El pueblo panameño está movilizado en contra de las reformas al Código minero, aprobadas por la Asamblea de Diputados y sancionadas por el presidente Ricardo Martinelli. La legislación introduce elementos de inseguridad jurídica, que ponen en peligro la estabilidad económica del país y, además, las relaciones de Panamá con otros países. Para justificar su enorme […]
El pueblo panameño está movilizado en contra de las reformas al Código minero, aprobadas por la Asamblea de Diputados y sancionadas por el presidente Ricardo Martinelli. La legislación introduce elementos de inseguridad jurídica, que ponen en peligro la estabilidad económica del país y, además, las relaciones de Panamá con otros países.
Para justificar su enorme «metida de pata» el gobierno del presidente Martinelli dio a conocer un comunicado asegurando que no explotaría -bajo ninguna circunstancia- los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado, en la Comarca Ngobe-Buglé. Pero el comunicado fue publicado de manera parcial. La versión que fue publicada en los diferentes medios no incluía la parte final del comunicado. La línea que no fue publicada dice que el gobierno procedería a conceder los derechos de explotación a empresas interesadas (gobiernos extranjeros, etc.) si se «lo piden las autoridades comarcales».
¿Quiénes son las autoridades comarcales? Son las instancias creadas por el mismo gobierno del presidente Martinelli, según decreto ejecutivo N° 537 de 2010. En otras palabras, cuando el gobierno del presidente Martinelli decide hacer la concesión de explotación minera a los empresarios extranjeros interesados, convoca a las «autoridades comarcales» nombradas por él mismo para proceder.
Ante el anuncio del inicio de una nueva jornada de resistencia contra las reformas al Código Minero, el gobierno de Ricardo Martinelli hizo circular el siguiente comunicado:
«El Gobierno Nacional hace de conocimiento público, y en especial, a los habitantes de la comarca Ngöbe Buglé -atendiendo la preocupación evidenciada por sus dirigentes- de nuestro firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas». Sólo 20 minutos después hizo circular el mismo comunicado pero le agregaba la siguiente línea: «Salvo que lo pidan las autoridades comarcales».
Así se descifraba el espíritu «democrático» de los gobernantes. El Gobierno de Martinelli aprobó el año pasado el Decrero Ejecutivo 537 que le otorga injerencia directa en las decisiones que tomen las autoridades indígenas de la comarca Ngobe Buglé. Lo anterior es el resultado de las modificaciones realizadas por el presidente Martinelli y el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Mulino, a la carta orgánica de la comarca creada por el Decreto Ejecutivo No. 194 del 25 de agosto de 1999.
La modificación se produjo el 2 de junio de 2010, mediante el Decreto Ejecutivo 537 publicado en Gaceta Oficial el 4 de junio de 2010. La modificación establece que los llamados «encuentros interregionales de las autoridades gubernamentales» serán parte del congreso general; mientras que los «encuentros locales de autoridades gubernamentales» serán parte del congreso local de la comarca. El concepto de «autoridades gubernamentales» tiene preocupados a los dirigentes de las comunidades indígenas, ya que en el decreto original los dos organismos citados solo eran conformados por autoridades comarcales.
En base a este Decreto se celebraron elecciones espurias que dieron como resultado los delegados que a su vez designarán a las autoridades en mención en un futuro Congreso organizado por el Gobierno. Esas autoridades progubernamentales y espurias le pedirían la explotación de Cerro Colorado. La participación en esos comicios no llegó ni al 10 por ciento, según los magistrados del Tribunal Electoral.
El pueblo ngobe buglé no reconoce estos delegados y se prepara para celebrar su propio Congreso en el mes de marzo posiblemente, en base a sus costumbres y tradiciones. Un dirigente ngobe buglé, recordando las palabras de Martinelli en campaña – «Si no cumplo que me guinden del palo más alto» – dijo que en la Comarca le espera ese palo.
La explotación de los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado es un antiguo proyecto. En la década de 1970 el gobierno del general Omar Torrijos negoció con empresas extranjeras interesadas en su explotación. Al igual que en aquella época, el precio del cobre en el marcado mundial se encontraba muy elevado y su explotación aseguraba rápidos dividendos.
En la actualidad, sin embargo, la sociedad panameña, y muy especialmente el pueblo ngobe buglé que vive en la Comarca donde se encuentra Cerro Colorado, están mejor organizados e informados sobre los estragos que haría la explotación minera a cielo abierto.
Se calcula que toda el área de Cerro Colorado tendría que ser desalojado por los efectos de la actividad minera. Por otro lado, según lo acuerdos previstos con las empresas explotadoras, estas se llevarían del país más del 90 por ciento de los beneficios monetarios de las riquezas extraídas del subsuelo.
