El avance en el marco legal de la llamada alianza público-privada y la jornada de encuentros del presidente Luis Abinader con dirigentes de grupos, son presentados como parte de “lo nuevo”. El espectáculo es de pésimo gusto, a pesar de que, por el compromiso con el sistema, influyentes comunicadores y analistas están obligados a presentarlo como muestra de que en República Dominicana se ha inaugurado el cambio.
El término Alianzas Público-Privadas, denomina una ley (se coloca en plural para disimular el sello de clase), así como un reglamento, una dirección general y un consejo encabezado por el ministro de la Presidencia, que es el órgano superior.
Al firmar el reglamento de aplicación de la Ley de Alianzas Público-Privadas, Abinader da continuidad a una acción iniciada en el gobierno anterior. La Ley, registrada con el número 47-20, fue promulgada en febrero por Danilo Medina.
Se busca imprimir apariencia de legitimidad en acuerdos particulares sustentados en el pacto de clase. Es una estampa legal para presentar como legítimos el saqueo y la continuidad del despojo.
En La Ideología Alemana, Marx y Engels dicen que “el Estado es la forma en la cual los individuos de una clase dominante alcanzan sus intereses comunes”.
Hay que decir que el interés común de la clase dominante en este momento es rescatar los negocios de los poderosos con los recursos que deberían utilizarse para beneficiar a las mayorías, que han sido víctimas no solo de la pandemia sino también de la coerción económica y extraeconómica que impone el sistema.
Los anuncios sobre las inversiones en obras de infraestructura turística y las medidas dirigidas a financiar a la gran propiedad dejan claro que la preservación de los privilegios fue meta principalísima en el gobierno encabezado por Danilo Medina y lo ha sido también durante el mes de gestión presidencial de Luis Abinader.
Así se define la continuidad en este contexto, y sus fundamentos son el entreguismo y el pacto de clase.
LA IMPUNIDAD EN EL PAQUETE
El pacto de impunidad sigue vigente. Esto no deja de ser cierto por el sacrificio de algunas piezas del espectáculo politiquero ni por la designación de una procuradora cuya imagen y cuya trayectoria no se corresponden con la naturaleza del actual gobierno.
La cordialidad de los encuentros de Luis Abinader con los sustentadores del sistema de privilegios (que nace de la identificación y el compromiso, hay que apuntarlo) dejan claro que el acuerdo de impunidad sigue vigente en esencia y esto torna incierta la permanencia de Miriam Germán Brito en el puesto principal de la Procuraduría General de la República.
Si son sometidos a la Justicia algunos colaboradores de Danilo Medina, no lo serán los responsables de la corrupción durante el gobierno de Leonel Fernández (Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución, está muy vinculada al grupo de Leonel Fernández), y serán vistos como pertenecientes a una época remota los actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Hipólito Mejía.
Pero además, ¿será despojada del manto que la cubre la participación del sector privado en la corrupción que parece ceñirse a los despachos de ciertos funcionarios públicos?
El paso del tiempo no lava conductas ni repone lo robado a las mayorías, y la falsa seriedad no convierte en héroe a un saqueador.
La lucha contra la impunidad es preciso problematizarla, demandar que los saqueadores no solo sean castigados sino también despojados de lo que adquirieron a través del dolo.
Pero esto se contradice con la llamada alianza público- privada, cuyo verdadero rostro fue mostrado en el año 2018 cuando policías uniformados fueron enviados a las instalaciones de la empresa Polyplas Dominicana a maltratar a personas que indagaban el destino de familiares que sufrieron daños a causa del escape de gas que se produjo debido a la indolencia de administradores que privilegiaron el ahorro de dinero sobre el cumplimiento de normas elementales de seguridad.
No puede tener otro rostro una alianza forjada para perpetuar el autoritarismo y el atraso político.
Esta alianza, en su versión moderna, fue auspiciada por el poder estadounidense cuando instaló a Joaquín Balaguer en la Presidencia de la República en 1966. En 1984, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, fue readaptada a las políticas neoliberales cuando se impuso sobre decenas de cadáveres el Acuerdo de Facilidad Ampliada con el Fondo Monetario Internacional. Posteriormente, los gobernantes han montado espectáculos similares al que protagoniza Abinader, en coyunturas en las cuales lo entienden necesario.
El accionar es dirigido desde el Norte. Ahora los patrocinadores visibles son Mike Pompeo y Bob Menéndez.
El retorcimiento politiquero de la continuidad es la ausencia de lo nuevo.
Los individuos de la clase dominante siguen defendiendo sus intereses comunes, y, aunque derechistas y pseudoizquieridistas entiendan que no está de moda, hay que decir que también es cierta la afirmación marxista de que los dominados, las mayorías, alcanzan sus metas en la lucha contra esta alianza… La toma de conciencia hará que el pueblo pase la cuenta a quienes actúan en contubernio con los saqueadores.