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Parlamento, golpe de Estado y persistencia del proyecto político «luguista»

Fuentes: Rebelión

En el año 2008 Fernando Lugo, exobispo y actualmente presidente de Paraguay depuesto, irrumpe en el escenario electoral con la Alianza Patriótica para el Cambio, un acuerdo electoral que aglutina a un puñado de partidos políticos y movimientos sociales, especialmente campesinos. La irrupción de este actor político con un gran calado social supone el fin […]

En el año 2008 Fernando Lugo, exobispo y actualmente presidente de Paraguay depuesto, irrumpe en el escenario electoral con la Alianza Patriótica para el Cambio, un acuerdo electoral que aglutina a un puñado de partidos políticos y movimientos sociales, especialmente campesinos. La irrupción de este actor político con un gran calado social supone el fin de más de 60 años de gobierno colorado. Para ello tuvo el apoyo del Partido Liberal (PLRA), el socio político e institucional más importante, que aportó el vicepresidente (Federico Franco) y habilitó su estructura partidaria nacional para ganar las elecciones.

La ausencia de partido «luguista» y la posibilidad que brindó la arquitectura electoral de emitir el voto en boletas separadas (presidente y poder legislativo) tuvo como consecuencia directa que los 704.966 votos (un 40,82%) dirigidos a la candidatura presidencial de Fernando Lugo carecieran de representación en el Parlamento. Como ha sido siempre a lo largo de la historia política paraguaya, el PLRA y el Partido Colorado (ANR) (y su escisión UNACE), y una nueva derecha modernizadora (Patria Querida), retuvieran la mayoría absoluta en ambas cámaras.

La ausencia de partido propio y la confrontación incluso con sus aliados (Tekojoja y PLRA), en el marco del amplio poder de veto que el poder legislativo ejerce sobre el ejecutivo (de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de 1991), han producido que el poder legislativo (Senado y Cámara de Diputados) se convierta en el principal obstáculo político al gobierno de Lugo. En los meses previos al golpe, las diferencias entre ambos actores se acrecentaron. Ejemplo de ello es la decisión del Senado de destinar 50 millones de dólares para operadores políticos, una medida que la opinión pública percibió como una maniobra más destinada a intensificar la corrupción política. La medida, ampliamente antipopular, llevó a la movilización de los ciudadanos y al consiguiente veto presidencial.

Dicha acción legislativa, junto a otras también controvertidas (veto a las listas semi-abiertas para las elecciones al Senado) distanciaron a la ciudadanía de la política. Un ejemplo de ello aparece en el barómetro de marzo, donde senadores y diputados eran los actores políticos y sociales del país con mayor descrédito. Así, los senadores y diputados eran, en los meses previos al juicio, los actores peor valorados por la población (con una puntuación de 3 y 2,9 respectivamente sobre 10). En cambio, el presidente del Gobierno, Fernando Lugo, con un 4,8 era el actor político mejor valorado, sólo superado por otras instituciones como el ejército (5), los medios de comunicación (6,3) y la Iglesia Católica (7,2).

En este contexto político y social, el Parlamento ha intentado en reiteradas ocasiones llevar a juicio político al presidente Fernando Lugo durante su mandato. La búsqueda de un motivo para ello ha sido una constante. Ahora, esta confrontación del presidente con el Congreso no se tradujo en pérdida de apoyo popular. En los meses previos a la acusación, el 52% de la población creía que la gestión del presidente era buena o muy buena. Es más, tres semanas antes (20 de mayo) del golpe de Estado, el periódico Última Hora de Paraguay publicaba una encuesta en la que se señalaba que un 57,5% de la población votaría, o tal vez votaría, a un candidato apoyado por Fernando Lugo en las próximas elecciones. Mario Ferreiro, precandidato de la agrupación política Frente Guasú (creada durante el gobierno de Fernando Lugo) aparecía como el favorito para suceder a Lugo en 2013 (42,7% lo prefería como sucesor). En consecuencia, en este contexto político, y a sólo 9 meses de las próximas elecciones presidenciales, el golpe de Estado «vía juicio político» no puede ser leído por fuera de las posibilidades que tenía el frente político del entonces presidente Fernando Lugo de retener nuevamente la presidencia.

Lorena Soler. Universidad de Buenos Aires

Rubén Juste. Investigador Fundación CEPS

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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