Las dos fuentes de valor de la sociedad son el trabajo y la naturaleza. Los bienes naturales no son producto del trabajo humano, por tanto son bienes monopolizables. Ello ocurre con la tierra, los minerales, bosques, fuentes de agua, cuencas, biodiversidad, aire, otros. El capitalismo destruye estas dos (2) fuentes de valor con el fin de obtener mayores ganancias pagando bajos salarios y muy poco o nada por la explotación de los recursos naturales.
Las políticas de reforma agraria impulsadas por el Estado para facilitar la entrega de tierras productivas a los campesinos (as) y servicios de apoyo a la producción de alimentos y bienes exportables bajo la modalidad de agricultura de contrato, perdieron fuerza con la vigencia de los programas de estabilización económica y ajuste estructural promovidos por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde mediados de la década de los 70s. El argumento de fondo fue y sigue siendo que los campesinos son ineficientes (baja productividad física y del trabajo),produciendo alimentos básicos que perfectamente pueden importarse de países más eficientes, dedicándose esas tierras a la producción de bienes exportables, mayormente “postres”.
No obstante, en la primera “ola” de gobiernos progresistas en Latinoamérica, la reforma agraria volvió a ser una política prioritaria del Estado, sobre todo en la Venezuela de Hugo Chávez y Bolivia de Evo Morales. El 2 de agosto, en este país, el gobierno celebra el día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria iniciada en 2007. Caso contrario ha sucedido con la Nicaragua de Daniel Ortega hoy, donde no hay evidencia de revertir las políticas neoliberales de los años 90s, pero si muestra un fuerte impuso a la producción alimentaria. Se espera que en 2026, la producción nacional cubra no menos del 95% del abastecimiento interno de alimentos para contribuir en forma decidida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo que respecta a la eliminación del hambre, contrario a lo establecido en el RD-CAFTA que promueve la dependencia alimentaria y destrucción de las economías campesinas.
En países como Honduras el ajuste estructural llegó con retraso (inicios de los años 90s) si se compara con los programas ejecutados en países latinoamericanos, después de una crisis económica y política que no solo impactó negativamente en las condiciones de vida de la población, sino que involucró al país en un conflicto regional con secuelas de violaciones de derechos humanos e ingobernabilidad. Aunque las políticas y programas ejecutados, como los programas de Reforma del Estado y Modernización Agrícola contaron con la aprobación de dirigentes de partidos políticos de oposición y empresariales, gremiales y campesinos, se discutió muy poco sobre sus efectos e impactos negativos a mediano y largo plazo.
En el agro hondureño, dirigentes campesinos y defensores de los recursos naturales no contaminados con el “espejismo” del ajuste estructural, bondades del libre comercio y las “prebendas” ofrecidas por el gobierno de turno y agencias de cooperación internacional, siguen exigiendo la revisión o derogación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) y sus leyes y decretos conexos, considerado el principal instrumento para lograr los objetivos buscados con el ajuste y destruir los “pocos” logros alcanzados con el programa de reforma agraria.
Esta Ley lleva más de 32 años de ejecución, siendo prohibido incluso hablar de una revisión de la misma, mucho menos de la derogación. Los principales opositores son el gobierno norteamericano, organismos como Banco Mundial, USAID e incluso la UE. A lo interno, la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), igual las FFAA donde muchos de sus miembros (activos o en retiro) son terratenientes. El presidente Juan Orlando Hernández (JOH) incluso les aprobó un programa de desarrollo agrícola para que manejaran unos 66 millones de lempiras por ser muy disciplinados y eficientes (Decreto Ejecutivo PCM-052-2019).
La Central Nacional de Trabajadores de Campo (CNTC) y las organizaciones agrupadas en la Plataforma Agraria, exigen la derogación de la LMDSA, que ha criminalizado la protesta y demandas por un pedazo de tierras para comer, acusando a los campesinos de terroristas. Se demanda por los diputados la aprobación de una Ley de Emergencia para Reactivar el Sector Agrícola, Pecuario y Forestal para el Combate de la Pobreza, proponiendo la creación de un Consejo Nacional de la Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal (CNPAPF), que sustituya al Consejo de Desarrollo Agrícola (CODA) que coordina la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG).
El Congreso Nacional nombrará una Comisión para ello, pero exigirá que se haga una evaluación de los efectos e impactos de la LMDSA como soporte, lo cual lleva tiempo y debe empezar ya. La Embajada Americana, terratenientes y empresarios no han mostrado disposición para apoyar una iniciativa de este tipo, por lo que en paralelo la presión social se constituye en un derecho reivindicativo por la vida en el agro nacional.
Al igual como sucedió después del paso de la tormenta y huracán Mitch en 1998, las presiones de organizaciones campesinas por dotación de tierras se hicieron evidentes en todo el país, pero sobre todo en la Zona del Bajo Aguan, donde se encuentran las mejores tierras para cultivos. Fueron visibles las tomas de tierras por los campesinos y exigencias al Estado para su legalización. La respuesta del gobierno fue una propuesta alternativa, denominada: reforma agraria posible, o sea recuperar y entregar todas aquellas tierras nacionales y ejidales a los campesinos (as), pero también las que se encuentran en “sobretecho” agrario, o sea tierras en posesión por encima de lo permitido por la ley agraria y LMDSA.
