OEA aceptó reingreso de Honduras al grupo

Una Asamblea Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada ayer en Washington D.C. (Estados Unidos), decidió el reingreso de Honduras al grupo, ya que el país había sido expulsado después del golpe de Estado ocurrido en junio de 2009, cuando depuso al entonces presidente Manuel Zelaya. Con el retorno del ex-mandatario a Honduras, el último sábado (28), creció la expectativa sobre el retorno del país a la OEA.

Fue la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y de la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras, también llamado Acuerdo de Cartagena de Indias, intermediado por los gobiernos de Venezuela y Colombia con el actual presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, lo que posibilitó el regreso de Zelaya a Honduras y promovió el retorno del país a la OEA.

A pesar de que todos los países-miembros votaron a favor de la reincorporación de Honduras a la organización, sumando 32 votos favorables, sólo el Ecuador votó en contra. Esto porque el gobierno liderado por el presidente Rafael Correa cree que primero es preciso que haya justicia y castigo para los responsables del golpe político. Durante la votación, la embajadora de Ecuador, María Isabel Salvador, declaró a la OEA que «democracia, Estado de Derecho, debido proceso, no a la impunidad, no pueden ser solamente palabras que se repiten en los discursos».

Ella dijo además que la ‘impunidad propicia la repetición crónica de la violación de los derechos humanos’. Aún estando en contra de la decisión, Rafael Correa ya había declarado que respetará la determinación de la OEA.

Además de Ecuador, grupos de Derechos Humanos también estuvieron en contra del reingreso de Honduras al grupo de Estados Americanos, ya que muchos delitos, persecuciones y violaciones de derechos humanos y del derecho a la libertad de expresión fueron cometidos en territorio hondureño después del golpe de Estado. Según datos de organizaciones sociales, el año pasado, 10 periodistas y otras 36 personas fueron asesinados en el país, por motivos políticos.

Para grupos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Acuerdo de Cartagena de Indias no reconoce las violaciones ni establece mecanismos efectivos para la investigación de los delitos y castigo de los responsables.

Grupos defensores de derechos humanos lamentaron el hecho de que muchos de los violadores ocupan cargos públicos en órganos como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. En noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que muchos miembros de la cumbre militar que lideró el Golpe de Estado estaban ocupando cargos en el Poder Ejecutivo.

A pesar de considerar importante el reingreso de Honduras en la OEA, los grupos civiles afirmaron que es imprescindible investigar y castigar a las personas que violaron los derechos individuales de terceros por motivaciones políticas, principalmente de activistas políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. «Como mínimo, la OEA debe retomar las recomendaciones dadas por la Comisión de Alto Nivel nombrada por esta institución en junio de 2010», aclararon.

Dijeron que no se trata sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias de América Latina y el Caribe, y pidieron que se evalúen medidas que puedan poner fin a las amenazas y asedios contra periodistas, comunicadores sociales, profesores, defensores humanitarios e integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular.