El campesino Oscar Geovanny Ramírez (16) fue asesinado y cinco más detenidos en un operativo violento que realizó la policía y el ejército, en la Cooperativa La Aurora, del Movimiento Campesino Unificado del Aguán, MUCA, este domingo 20 de junio, entre las 9:30 a 10:00 de la mañana. La Cooperativa La Aurora, es una de […]
El campesino Oscar Geovanny Ramírez (16) fue asesinado y cinco más detenidos en un operativo violento que realizó la policía y el ejército, en la Cooperativa La Aurora, del Movimiento Campesino Unificado del Aguán, MUCA, este domingo 20 de junio, entre las 9:30 a 10:00 de la mañana.
La Cooperativa La Aurora, es una de las 24 del MUCA con las que el régimen de Porfirio Lobo, firmó un compromiso el 17 de abril de este año para solventar el problema de la tierra, la cual es estatal pero que es reclamada ilegalmente por los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales. Sin embargo, a pesar de ese acuerdo, la militarización en el Bajo Aguán no ha cesado, las denuncias de la utilización de policías y militares que están dentro de algunas fincas, están documentadas con fotografías.
Según información proporcionada por Esly Banegas, Coordinadora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA y del Frente Nacional de Resistencia regional del Aguán, los afectados le informaron que los militares y policías llegaron en dos patrullas, una de ellas era la número 51 de la Policía Nacional Preventiva y desde que se bajaron de las mismas dispararon a mansalva contra los campesinos.
Hasta hace una hora, el cuerpo del joven Oscar Geovanny Ramírez, permanecía en la tierra donde se ubica la Cooperativa La Aurora, que está localizada a unos ocho kilómetros de Tocoa, Colón. Aún las autoridades no han llegado a hacer el reconocimiento de Ley.
Mientras tanto en la jefatura policial de Tocoa, Colón está detenidos Jairo Rubén Murillo Gutiérrez (21), Miguel Ángel Ramírez Reyes (28), José María García, Jaime Noel Ramos Ramírez (16), quienes fueron capturados y acusados de portación ilegal de armas y asociación ilícita.
Los agentes de policía y militares disparaban a matar, aparte de Ramírez pudieron haber matado a Jairo Rubén Murillo, que estaba junto a su esposa que está embarazada, pero que escapó de las balas al lanzarse a tierra.
Desde diciembre de 2009, las cooperativas afiliadas al MUCA decidieron recuperar su tierra, pero a la par la represión de los terratenientes en apoyo de los cuerpos armados del Estado hondureño, ha dejado unos ocho campesinos muertes, decenas de perseguidos y amenazados a muerte. Con la firma del compromiso del régimen se creía que la represión se iba a detener y la militarización cesaría, pero las cosas no han sido fáciles para más de tres mil familias que confiaron en el acuerdo.
A mediados de esta semana, el MUCA informó en conferencia de prensa, la voracidad del empresario y terrateniente Miguel Facussé que pretende cobrar por cada hectárea de tierra el triple del valor, o sea 250 mil lempiras, pero en realidad el costo es de 90 mil.
Los campesinos también creyeron que las incursiones armadas también ya serían tema del pasado, no obstante con este nuevo hecho violento, hay varias preguntan que el régimen de Porfirio Lobo debería responder.
A la par de todo esto, en los medios corporativos al servicio de los terratenientes se ha llevado a cabo una campaña para hacer parecer que de concretarse el acuerdo afectaría a otras familias, para lo cual se anunció que Miguel Facussé cesantearía a 500 trabajadores que están en los predios reclamados por MUCA.
La organización FIAN Internacional-Sección Honduras se pronunció al respecto y condenó los hechos, «Enfrentamos la historia de nunca acabar. Sigue el asesinato, la persecución y diferentes agresiones físicas y sicológicas. Cuando las 24 organizaciones campesinas afiliadas a MUCA suscribieron el convenio con el régimen de Porfirio Lobo Sosa entendieron que terminarían las agresiones de la policía y de particulares armados, pero los hechos actuales desdicen tal creencia».
Recordamos que esas 24 organizaciones de MUCA, cumpliendo con el acuerdo, se retiraron de igual número de fincas y se concentraron en cinco (La Lempira, La Confianza, La Aurora, La Concepción y Camarones) mientras se les entregan las restantes hasta completar las 11 mil hectáreas convenidas. Con lo que no queda duda que el incumplimiento viene del régimen de Lobo Sosa, señaló el comunicado difundido este mismo domingo.
La pregunta que asalta a cualquiera que se preocupe por la violencia desatada a raíz del conflicto agrario en esa región es ¿A quién acudir?: ¿A la policía? ¿A la fiscalía general de la República?… Todas las gestiones son vanas, sin resultados que no van más allá del pretexto y el discurso burocrático, expresó.
Vivimos un estado de ingobernabilidad y, en él, quienes más sufren son los indefensos de siempre, los menos favorecidos en un sistema distinguido por la inequidad y la injusticia. Nos queda apenas la denuncia con la esperanza de que llegue a la conciencia de los hondureños y sea considerada por la opinión internacional organizada y ésta promueva presiones sobre un régimen cuya agenda no va más allá de buscar el reconocimiento del concierto de naciones y de los organismos de financiamiento internacional, finalizó el documento.