“Sin Plan no hay presupuesto y sin éste no hay Plan ni avance” (Manlio Martínez Cantor, economista del Desarrollo)
A medida que se acercan las fechas de elecciones primarias y generales (marzo y noviembre de 2025), para elegir las nuevas autoridades de gobierno, se introduce un principio de condicionalidad por la oposición política, evidente en el Congreso Nacional. Ello tiene un alcance mayor, cuando los diputados electos son mayoría y pertenecen a la oposición política y, en teoría, controlan la agenda legislativa, sumando incluso un grupo de diputados del Partido Libertad y Refundación (IBRE) que juraron no traicionar sus principios e ideario político-ideológico , pero en la práctica se autodenominan liberales de “sepa”.
La condicionalidad refiere a la aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica 2025 presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, siempre y cuando se garantice e incluyan medidas de política, programas y proyectos de la misma oposición, se reduzcan fondos que supuestamente se destinarán a la campaña política y favorecer a la candidata oficialista, Rixi Moncada, o existan fondos asignados para proyectos que, dado el poco tiempo de ejecución, no se ejecutarán y destinarán a otros propósitos.
El presidente del Congreso de la Republica, Luis Redondo, ha calificado estas acciones como actos de extorción de la oposición política, donde se pretende que se aprueben nuevos impuestos a la población, se engavete la Ley de Justicia Tributaria y acelere el endeudamiento del país.
Luis Redondo “advirtió que la no aprobación del presupuesto afectará gravemente a servicios esenciales como salud, educación y seguridad, así como el aumento salarial a maestros y las transferencias a las municipalidades.Además, provocará retrasos en el pago de salarios a empleados públicos y en la ejecución de proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras y hospitales, entre otros. El gobierno del Plan Bicentenario ha logrado mantener la estabilidad fiscal y el crecimiento económico sin necesidad de aumentar impuestos, a pesar de los «obstáculos y boicots del bipartidismo».[1]
Hay evidencia de una amplia socialización de este proyecto de presupuesto 2025, especialmente por la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional que preside el Dr. Hugo Noé Pino. Esta socialización no solo incluyó al sector privado, organizaciones sociales y gremiales, sino también a la academia y centros de investigación como el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH). Igual trabajo se realizó con las instituciones de gobierno, en cuanto a los fondos propuestos para cumplir los objetivos, metas y proyectos, y las prioridades de gasto establecidas conjuntamente entre la Secretaria de Finanzas (SEFIN) y Secretaria de Planificación Estratégica (SPE).
Según el Dr. Hugo Pino, “pese a la apertura del proceso, en tres ocasiones se invitó al jefe de bancada del Partido Nacional a participar en reuniones con la Comisión de Presupuesto, con el fin de aclarar comentarios erróneos que se han difundido respecto al documento. Sin embargo, en todas las oportunidades, el jefe de bancada afirmó no poder asistir”[2]
En el caso del Partido Liberal, la propuesta incluye el reforzamiento en el gasto de inversión pública en el área de la salud, protección social, educación y transferencias a las municipalidades, lo que sugiere un análisis de las propuestas y ajustes de las partidas asignadas, que ya se ha realizado por SEFIN.
El argumento de los diputados liberales es que los hospitales están desabastecidos de medicamentos e insumos, y las atenciones a pacientes especiales son limitadas, sumado a la asignación de más recursos a programas de compensación social como la Red Solidaria. En educación recomiendan un ajuste mayor de salarios a los maestros sin valorar los costos e impactos negativos, igual mayor presupuesto para compra de textos escolares. Se exige que el gobierno cumpla con el 11% del presupuesto destinado a transferencias municipales, aun cuando se desconoce el proceso que conlleva la nueva ley de descentralización.
Estos aumentos suman a una política definida por el gobierno de la Republica para apoyar a los sectores sociales e infraestructura económica y productiva. Para el caso, el proyecto de presupuesto prioriza sectores como la protección social, la salud, la educación y la seguridad ciudadana con una inversión pública y social de L 97,650.1 millones, donde el 31.4% corresponde a programas de compensación social liderados por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL); él15.4% para la construcción de hospitales de traumas y laboratorios nacionales especializados; un 10.7% como subsidio para 800 mil abonados de la ENEE y rehabilitación de complejos hidroeléctricos.
