El régimen encara un mayor deterioro de su legitimidad a raíz de los comicios empañados de noviembre de 2021, la continua represión de sus oponentes desde entonces, una economía en deterioro, y el incremento en los niveles de pobreza y del desempleo.
En El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Carlos Marx describe el retorno Napoleónico al poder por medio del golpe de Estado francés de 1851 como “tragedia la primera vez, y farsa la segunda.” Sería difícil encontrar una caracterización mas adecuada para describir la saga de la conversión del presidente Nicaragüense Daniel Ortega, de un revolucionario socialista a un pequeño dictador represivo y corrupto –en casi el mismo lapso del tiempo y en términos semejantes– entre la caída del primer Napoleón Bonaparte y el golpe que llevó al poder a su sobrino Luis.
Una parte importante de la izquierda internacional, sin embargo, ha tragado sin cuestionamiento el discurso legitimador del régimen de Ortega, con algunos argumentado que, a partir de su retorno al poder en 2007, Ortega ha retomado la Revolución Sandinista de los años 1980, y que por tanto esta bajo el asedio de Estados Unidos. Se trata de una reacción reflexiva “anti-imperialista” de parte de estos sectores de la izquierda, quienes confunden la apariencia con la esencia y la retorica con la realidad al mismo tiempo que hacen caso omiso de las evidencias o de un análisis izquierdista acerca del verdadero contenido programático, o de las relaciones clasistas, del gobierno de Ortega.
El régimen encara un mayor deterioro de su legitimidad a raíz de los comicios empañados de noviembre de 2021, la continua represión de sus oponentes desde entonces, una economía en deterioro, y el incremento en los niveles de pobreza y del desempleo. He estado escribiendo desde hace tiempo sobre esta degeneración del Sandinismo y el descenso del Nicaragua a una dictadura. En este artículo, pretendo actualizar y profundizar el análisis histórico y político.
La Metamorfosis del Sandinismo al Orteguismo
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) encabezó la insurrección de masa que derrocó a la dictadura Somocista en 1979, abriendo paso a una revolución popular y de orientación socialista que ganó el apoyo de las izquierdas alrededor del mundo. Una década de incesante agresión contrarevolucionaria organizada por Estados Unidos condujo a la derrota electoral de los Sandinistas en 1990. La derrota electoral sumergió al partido sandinista en una aguda crisis interna relativa a sus programas, orientación ideológica y estrategia en medio de deserciones en masa y la centralización del poder por la facción Orteguista en tanto el Sandinismo se iba mutando en el Orteguismo.
Como se sabe, en la actual época del capitalismo globalizado, los mercados financieros internacionales imponen mayores limites sobre las posibilidades transformativas en cualquier país mientras constriñe y distorsiona los procesos políticos nacionales a favor del capital y sus agentes políticos. No obstante, la izquierda mundial aun no ha llegado a saldar cuentas ni a aportar fundamentos claros teóricos acerca de los procesos en los cuales los antiguos lideres revolucionarios de las luchas nacionales por la liberación en países como Nicaragua, Angola, Mozambique, y Vietnam no perdieron tiempo en abandonar sus ideologías revolucionarias, acogerse al capitalismo, sumarse a las filas de la burguesía, desmovilizar a las bases de masa politizadas, y saquear descaradamente el Estado.
En el caso de Nicaragua, esta metamorfosis no se produjo de la noche a la mañana. La lucha al interior del partido Sandinista se desarrolló al tambor de las luchas de clase hasta sangrientas que se extendieron por las calles a raíz del regreso al poder de la antigua oligarquía en 1990 y en adelante. Mientras las bases Sandinistas montaban una resistencia sostenida al neoliberalismo impuesto por la restauración del orden capitalista, surgió una nueva elite Sandinista entre aquellos que se apropiaron de considerables propiedades durante el cambio de régimen en 1990, en lo que se conoce en Nicaragua como “la piñata”.
