunidades locales y con nuestra Naturaleza, nutrirse de la propia historia y considerar las coyunturas de cada país y de la región. No puede caerse en análisis que se desencajan de nuestras realidades, olviden la historia, o caigan en imitaciones globalistas, como si lo que sucede en una capital latinoamericana fuese igual a lo que se discute en Londres, Beijing o Washington. Ese tipo de abordajes no deben repetirse.
Por estas razones, analizar de modos rigurosos e independientes la marcha de la globalización actual, es una tarea urgente, para de ese modo poder contribuir a promover alternativas que fortalezcan la democracia, la salvaguarda de los derechos y la justicia en todos sus ámbitos.
Aleida Azamar Alonso es profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana de México; Rubens H. Born es director de la Fundação Esquel Brasil; Oscar Campanini es investigador del Centro Documentación Información Bolivia (CEDIB); Lucio Cuenca es director en el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA); Eduardo Gudynas es investigador en CEDIB y en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); Catalina Toro Pérez es profesora en la Universidad Nacional de Colombia.
Publicación del Observatorio Latino Americano de la Globalización, una iniciativa de CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia), OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales) y CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). El texto completo está disponible en http://globalizacion.org/wp-content/uploads/2025/08/OLAGDesAcuerdosGlobales03Ago25.pdf
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