¿Paz en Nuestra América?

Ha sido una  decisión de los pueblos romper las estructuras de explotación y dominación capitalista e imperialista. Este objetivo histórico, de lograrse en Nuestra América, sería una victoria estratégica de los pueblos que resisten sin capitular. Cuba, contra viento y marea, y a pesar del bloqueo del gobierno estadunidense, hace 59 años emprendió ese camino de soberanía, socialismo y definitiva independencia.

Avanzar hacia este propósito es de enorme complejidad hoy en un continente vastamente recolonizado, que disputa -no sin dificultades- espacios crecientes con expresiones políticas flexibles que sean capaces de comprender -y utilizar en su favor- las contradicciones inter e intraimperiales, así como las internas en el campo de las clases dominantes; acumular fuerzas como pueblos, pero sin las herramientas del viejo Estado que aún sueña con el fin de las revoluciones, o con la obsolescencia de las tesis centrales del marxismo sustentadas hoy por organizaciones políticas de variada naturaleza que, en su diversidad, busca llevar a cabo transformaciones sociales que trasciendan el capitalismo. Estas expresiones políticas constituyen el polo equidistante de la izquierda institucional, que ha renunciado a la utopía revolucionaria y se ha vuelto funcional al sistema dominante.

Para los pueblos estas ideas no son vanas ilusiones, como tampoco son imaginarias las relaciones de explotación del trabajo vivo, ni la maquinaria de terrorismo global del imperialismo, y sus añejas relaciones de producción oligárquicas que implantan miseria extrema y guerras sociales a países como México, Honduras, Colombia, Brasil, Perú o Chile, entre otros, donde los modernos capataces de la mundialización capitalista militarizada y delincuencial buscan extirpar el contenido revolucionario de las resistencias populares, en las que sigue creciendo inevitablemente una conciencia crítica colectiva y clasista, que no enajena la interpretación histórica de nuestras realidades, y que, sin renunciar a la llamada solución política, no abdica al poder de los pueblos, ni se resigna a una paz para siempre que deje incólume la economía capitalista.

Esa paz del capital hoy, en países como Colombia, es el resultado de su ofensiva planetaria para imponer pacificaciones con condiciones mínimas para proseguir la lucha política en un clima de libertad y en el ámbito de la democracia tutelada por los poderes fácticos y el poder corporativo, mientras, paralelamente, se efectúan ejecuciones sumarias de dirigentes sociales, se fortalecen las estrategias contrainsurgentes de las fuerzas armadas y los agrupamientos paramilitares ocupan sistemáticamente -y gozando de impunidad- los territorios de la insurgencia desmovilizada. La pregunta clave de esta encrucijada es: ¿se podrá alcanzar la paz, entendida ésta como ausencia de violencia, si se conservan la economía y la política del capital que no son sino la encarnación de innumerables formas de violencia contra los seres humanos y la naturaleza?

En estas circunstancias y, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, ELN de Colombia, como organización ligada al pueblo desde hace varias décadas, ante la crisis de los diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos, parece estar preparada para confrontar y neutralizar la estrategia de aniquilamiento en el campo y las ciudades. Este movimiento insurgente se plantea recuperar áreas perdidas y pretende su propia recomposición, deslocalizando la confrontación, avanzando en objetivos estratégicos frente a la ofensiva del ejército oligárquico y sus narcoparamilitares, que es la más grande de los últimos tiempos y que intenta desarticular la unidad con el pueblo, y distorsionar los posicionamientos en favor de la paz que tienen clara la naturaleza política del conflicto y hacen efectivo el derecho inalienable a la rebelión.

Así, los esfuerzos de paz en Centro y Sudamérica continúan enfrentándose con la realidad sistémica de políticas abiertamente antipopulares y represivas. Estos proyectos no deberían terminar en una paz americana que hace abstracción de la economía política, de las clases en conflicto antagónico, que encubren la permanente injerencia estadunidense en la región, así como la respuesta de los pueblos que se niegan a cohabitar con las oligarquías, sus ejércitos genocidas y sus paramilitares. La lucha por la paz, la libertad y la soberanía tienen lugar en sociedades cuyas clases dominantes monopolizan la tierra, la propiedad de los medios de producción y, por ende, el poder económico y político, y, al mismo tiempo, se han convertido en la base articuladora local de la dominación imperial.

Así, hoy se pretende imponer la rendición incondicional de los pueblos que exigen y construyen la paz, que establecen democracias comunales con sus propios recursos y formas colectivistas de organización social, que incursionan en la construcción del poder comunal en la Venezuela chavista y bolivariana. En particular, para el sistema de dominación imperante, el sistema de representación indígena implica un cuestionamiento radical a las formas de mando y obediencia impuestas desde hace siglos. De ahí el sentido subversivo de estas democracias comunitarias que, además, se constituyen en núcleos de resistencia anticorporativa y reservorios de pensamiento crítico, como es el caso de la experiencia mexicana con el EZLN, el Congreso Nacional Indígena, y su propuesta de conformar un Concejo Indígena de Gobierno, en alianza con todos los explotados y oprimidos en el ámbito nacional.

Sin embargo, no hay que olvidar que la barbarie trasnacional destruye cotidianamente todas las expresiones de vida por la imposición de sus programas neoliberales, y mediante conflictos de intensidad diferenciada contra los seres humanos y la naturaleza, envileciendo de paso ciencia y tecnología.

La revolución de los pueblos es resistencia permanente contra el salvajismo del capital, y se constituye en el último e irrenunciable recurso; es la negación dialéctica del viejo sistema, NO la inserción en éste. De ahí, aquello de mis sueños no caben en sus urnas.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2018/01/26/opinion/020a2pol

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