En efecto, estos Sandinistas de algo rango privatizaron a título personal lo que eran los bienes del Estado al igual que los recursos del partido Sandinista que eran el patrimonio colectivo de la Revolución. Los Sandinistas del alto rango que forman parte del “círculo de hierro” alrededor de Ortega comenzaron a hacer grandes inversiones en el turismo, la agroindustria, la finanza, el comercio exterior, y la subcontratación para las maquiladoras, desarrollando una afinidad de intereses de clase con la burguesía tradicional. Sucesivos gobiernos desplegaron el ejército y la policía – ahora despojados de su original orientación política revolucionaria – para defender las antiguas y las nuevas clases poseedoras de cara a las protestas populares.
La crisis al interior del partido Sandinista se fue convirtiendo durante los 1990 en una lucha por el liderazgo. Los estatutos del partido establecieron: las deliberaciones colectivas para la toma de las decisiones partidarias, las elecciones internas para todos los cargos del partido, las primarias internas para elegir a los candidatos para las elecciones nacionales, y que los congresos del partido constituyera la máxima autoridad del FSLN. La camarilla Orteguista logró captar definitivamente el aparato partidario a raíz del congreso de 1998 y puso fin al esfuerzo por renovar y democratizar el partido, convirtiendo los estatutos en papel mojado y haciendo desaparecer la vida partidaria. Desde ese momento y en adelante, el FSLN dejó de funcionar como un partido izquierdista. Ortega disolvió el mecanismo del liderazgo colegiado ejercido a través de una Dirección Nacional, primero de nueve y luego de quince miembros, y lo reemplazó con un régimen autocrático en tanto el FSLN se convirtió en una maquinaria electoral para sus aspiraciones presidenciales.
Inmediatamente después del congreso de 1998, Ortega negoció un pacto con el ultra-derechista Partido Liberal Constitucionalista y su líder corrupto, Arnoldo Alemán – quien había ganado las elecciones presidenciales de 1996 – para repartir el botín del Estado. A raíz del pacto y no obstante su retórica, el FSLN se dispuso a contener las movilizaciones de masa en contra de las privatizaciones y los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial. En los años previos a las elecciones de 2006, Ortega renovó el pacto con Alemán, suspendió las elecciones primarias internas al FSLN, convocó apresuradamente un conclave del partido para anunciar que el sería el candidato Sandinista, y expulsó a los disidentes que aún quedaron, tachándolos de “traidores”. Desde entonces, los conclaves del partido han servido para formalizar cosméticamente las decisiones tomadas por Ortega y los cortesanos que ahora le rodeaban.
Ortega también hizo pactos con los ex-Somocistas, con los antiguos miembros de la contrarrevolución armada (conocido como los “contras”), con la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica (para lograr el respaldo de la Iglesia el FSLN prometió imponer una prohibición total al aborto aun cuando la vida de la madre estuviera en riesgo, y luego cumplió con la promesa), y con las sectas evangélicas. En una apariencia con el titular de la Iglesia Católica, el Cardenal Miguel Obando y Brazo – a quien anteriormente había proclamado como el “Capellán Somocista” por su apoyo a la dictadura Somocista – Ortega hizo una “confesión” pública por “los pecados” que cometieron los Sandinistas durante la revolución de los 1980s.
Al trazar su estrategia electoral para las elecciones del 2006, el FSLN aseguró a la clase capitalista nicaragüense, organizada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que defendería los intereses capitalistas siempre y cuando la burguesía no cuestionara el monopolio del poder político Sandinista. Su programa económico, plasmado en un documento de política redactado en coordinación con el COSEP, estipuló la subordinación de los pequeños productores al sector privado, “el respeto a todas formas de propiedad”, el libre comercio, la atracción de inversiones corporativas extranjeras, y la expansión de la agro-industria.
No fue hasta las protestas en masa de 2018 que la burguesía rompió con Ortega, cuando se hizo evidente que el régimen había perdido su legitimidad y su capacidad de gobernar y defender los intereses capitalistas. Y no fue hasta la represión pre-electoral en 2021 que la burguesía fue sometida a la represión que el régimen mantuvo reservada anteriormente para los sectores populares de la oposición.
