El pasado 30 de marzo, el diputado Rafael Alegría introdujo un anteproyecto de la Ley de la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI) elaborada por el Observatorio de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras (ODHPINH), la cual surgió de un trabajo de análisis y reflexión concluido en una reunión del Observatorio efectuada en la […]
El pasado 30 de marzo, el diputado Rafael Alegría introdujo un anteproyecto de la Ley de la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI) elaborada por el Observatorio de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras (ODHPINH), la cual surgió de un trabajo de análisis y reflexión concluido en una reunión del Observatorio efectuada en la comunidad Garífuna de Sambo Creek en septiembre de 2014.
El equipo de elaboración de la ley estuvo conformado por representantes de los pueblos indígenas del país, contando con la presencia y colaboración de Berta Cáceres desde el inicio de la redacción del texto de la ley. Los significativos aportes de Berta al anteproyecto, estuvieron enmarcados con su espíritu de lucha en pos de la defensa de territorios, biodiversidad y cultura.
El derecho a la consulta previa, se encuentra consignado en el convenio 169 de la OIT, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Convenio 169 fue ratificado por el Estado de Honduras en el año de 1995, y hasta la fecha las leyes nacionales no fueron adaptadas al convenio, como indica la Convención de Viena sobre el derecho de Tratados de Viena (1969).
El Estado de Honduras pretendió diluir el Convenio 169 a través de una caricatura denominada Ley indígena, la que fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La evasión estatal para apegarse a la Convención de Viena ha dado lugar al incumpliendo del artículo 26 de la Parte III, el cual se refiere al Pacta Sunt Servanda (lo pactado obliga).
Desde hace más de 20 años, los diferentes pueblos indígenas del país han reclamado sobre el derecho a la consulta, sin que el estadio de Honduras haya tomado decisión alguna para impedir los atropellos que se han venido dando en nombre de un supuesto desarrollo. Desde los decretos para la construcción de represas hidroeléctricas, pasando por la entrega de la plataforma marítima en la Mosikitia para la exploración de hidrocarburos, concesiones mineras, y una serie de leyes que fueron aprobadas a matacaballos por el Congreso Nacional, especialmente a partir del golpe de estado del 2009; han ignorado el CPLI, colocando en riesgo la sobreviencia de pueblos indígenas como culturas diferenciadas.
A lo largo y ancho del continente americano existe una ofensiva neoliberal sobre territorios y nuestro bienes comunes, siendo el CPLI un instrumento de defensa para los pueblos, mientras se ha convertido en un obstáculo para el «desarrollo» neoliberal promovido por organismos financieros y agencias de cooperación.
Inversionistas y políticos se han dedicado a desvirtuar el CPLI a través de falsas consultas y la manipulación de supuestos líderes indígenas, la mayoría de ellos radicados en las urbes del continente. Desde leyes y reglamentos ambiguos hasta prebendas, forman parte del arsenal de los estados -nación, los que al verse incapaces de someter a los pueblos, simplemente recurren a la represión o eliminación física de líderes opositores al saqueo y la destrucción. La inseguridad jurídica que existe en Honduras sumada a la imparable espiral de violencia, nos coloca a los defensores de territorios y culturas como enemigos del «desarrollo» y por ende somos eliminables.
La Ley de Consulta elaborada por ODHPINH, viene a suplir el vacío jurídico existente, el que ha sido aprovechado por el estado de Honduras, experto en reducir la consulta a un simple socialización a posteriori. Como ejemplo clásico de la capacidad de distorsión basta analizar el proceder de los funcionarios implicados en la entrega de 35 mil km2 de la plataforma marítima de la Moskitia a la compañía británica BG, por una cifra irrisoria de dinero, sin que hasta la fecha conozcamos los detalles de las comisiones otorgados por la pifia cometida.
Cabe recordar que el estado de Honduras fue condenado el 18 de diciembre de 2015, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, ante las repetidas violaciones al derecho a la Consulta Previa. Hasta la fecha la admisnistración de Juan Hernández ha permanecido en el silencio.
Esperamos que el Congreso Nacional apoye la iniciativa presentada por el Sr. Rafael Alegría, aunque reconocemos que existen personas decentes dentro del hemiciclo, persiste la presencia de la recua que hace más de un siglo describió Sam Zemurray.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH.
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