Al final, Panamá quedaría con un inmenso hoyo, con todo su entorno destruido, sin comunidades, más empobrecido por la «metida de pata» y la falta de planificación.
El acuerdo minero Martinelli-Lee
El acuerdo minero (2011) entre los presidentes Ricardo Martinelli y Lee Myung-Bak (de Corea del Sur) tiene similitudes con el Tratado del Canal Hay-Bunau Varilla (1903). En primer lugar, la concesión minera de Panamá a favor de Corea, acordada por los ejecutivos, debe ser aprobada por la Asamblea de Diputados. En segundo lugar, los diputados tienen que cederle a Corea parte de la soberanía panameña, prohibido expresamente por la Constitución Política. El proyecto de ley minero, actualmente debatiéndose en la Asamblea, permitiría que una bandera extranjera se izara soberana en una parte de nuestro territorio. Además, tiene otros dos problemas que han sido denunciados por los panameños sin que el gobierno quiera escuchar: El proyecto permite la depredación de la naturaleza y no contempla el desarrollo social y económico del país.
El proyecto de ley minero refleja la tendencia anti-nacional de los últimos gobiernos, llevada a su extremo por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Ignora la importancia del concepto de soberanía que fue defendida por todas las generaciones de panameños en el siglo XX. Entrega los instrumentos legales a gobiernos extranjeros para que exploten los recursos del país sin retribución alguna. Destruye el ambiente panameño, poniendo en peligro el Canal de Panamá y todas las actividades económicas del país.
La contradicción constitucional estriba en que «la propuesta permite a gobiernos extranjeros participar de empresas privadas, eliminando la prohibición actual». El proyecto ignora el artículo 290 de la Constitución que dice: «Ningún gobierno extranjero podrá adquirir dominio sobre parte del territorio nacional», definido «dominio» como «la facultad de aprovechar las utilidades o beneficios de las cosas».
Panamá inauguró el siglo XX concediendo la ruta de tránsito a EEUU para que construyera el Canal de Panamá. Ahora a principios del siglo XXI, el gobierno pretende cederle el subsuelo del territorio nacional al gobierno de Corea del Sur.
Además, el artículo 20 reescribe el texto constitucional y asegura que «los recursos minerales de todo tipo, podrán ser explotados directamente por el Estado, a través de empresas estatales o mixtas, así como para formar empresas privadas para este propósito o participar dentro del capital accionario de empresas privadas» (Artículo 257). El abogado Harley Mitchel plantea que «la ley solo puede reglamentar ‘las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal’, no sobre las maneras en que el Estado puede explotar las minas. El mismo Estado crearía empresas mineras, con dinero público, cuyo patrimonio no sería del Estado, sino de la empresa, la cual puede trasladar acciones a otras empresas con capital y apoyo público de otros países».
Desde el punto de vista económico, el proyecto de ley le entrega directamente a concesionarios extranjeros las riquezas del país. Según el economista Alessandro Ganci, las empresas que operan en el país proyectan una producción anual equivalente a 2,300 millones de dólares a partir de 2016. (Una producción anual de 255 mil toneladas de cobre, 90 mil onzas de oro y 1.5 millones de onzas de plata). Panamá recibirá sólo un 4 por ciento en regalías, es decir, 92 millones de dólares al año. Chile recibe el 14 por ciento en regalías de las empresas cupríferas que explotan a cielo abierto las minas en el desierto de ese país. Los países del llamado primer mundo reciben el 50 por ciento o más por concesiones de este tipo.
El proyecto de ley pone en peligro el ambiente al modificar reglamentos y ordenamientos institucionales para favorecer a las empresas mineras. Por un lado, transfiere las responsabilidades ambientales de la ANAM a la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias. Por el otro, el proyecto ordena a la ANAM a realizar auditorías ambientales, sin que exista regulación al respecto, toda vez que no es este organismo, sino la Contraloría General de la República la que tiene la potestad gubernamental para hacerlo. Además, impide que las instancias gubernamentales puedan suspender las actividades de las mineras que no cumplen con sus responsabilidades ambientales.
El proyecto también promoverá la corrupción entre los funcionarios públicos, colocados en posiciones de mando, quienes puedan enriquecerse en forma contraria a las leyes. Según la Alianza Ciudadana, «el proyecto deroga el artículo 165 del mismo Código, que ordena colocar en Gaceta Oficial los nombres y domicilios de los servidores públicos que reciban las solicitudes de concesión y sus correspondientes pagos, mientras evita el derogar artículos que posibilitan que personeros de gobierno mantengan intereses en concesiones mineras».
Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.
Fuente: http://revista-amauta.org/2011/02/panama-otra-%E2%80%9Cmetida-de-pata%E2%80%9D-presidencial/