La licencia otorgada por el gobierno de Otto Pérez Molina al proyecto El Escobal de la minera San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc., y que ha sido por años motivo de represión del pueblo Xinca del departamento de Santa Rosa, fue suspendida hoy por la Sala Primera de Apelaciones. La referida sala […]
La licencia otorgada por el gobierno de Otto Pérez Molina al proyecto El Escobal de la minera San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc., y que ha sido por años motivo de represión del pueblo Xinca del departamento de Santa Rosa, fue suspendida hoy por la Sala Primera de Apelaciones.
La referida sala amparó en forma definitiva a Kelvin Jiménez, asesor jurídico del Parlamento Xinca, quien solicitó el recurso legal argumentando que el Ministerio de Energía y Minas, que emitió la licencia de operaciones, no conoció ni resolvió 250 recursos contra la mina.
Jiménez actuó con el apoyo de la organización no gubernamental Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) que lleva meses trabajando el caso.
El proyecto es rechazado por las poblaciones de los municipios de San Rafael las Flores, Nueva Santa Rosa y Casillas por considerar que agotarán o contaminarán sus principales fuentes de agua.
En conferencia de prensa Yuri Melini, director del Calas, sostuvo que el fallo emitido por la Sala de Apelaciones obliga a la «suspensión inmediata de la licencia» de explotación otorgada por el gobierno a la subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc.
Ello implica que el proyecto El Escobal, de la mina de plata San Rafael, el cual arrancaría en agosto próximo con la explotación del metal precioso «no podrá iniciarse», y el proceso de solicitud de concesión de una nueva licencia deberá arrancar de cero.
Según informan medios locales, funcionarios de la mina se limitaron a decir a declarar que «analizarán» el fallo judicial.
El Escobal es considerado por la compañía canadiense como uno de los yacimientos de plata más grande del mundo. La magnitud del hallazgo en 2007, cuando las operaciones las tenía Goldcorp, puso en alerta a las comunidades.
Goldcorp vendió en 2010 el 60 por ciento de sus acciones a Tahoe Resources, una compañía canadiense con sede en Nevada, Estados Unidos.
Numerosos han sido los enfrentamientos entre fuerzas del orden y comunidades relacionadas con las operaciones de una mina.
En mayo pasado el gobierno decretó un estado de sitio en los cuatro municipios ubicados en los alrededores de San Rafael -Jalapa y Mataquescuintal, en el departamento de Jalapa, Casillas y San Rafael Las Flores en el departamento de Santa Rosa- para controlar la violencia desatada en esa región.
Los intereses de Tahoe Resources Inc. en Guatemala no son pocos.
Según el informe anual que rindió la firma canadiense a sus inversionistas en marzo sobre sus operaciones de 2012, citado a su vez por la revista Contrapoder en un informe publicado hace algunos meses, la extensión de todas las áreas en las que ha mostrado interés suman más de 2 mil 400 kilómetros cuadrados.
La licencia de explotación de Tahoe se limita a San Rafael Las Flores. Sin embargo, de acuerdo con el mapa del Ministerio de Energía y Minas (MEM), las zonas que ya está explorando la minera escapan de San Rafael y tocan al menos cuatro municipios de Jalapa: Mataquescuintla, Monjas, Jalapa y San Carlos Alzatate.