En paralelo, se apoyó la creación y fortalecimiento del Movimiento Campesino del Aguan (MCA), en contraposición a la organización campesina tradicional cuyos dirigentes habían vendido las tierras y corrompido. Este nuevo movimiento luchaba por la recuperación de tierras entregadas por el Estado a particulares con prácticas dolosas, muchas de ellas pagadas con fondos públicos a los “supuestos” dueños.
Aunque en el gobierno de Carlos Flores Facusse (1998-2001) se autorizó una ley complementaria (léase ley de inversiones agrícolas) a la LMDSA que legalizaba el sobretecho agrario y no permitía que se destinaran estas tierras para fines de reforma agraria, el proceso iniciado en el Bajo Aguan seguía su curso y el nuevo movimiento campesino se fortalecía en sus demandas de tierras y servicios de apoyo a la producción alimentaria y de exportación.
Hoy de nuevo son evidentes presiones campesinas por demanda de tierras para producir alimentos y comer, vivir y morir, como diría el ideológico de la reforma agraria hondureña, Clodomir Santos de Morais, ya que para los campesinos la tierra es un activo de uso y servicios múltiples, garante de la reproducción material de las familias campesinas.
Los empresarios hablan de 17,000 hectáreas de tierras “invadidas” por los campesinos, otros de 21,000 hectáreas de tierras (unas 30,000 manzanas según el director ejecutivo de la FENAGH, Guillermo Cerritos y principal asesor de la Ministra de Agricultura), y la pérdida de 24 mil millones de lempiras en inversiones y cultivos (proceso digital, 9/9/2022), sumado a unos 1,400 millones de lempiras por inversiones que no vienen al país por la falta de seguridad jurídica en el agro nacional, generando pérdidas de empleo e ingresos al fisco. No hablan del asesinato de líderes campesinos, ni de las violaciones sistemáticas de derechos adquiridos.
Hablan también que muchos de los invasores no son campesinos ni pertenecen a las organizaciones reconocidas por el Estado, sino que a grupos irregulares que asaltan las plantaciones, especialmente aquellas sembradas de palma africana, y venden la fruta a las propias empresas procesadoras y exportadoras. En estos grupos, según las denuncias, hay personas ligadas al narcotráfico.
Una respuesta del gobierno a la problemática, es la creación de comisiones multisectoriales para resolver el problema, pero que, al parecer, no han resuelto el conflicto. El problema sigue y se ha agravado, amenazando por convertirse en un elemento desestabilizador de la gestión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en la medida que se acerca el periodo electorero; sin desconocer que las llamadas tomas de tierras formen parte de una política orquestada por fuerzas opositoras al gobierno. Otra solución, ensayada anteriormente, es “chinear el mono”, mientras se logran objetivos políticos, lo cual también puede afectar al gobierno. Se habla de un nuevo pacto agrario, pero sin derogar la legislación vigente, aplicando el peso de la Ley a los infractores y militarizando las zonas en conflicto, especialmente el bajo aguan, cuna del movimiento campesino hondureño.
Es tiempo de una solución más integral. Las acciones a tomar son:
a) Derogación de la ley de inversiones agrícolas aprobada en el gobierno de Carlos Flores Facusse y que permite entregar certificados de inafectabilidad a personas que tienen más de las áreas de tierra permitidas por la legislación agraria;
b) Eliminar el decreto Ejecutivo PCM 030-2020 aprobado por el presidente Juan Orlando Hernández (JOH), para permitir que los empresarios y terratenientes compren tierras del Estado a precios de “gallo muerto” y las“dediquen”supuestamente a producir alimentos para suplir las carencias generadas por el Covid-19;
c) Revisar los resultados e impactos habidos con la LMDSA para proponer reformar o su sustitución por un nuevo instrumento jurídico a fin con los postulados del modelo de desarrollo alternativo a ejecutarse por el gobierno: Socialismo Democrático.
d) Censo Agropecuario en marcha
e) Censo del Sector Reformado y levantamiento de la encuentra agrícola, y relleno de grupos y cooperativas campesinas del sector reformado.
f) Aumento de las metas de entrega y titulación de tierras del Instituto Nacional Agrario a los pueblos indígenas, registrando títulos comunitarios
g) Plan piloto de impuesto a la tierra ociosa y mal utilizada, en el marco de una ley más amplia de reforma tributaria.
h) Evaluación del funcionamiento del Instituto de la Propiedad y del “dolo” agrario.
i) Entrega y legalización de las tierras administradas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) a los campesinos (as), lo que implica aprobar un decreto legislativo en poder del Congreso Nacional.
j) Documento de política agraria 2023-2030 aprobado con la participación de la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) compatible con la política agroalimentaria en proceso, incorporando las estrategias y programas de apoyo a la economía familiar campesina y lucha contra el hambre.
k) Una evaluación del RD-CAFTA con actores locales y regionales para pedir su revisión o vigencia de estrategias complementarias.
l) Zonificación de Cultivos, para no destruir el suelo, contaminar las fuentes de agua y cercenar el bosque y biodiversidad con insumos agro tóxicos.
Adelante, Señora Presidenta, el tiempo apremia, el negativismo y lamento de ciertos funcionarios de gobierno debe ser página leída.
Tegucigalpa, DC, 1 de Marzo de 2023.
Javier Suazo. Economista hondureño especializado en políticas económicas y relaciones internacionales, con estudios doctorales en ciencias economías.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.