Ya para las alturas de su triunfo electoral de 2006, Ortega y su círculo íntimo habían consolidado su control absoluto sobre el partido, el cual había sido vaciado de cualquier contenido socialista. Mientras tanto, la pareja gobernante – la esposa de Ortega, Rosario Murillo, quien también es Vice Presidente – está en camino de convertirse en una dinastía familiar. Los ocho hijos Ortega-Murillo fungen como asesores a la presidencia, controlan el imperio reservado de por lo menos 22 corporaciones, que van desde canales de televisión, radioemisoras, y sitios de internet, empresas de petróleo y gas, hoteles y turismo, bienes y raíces, finanza y fondos de inversión, y aduana y comercio de exportación-importación. Los circuitos de la acumulación de capital en el país ahora dependen de una combinación de concesiones favorables otorgadas por el Estado y de la dependencia personal de la dictadura.
Al tomar posesión en 2007, Ortega abrió las puertas para la clase capitalista transnacional. Su estrategia del desarrollo capitalista se basó en atraer a las inversiones corporativas transnacionales en los abundantes recursos naturales del país con exoneraciones totales de impuestos durante un periodo de 10 años, la desregulación, la libertad para repatriar ganancias sin restricción alguna, y garantizar una fuerza laboral disciplinada acompañada de un control corporativista del partido sobre los sindicatos y las organizaciones populares junto con fuertes dosis de represión a cualquier movilización autónoma de los trabajadores. Se trata de un modelo del control muy parecido al del Partido Revolucionario Institucional de México durante las décadas que el PRI estuvo en el poder en ese país. De esta manera, Nicaragua ofreció condiciones ideales para la acumulación transnacional de capital, incluyendo los salarios mas bajos en toda América Latina salvo a Cuba y las tasas impositivas más bajas en Centroamérica, por lo que llegaron grandes inversiones extranjeras en las zonas francas, la agroindustria, el turismo, la minería, y la explotación forestal.
En los primeros años del gobierno de Ortega y con el pacto con el COSEP asegurado, los Sandinistas se empeñaron en construir una alianza populista multiclasista bajo la firme hegemonía del capital y de las elites estatales Sandinistas. El ex-comandante guerrillero y aliado cercano a Ortega, Tomás Borge, explicó que las nuevas políticas de conciliación de clase fueron “realistas porque trabajar para los pobres sin luchar contra los ricos es ahora posible.”
En un principio el modelo produjo una mejoría en las condiciones materiales, con inversiones en la infraestructura y en los programas sociales asistenciales distribuidos por redes clientelistas. Los programas sociales representaron importantes avances para las clases populares, pero no alteraron el modelo neoliberal esencial puesto en marcha por los tres gobiernos derechistas que precedieron el regreso de Ortega al poder. Estas inversiones fueron financiadas por la masiva entrada de inversiones extranjeras, los altos precios de los commodities, y sobre todo por unos $5 mil millones en concepto de subsidios venezolanos como parte de la alianza ALBA.
Pero la ola de expansión capitalista no pudo sostenerse frente a la caída en los precios de los commodities y el agotamiento de los fondos venezolanos. La tasa de crecimiento comenzó a contraerse a partir de 2015 para luego desplomarse a raíz del levantamiento en masa de 2018. Los índices de pobreza se bajaron entre 2007 y 2014 para luego comenzaron a subir, llegando al 45 por ciento de la población en 2019, esfumando los avances logrados en los años anteriores. La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas estima una tasa de crecimiento del 1.8 porciento en 2022 – tasa insuficiente para lograr una recuperación después del derrumbe económico desde 2018, no obstante la recuperación de la crisis económica del Covid. La “Unidad de Inteligencia Económica” de la Revista The Economist pronostica el estancamiento continuo entre ahora y 2025 (la revista elogió el gobierno nicaragüense por sus políticas neoliberales de austeridad).
Fin de Una Ilusión
En el cuadro mas grande, las dificultades en Nicaragua se arraigan en las contradicciones del desarrollo capitalista en el país, en el marco de la globalización capitalista que han entrañado una vasta expansión de la minería, el agro-negocio, el turismo, el extractivismo energético, la explotación forestal, y los megaproyectos de infraestructura a lo largo de Latinoamérica para satisfacer el voraz apetito de la economía global y las arcas de las corporaciones transnacionales. Ya para mediados de la década anterior, se agrietó el proyecto contradictorio del FSLN de promover la inversión social, por un lado, y por el otro, de promover la acumulación de capital transnacional sin restricciones mediante las concesiones, las exoneraciones impositivas, la represión de las protestas de los obreros y los campesinos, y la supresión de la disidencia política.
