Este 5 de agosto, los presos políticos Edwin Espinal, Raúl Álvarez y Rommel Herrera, que guardan prisión en la cárcel de máxima seguridad «La Tolva», hicieron pública la decisión de iniciar una huelga de hambre indefinida. La decisión fue tomada ante la grave situación de inseguridad e insalubridad que viven los reos, y el silencio […]
Este 5 de agosto, los presos políticos Edwin Espinal, Raúl Álvarez y Rommel Herrera, que guardan prisión en la cárcel de máxima seguridad «La Tolva», hicieron pública la decisión de iniciar una huelga de hambre indefinida.
La decisión fue tomada ante la grave situación de inseguridad e insalubridad que viven los reos, y el silencio cómplice de las autoridades penitenciarias.
Frente al Ministerio Público en Tegucigalpa y en el parque central de la ciudad de El Progreso, familiares de Edwin, Raúl, Rommel y del joven Gustavo Adolfo Cáceres y miembros del Comité por la Liberación de los Presos Políticos iniciaron un ayuno exigiendo su liberación inmediata.
«Hemos sufrido agresiones, confrontaciones físicas y verbales y hasta amenazas de muerte. Hemos hecho las respectivas denuncias, pero las autoridades han hecho caso omiso, ignorándonos.
La sola respuesta que hemos recibido ha sido más represalias y más hostilidad, llegando al punto de encerrarnos en una improvisada celda que no reúne las condiciones mínimas», denuncian los presos políticos desde «La Tolva».
Ante esta situación, los tres jóvenes decidieron tomar «medidas de presión para salvaguardar nuestras vidas e integridad física».
«Hoy, 5 de agosto, iniciamos una huelga de hambre para que el gobierno nos escuche, ya que nuestras vidas corren peligro.
Al unísono, desde aquí, les decimos que jamás van a callar nuestras voces que demandan justicia. Siempre que impere la desigualdad social, ahí estará el pueblo.
Edwin Espinal y Raúl Álvarez se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad desde enero de 2018, después de ser capturados durante las protestas contra el burdo fraude electoral que dio vida al ilegal e ilegitimo segundo mandato de Juan Orlando Hernández.
Un mes antes, Gustavo Cáceres, un joven con discapacidad para expresarse, fue detenido y encarcelado en el Centro Penal de El Progreso.
Después del fraude electoral el pueblo se desbordó a las calles en defensa de la victoria obtenida en las urnas. Muchas personas fueron perseguidas, golpeadas y asesinadas. Otras fueron criminalizadas y judicializadas, varias pudieron defenderse en libertad.
Edwin, Raúl y Gustavo aún guardan prisión preventiva y se les ha negado el debido proceso, violentando el principio de imparcialidad y las garantías personales.
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