Al conflicto en la Finca Palo Alto en Colombia, se suma ahora otra situación de violencia que involucra a las plantaciones de palma africana. Desde Honduras, se nos informa de que más de 20.000 hectáreas sembradas de palma africana en la región del Bajo Aguán, en el departamento norteño del Atlántico hondureño, son escenario de […]
Al conflicto en la Finca Palo Alto en Colombia, se suma ahora otra situación de violencia que involucra a las plantaciones de palma africana. Desde Honduras, se nos informa de que más de 20.000 hectáreas sembradas de palma africana en la región del Bajo Aguán, en el departamento norteño del Atlántico hondureño, son escenario de uno de los tantos conflictos agrarios que afligen a ese país. El ex presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales, había tratado de encontrar una solución impulsando el Decreto legislativo 18-2008 sobre la mora agraria, y a través de negociaciones tripartitas entre organizaciones campesinas, empresarios y el Instituto Nacional Agrario (INA).
El golpe de Estado paralizó e hizo retroceder los avances logrados en los últimos años. El Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), retomó la lucha para la recuperación de las tierras usurpadas por empresarios golpistas.
Con el apoyo solidario de la Resistencia, los integrantes del MUCA iniciaron la recuperación de esas 20.000 hectáreas y fueron víctimas de tres desalojos violentos por parte del Ejército y la Policía, que dejaron un saldo de varios heridos.
Pese a la represión sistemática, el MUCA sigue firme en la defensa de sus derechos sobre las tierras en conflicto, denunciando al mismo tiempo las continuas violaciones de los derechos laborales de los trabajadores en las plantaciones de palma africana y la situación de extrema pobreza en la que vive la población de la zona, a la que en su momento los empresarios Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales vendieron el sueño de que este monocultivo iba a resolver todos sus problemas.
Sirel dialogó sobre esta situación con Yony Rivas y Rudy Hernández, miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
-Hace pocos días hubo otro desalojo violento. ¿Cómo ocurrió?
-YR: Ante la paralización de las negociaciones a raíz del golpe de Estado, el pasado 9 de diciembre decidimos retomar la lucha para recuperar las tierras que nos pertenecen en las márgenes derecha e izquierda del río Aguán. Fuimos desalojados violentamente el 8 de enero, mientras que el 14 del mismo mes decidimos abandonar el lugar antes de la llegada de la Policía para evitar un baño de sangre.
Sin embargo, seguimos planeando nuevas acciones y el 27 de enero, aprovechando que toda la atención estaba puesta en la toma de posesión del presidente Porfirio Lobo Sosa, volvimos a tomar la tierra.
A las pocas horas llegó la policía y nos reprimió salvajemente. Cuatro compañeros salieron heridos de bala y uno de ellos, Marco Antonio Estrada, se encuentra muy grave por un disparo en la cabeza.
Seguimos bajo un régimen que responde a los intereses de la oligarquía nacional. Tenemos toda la documentación que nos otorga derechos sobre esta tierra que fue usurpada por los empresarios Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales. Un total de 20.000 hectáreas, en su mayoría ahora sembrada con palma africana.
-¿En qué condiciones vive la población en estas zonas?
-RH: Hay falta de empleo, pobreza y hambruna, y estas urgencias nos obligan a luchar para recuperar nuestras tierras y también para implementar proyectos de producción de alimentos. Cuando estas tierras eran de los campesinos, más del 60 por ciento servía para producir granos básicos, mientras que una parte se sembraba con palma africana para generar ingresos inmediatos y satisfacer otras necesidades. Ahora, la producción de granos básicos casi ha desaparecido.
-En el acto de donación a Honduras de una planta para refinar aceite de palma africana, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, habló de la posibilidad de que los pequeños productores se asociaran con los grandes empresarios para que les ayudaran con semillas, abono y capacitación. ¿Es algo real en Honduras?
-RH: Es algo imposible. Hace años, las cooperativas de estas zonas estaban reunidas en Coapalma, una empresa campesina que en aquel tiempo era la única que producía aceite de palma.
Cuando la tierra de 28 cooperativas pasó a manos de los grandes empresarios, éstos construyeron sus fábricas, y en su intento de acaparar todo el mercado subieron los precios para que los pequeños productores dejaran de vender su producción a Coapalma. La empresa de los campesinos estuvo a punto de quebrar.
En toda la zona disminuyó drásticamente el circulante, la gente entró a trabajar como jornalera en las plantaciones y nunca vimos el crecimiento que habían prometido. Más bien crecieron el desempleo y el subempleo, el hambre y la desesperación, porque ahora a los trabajadores el dinero no les alcanza ni para comprar la comida para todo el mes.
Ese tipo de producción genera riqueza solamente para los grandes empresarios, y es mentira que van a hacer una alianza con los pobres, porque su objetivo es acaparar todo.
Es por eso que tenemos que recuperar nuestras tierras, y aunque en el pasado el miedo a la represión ha paralizado a mucha gente, ahora el pueblo ha despertado y sabemos que tenemos que volver a tener el control de los medios de producción.
Cuando miramos la tierra, no miramos la palma, sino la tierra misma, para trabajarla junto con nuestras familias y así volver a recuperar confianza. Es necesario que al lado de la palma se desarrollen proyectos que nos saquen de la crisis alimentaria. Es por eso que no vamos a parar nuestra lucha.
-¿Cómo son las condiciones de trabajo en las plantaciones de palma?
-YR: Hay una situación de gran explotación. Casi todos los trabajadores son jornaleros que no gozan de ningún derecho, ni de prestaciones. Ganan un promedio de 5,5 dólares diarios y su salario ni siquiera se acerca al salario mínimo nacional que el presidente Manuel Zelaya había aumentado por decreto.
Trabajan desde las cinco de la mañana a la una de la tarde, cumpliendo tareas muy pesadas y sin ninguna garantía de poder mantener el trabajo.
En mi caso, tengo una hermana que trabajó tres años en la planta extractora propiedad del empresario Miguel Facussé. Cuando se percataron de que era simpatizante de los movimientos de recuperación de tierra, la despidieron sin pagarle nada de lo que le debían.
Últimamente se han visto también muchos casos en los cuales, para evadir el pago de prestaciones y la cotización al seguro, los empresarios contratan a una persona permanente para que después les pague a los otros trabajadores que, de esta manera, quedan sin ningún tipo de protección. Igual a lo que pasa en Colombia.
-¿Qué acciones van a tomar en el futuro?
-YR: Estamos listos para retomar la negociación que se detuvo a raíz del golpe de Estado. Sin embargo, si no hay voluntad del gobierno para retomarla, estamos dispuestos a seguir con nuestra lucha para la recuperación de nuestras tierras.
Fuente: http://www.rel-uita.org/