A medida que aumentaron las dificultades económicas y las tasas de crecimiento sigueran disminuyendo a partir de mediados de los 2010, el gobierno negoció acuerdos con las agencias financieras internacionales para profundizar las medidas neoliberales de austeridad, entre ellas, la suspensión de los subsidios a los servicios públicos y la privatización de la infraestructura. Una de estas medidas – un recorte en las prestaciones de pensión y un incremento en las contribuciones a las pensiones por parte de los trabajadores y los empleadores – fue el detonante para las protestas del abril de 2018.
En el periodo previo a las elecciones generales del 7 de noviembre del año pasado, Orega llevó a cabo una oleada de represion, arrestando y deteniendo sin juicio a decenas de opositores, entre ellos, candidatos presidenciales, dirigentes estudiantiles y laborales, periodistas, y ambientalistas, obligando a varios centenares a huir al exilio, donde se sumaron a unos 100,000 mil que salieron al exilio desde 2018.
Pero la represión han continuado desde los comicios en lo que parece ser una estrategia de purgar a la sociedad civil de cualquier grupo cívico que expresa una independencia del partido gobernanete o de los aparatos del Estado. Hasta la fecha el gobierno ha cancelado la personería jurídica y ha forzado el cierre de mas de 1,400 organizaciones de la sociedad civil, desde universidades y grupos estudiantiles, artísticos, y religiosos, hasta colectivos feministas, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, y asociacones profesionales de medicina, educacion, ciencia, y cultura, entre otras. Las primeras victimas de esta cacería de brujas fueron los oponentes políticos del regimen, pero luego la campaña de represion convertió en blanco a todos y cada uno de las organizaciones y las asociacones de la sociedad civil no controladas directamente por el partido gobernante. La mayoría de los que fueron detenidos en el periodo previo a los comicios y desde entonces ha sido acusada de “traición a la patria” y sentenciada a largas penas de prisión luego de juicios a puerta cerrada, durante los cuales no se les permitía a los presos políticos tener acceso a sus abogados, ni tampoco el régimen permitió la presencia de los periodistas.
A lo largo de 2021 el gobierno decretó una serie de leyes draconianas de “seguridad nacional” que suspendieron habeas corpus y que otorgaron al gobierno amplios poderes para detener y enjuiciar a cualquier persona que bajo ningun caso critica el gobierno. Las leyes definen la “traición” en terminos tan generales que incluye, por ejemplo, “menospreciar la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación”, “perjidicar los intereses supremos de la nación”, o cuestionar “la integridad nacional”. Las leyes tambien criminalizan un amplio gama de comunicaciones en línea, castigando con largas penas de prisión a cualquier persona que “publica” o que “divulga” informaciones que el gobierno declara “falsa”, “tergiversada”, o “falsedades ideológicas” que “podrían generar la ansiedad, la angustia, o el temor”.
La represión se dirigió con particular determinación contra los antiguos compañeros en armas de Ortega, entre ellos los comandantes legendarios Dora María Téllez y Hugo Torres. Ambos participaron en el asalto al Palacio Nacional en 1978 que obligó a la dictadura Somocista a liberar 60 reos políticos, mientras Torres también participó en la audaz incursión navideña de 1974 que obligó a Somoza a liberar a Daniel Ortega de la cárcel. Torres murió en febrero de 2022, después de languidecer en la cárcel durante 8 meses sin juicio y sin acceso a la atención médica. En estos momentos (finales de octubre de 2022), la vida de Téllez pende de un hilo. Ella inició una huelga de hambre en septembre pasado, luego de pasar 14 meses en confinamiento solitario, sin alimentación adecuada, sin poder reunirse con sus abogados y sin acceso a material de escritura y lectura o a atención médica.
Contra la Corriente de la Marea Rosada
La llamada Marea Rosada, en referencia al giro hacia la izquierda en América Latina durante las últimas dos décadas, ha tenido sus altibajos en tanto los gobiernos izquierdistas en su mayor parte se han acomodado al orden capitalista global en la región. Sin embargo, a pesar de su retorica socialista, el régimen Orteguista no debe considerarse como parte de esta Marea, dada la ausencia de cualquier orientación izquierdista por su parte, no obstante su retórica. A diferencia de Bolivia, por ejemplo, donde el Movimiento Hacia el Socialismo nacionalizó los hidrocarbonos, el litio, y otros recursos, y aumentó fuertemente los impuestos sobre las ganancias corporativas, el gobierno de Ortega no ha nacionalizado ningunos de los recursos del país.
Al contrario, bajo Ortega no se ha registrado ningún cambio en las relaciones de propiedad y de clase. La banca, la agricultura, la industria, el comercio exterior están todos controlados por los conglomerados capitalistas locales y transnacionales; el 96 porciento de la propiedad del país esta en manos del sector privado. Mientras el difunto líder venezolano Hugo Chávez lideró el ataque contra el plan del entonces presidente norteamericano George Bush para el Área del Libre Comercio de las Américas (ALCA), obligando a Washington a finalmente abandonar el esfuerzo en 2005, el gobierno entrante de Ortega dio la bienvenida al Tratado Centroamericano de Libre Comercio (CAFTA, por sus siglas en inglés) en 2006 justo en momentos en que los movimientos sociales de base a lo largo del Istmo Centroamericano estuvieron alzados en contra del pacto.
La industria maquiladora explotadora ha experimentado una fuerte expansión bajo el gobierno de Ortega. Mas de 100,000 trabajadores, la mayoría de ellos mujeres jóvenes, laboran en las Zonas Libres, donde confeccionan ropa para las compañías asiáticas y norteamericanas junto con sus subcontratistas nicaragüenses. Las empresas transnacionales preferían a Nicaragua más que a los países vecinos debido a los salarios extremadamente bajos, el estricto control laboral, y la estabilidad política relativa hasta 2018. Los obreros ganan un promedio de $157 mensuales – los salarios mas bajos en la industria maquiladora en Centroamérica – lo que representa apenas el 33 por ciento de la canasta básica hogareña. En 2016, la policía anti-motines violentamente reprimió una huelga organizada para exigir aumentos salarios, mejores condiciones de trabajo, y el derecho a organizar sindicatos independientes.
Una nueva fiebre de oro asola a Nicaragua, emblemática de la hegemonía del capital transnacional en el país. El gobierno ha puesto a la disposición de las compañías mineras transnacionales el 60 porciento del territorio nacional, las cuales han descendido al país para explotar las abundantes reservas de oro, ahora el principal rubro de exportación. Durante la última década estos conglomerados transnacionales mineras desde Canadá, Estados Unidos, Brasil, el Reinado Unido, Japón, México, y Francia, entre otros países, han exportado $4.12 mil millones de dólares en minerales, pero gracias a las exoneraciones impositivas otorgadas por el régimen, solamente $130 millones de esta bonanza – un tres porciento de todos los recibos mineros – llegaron a las arcas públicas. Mientras tanto, el gobierno ha desplegado a la policía y a grupos paramilitares para reprimir los trabajadores de la minería y los activistas comunitarios quienes han protestado los bajos salarios, las practicas mineras perjudiciales para el medio ambiente, y los regalos corporativos.
Washington nunca se sintió cómodo con el regreso de Ortega al poder y ahora quisiera ver su salida del gobierno, pero no a costa de poner en riesgo los intereses capitalistas, de dejar un vacío de poder, o de desestabilizar la política norteamericana en la región. La condena diplomática de Ortega a la intervención norteamericana alrededor del mundo le ha ganado la ira de los gobernantes estadounidenses a la vez que ha confundido a los “anti-imperialistas”, quienes consideran que esta postura expresada es suficiente para brindar su apoyo al gobierno de Ortega.
Estos defensores del régimen de Ortega aducen que Nicaragua tambalea bajo las sanciones económicas norteamericanas y que Washington esta emprendiendo una guerra contrarrevolucionaria dirigida a un “cambio de régimen” en contra del país centroamericano. Sin embargo, no hay sanciones comerciales contra Nicaragua. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y el intercambio bilateral rebasó en 2021 los $6 mil millones de dólares. Nicaragua sigue siendo un miembro del CAFTA, lo que le otorga al país el acceso preferencial al mercado norteamericano. Washington no ha bloqueado el flujo de créditos internacionales a Managua. Solo entre 2017 y 2021, Nicaragua recibió unos $3 mil millones en créditos los institutos financieros internacionales tales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Los Orteguistas apuntan a los varios millones de dólares que la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) ha proporcionado a los grupos cívicos de la oposición, canalizados a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), como “prueba” de que Washington esta empecinado en derrocar al régimen. Lo que omiten de mencionar es que la NED proporciona fondos a mas de 100 países alrededor del mundo, la gran mayoría de ellos estrechos aliados de Estados Unidos, y que la USAID también otorgó varios centenares de millones de dólares directamente al gobierno de Ortega entre 2007 y 2017.
Nicaragua no enfrenta agresiones militares o paramilitares, en agudo contraste con los otros dos países – Cuba y Venezuela – que el ex-Asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, notoriamente calificó como la “Troika de Tiranía” en América Latina. Estos dos otros países han enfrentado ataques paramilitares y bloqueos totales con consecuencias devastadoras. De hecho, hasta el levantamiento popular en masa en 2018 y su represión violenta, Washington elogió a Ortega por su estrecha cooperación con el Comando Sur – responsable para todas las operaciones del Pentágono en América Latina –, con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y con las políticas migratorias norteamericanas, ya que el régimen impedía el transito por Nicaragua de los migrantes dirigiéndose al norte. Desde 2018, los responsables políticos norteamericanos han intentado efectuar un “aterrizaje suave” que facilitaría la salida de Ortega del poder, siempre y cuando su salida no perjudicara la estabilidad capitalista y la hegemonía elitista en el país.
Mas allá de la dura condena diplomática por parte de los funcionarios norteamericanos, Nicaragua ha enfrentado sanciones selectivas aplicadas a las cuentas bancarias privadas y las propiedades que mantienen en Estados Unidos a varias decenas de Orteguistas del alto nivel.
Washington aprobó dos leyes, la “Ley Nica” de 2017 y la “Ley RENACER” de 2021. Ambas leyes establecen sanciones selectivas aplicadas a los individuos del “círculo de hierro” del régimen encontrados culpables de graves violaciones de los derechos humanos y de la corrupción (además, estas sanciones selectivas a individuos no se dirigen específicamente a Nicaragua y se aplican por igual a El Salvador, Honduras, y Guatemala). Uno podría condenar a Washington, como lo hago yo, por arrogarse unilateralmente el derecho de impone sanciones contra particulares o países extranjeros, no obstante, tendríamos que preguntar, ¿porque supuestos revolucionarios socialistas tienen millones de dólares y bienes personales escondidos en Estados Unidos?
La Profundización de la Crisis Política-Económica
El régimen tuvo la esperanza de que su triunfo en las elecciones de noviembre de 2021 renovara el deterioro de su legitimidad, pero la integridad del proceso mismo fue cuestionada por la oleada de represión en contra de sus opositores durante los seis meses previo al voto (represión que ha seguido en curso hasta la fecha). Además de la represión interna, el gobierno bloqueó la entrada al país de los observadores extranjeros independientes y ejerció un control absoluto sobre el Consejo Supremo Electoral. El gobierno declaró que Ortega triunfó con el 75 porciento de los votos y que el 65 porciento de la población elegible emitió su voto. Pero informes independientes reportaron una tasa de abstención de aproximadamente el 80 porciento e irregularidades generalizadas en el proceso.
Algunos de la izquierda internacional condenan las sanciones selectivas contra los miembros del círculo íntimo de Ortega, pero la izquierda internacional, hay que recordar, en 1978 y 1979 se movilizó ampliamente (sin éxito) para exigir que Washington aplicara sanciones en contra de la dictadura Somocista y que bloqueara el financiamiento internacional debido a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La izquierda mundial también exigió sanciones en contra del régimen de apartheid en Sudáfrica, buscó bloquear el financiamiento para la dictadura de Pinochet, y en la actualidad exige “boicot, desinversión, sanciones” en contra de Israel.
Que conste que yo mismo no apoyo sanciones comerciales contra Nicaragua ni tampoco reconozco que Estados Unidos tenga el derecho de imponer unilateralmente sanciones en contra de otros países. El punto es poner en relieve la hipocresía y el doble rasero, no solo por parte de Washington, el cual no impone sanciones contra los gobiernos aliados que son graves violadores de los derechos humanos, tales como los regímenes saudita, egipcio, israelita, entre muchos otros, pero también por parte de los izquierdistas que defienden a Ortega.
Esta hipocresía se hizo evidente con referencia a la Organización de Estados Americanos (OEA). El noviembre de 2021 la OEA aprobó una resolución declarando que las elecciones nicaragüenses carecían de “legitimidad democrática”. En respuesta, el gobierno nicaragüense tomó el paso inusitado de anular su membresía en la organización. Si bien es totalmente correcto que la OEA históricamente ha fungido como instrumento de la política norteamericana hacia América Latina, la acusación de los Orteguistas de que la organización violó la soberanía de Nicaragua suena hueco – y no solo porque el principio consagrado en el derecho internacional de la no intervención en los asuntos internos de las naciones no cobija a la violación sistemática de los derechos humanos.
De hecho, a raíz de la audaz toma del Palacio Nacional de Somoza en agosto de 1978 por parte de la guerrilla sandinista, los dirigentes del FSLN y sus partidarios alrededor del mundo se apelaron a los gobiernos amigos en América Latina a exigir que la OEA aplicara sanciones contra Somoza. Acto seguido, el FSLN hizo un fuerte cabildeo al interior de la organización – a través de la mediación de Panamá y México y otros gobiernos amigos – a favor de una resolución, aprobada apenas semanas antes del derrocamiento definitivo de Somoza el 19 de julio de 1979, que declarara al gobierno somocista ilegítimo y llamó por su reemplazamiento con un “gobierno democrático”.
La clase capitalista y sus agentes políticos estaban tan perturbados como Ortega por el levantamiento popular de 2018 y trataron de acoplar el descontento en masa a su propia agenda de recuperar el poder político directo y de asegurar que no se vería amenazado su propio control sobre la economía. A raíz de ese levantamiento, la derecha tradicional depositó sus esperanzas en ganar las elecciones de 2021, pero esas esperanzas se vieron frustradas por la represión preelectoral de Ortega. Los partidos de la derecha tradicional en Nicaragua se encuentra ahora en un estado de desorganización política. Hasta la fecha, los sectores empresariales siguen divididos, unos buscando una estrategia opositora viable y otros buscando un acercamiento a través de renovadas negociaciones tras bastidores con Ortega. La masa de nicaraguenses mas allá de la base segura de los Orteguistas en un 20 por ciento de la población, no ha mostrado ningún entusiasmo por los partidos tradicionales y los empresarios que dominan la oposición y no tienen representación política propia.
El Orteguismo se ha arrogado para sí mismo los símbolos históricos de la Revolución Sandinista, incluyendo las canciones revolucionarias de los legendarios músicos Carlos Enrique y Luis Enrique Mejía Godoy, ambos ex-militantes del FSLN que fueron enviados al exilio juntos con miles más, incluyendo una mayor parte de la militancia histórica del partido. El régimen ha monopolizado y desfigurado a tal extremo un discurso “izquierdista”, que no existen en estos momentos en Nicaragua una alternativa izquierdista de mayor importancia. Los sectores populares no tienen proyecto propio que pueden avanzar como alternativa viable al régimen y a la oligarquía tradicional. La tragedia en Nicaragua es que la burguesía y la oligarquía derechista tradicional lograron establecer una hegemonía sobre la oposición anti-Orteguista gracias a la brutal supresión por parte del régimen de los movimientos de los trabajadores, campesinos, mujeres, ambientalistas, y estudiantes.
William I. Robinson es Distinguido Profesor de Sociología de la Universidad de California en Santa Bárbara. Trabajó como asesor a la Cancillería de Nicaragua en los 1980s y fue miembro afiliado de la facultad de la Universidad Centroamericana en Managua entre 1994 y 2001.
Este artículo fue publicado en inglés en la revista Against the Current y traducido por el autor.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.