Unos 7,909 millones de lempiras, o sea el 8.09%, para construir nuevas cárceles, y 4,356 millones (4.46%) para infraestructura educativa, abarcando programas como Matrícula Gratis, Merienda Escolar y mejoras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
“El presupuesto también destina L 67,319.5 millones al pago de la deuda pública, una carga heredada del narco gobierno que incrementaron la deuda de 3,000 millones a más de 20,000 millones de dólares en 12 años. A pesar de ello, el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro ha mantenido un historial de pago puntual, demostrando compromiso con la estabilidad económica del país.”[3]
Otra crítica de los políticos de oposición, es el monto de recursos asignados a la mal llamada “partida” confidencial 449 de la presidencia de la Republica, por 12,000 millones de lempiras y donde se incluyen fondos de más de 2, 000 millones de lempiras para las elecciones 2025. Siempre ha funcionado como una partida de contingencias para cubrir gastos como aumentos de salarios, elecciones, cuotas de arrendamiento de locales (centro cívico), entre otros. Igual se critica que la Secretaria de Defensa podrá hacer compras directas de hasta 11,000 millones de lempiras, lo cual no cierto al no estar provisionados los recursos ni autorizados por ese monto.
Se cuestiona el aumento del presupuesto de la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) en más de 500 millones de lempiras, que funciona también como una institución de información y prensa, donde parte de los recursos se destinarán a estos propósitos y serán alimentados con los fondos asignados en las partidas de gastos de publicidad de cada una de ellas.
El Consejo Cívico Fiscal (CCF), integrado por economistas de instituciones de sociedad civil, sector privado y académicas, demandan un presupuesto general más inclusivo, equitativo, estratégico y sostenible para 2025. Ello incluye: a) Restricción de partidas presupuestarias para favorecer el gasto que beneficia más a la población como salud, educación, niñez; b) Protección de asignaciones presupuestarias como partidas de medicamentos e insumos que muestran una insuficiencia en hospitales públicos; c) Promoción de Inversiones Estratégicas que dinamicen sectores productivos de la economía; d) Protección de los recursos naturales ( no a la cárcel en la mosquita); e) Asegurar los recursos para el proceso electoral ( ya se contemplan); f) La llamada partida confidencial desagregarla y asignar los recursos a cada Secretaria de Estado; g) Coherencia Fiscal.[4]
El presupuesto para 2025 asciende a 430, 907.8 millones de lempiras, con un aumento de 23,770 millones de lempiras si se compara con el presupuesto anterior. De ese monto, el 61.8% corresponde al gobierno central y el resto (38.2%) a la administración descentralizada.
Una referencia obligada en las discusiones de presupuesto 2025, son las prioridades del gasto destinado a los sectores de mayor demanda, o sea donde se concentra la mayor parte de la población (salud, educación, vivienda, protección social, seguridad, producción alimentaria, protección forestal), lo cual debe estar cubierto y no permitirse una erosión de los recursos para otros fines. A ello se suma, la productividad del gasto, referida a los logros obtenidos con la ejecución de los fondos, caso contrario tendremos una pérdida neta de recursos, sea por ineficiencia o corrupción.
Hay un compromiso del gobierno frente a los organismos internacionales por honrar el pago del servicio de la deuda, provisionándose los recursos para 2025. Ello, aun cuando, no hay nuevos impuestos ni evidencia creíble que la ley de justicia tributaria, avalada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sea aprobada.
Los presupuestos responden a programaciones físicas de metas reales e institucionales, por lo cual la programación presupuestaria no debe verse como separada de la programación de metas. Tenemos una gran brecha en ello, ya que los planes operativos y estratégicos han sido vulgarizados como instrumentos de planificación, donde no hay un mecanismo efectivo de formulación, seguimiento y evaluación de estas metas comparado con los recursos ejecutados (eficiencia y eficacia como palabras claves o ejes transversales).
Los aumentos de gasto corriente, como ajuste de sueldos y salarios, viáticos y contratación de nuevos empleados, y mayor monto de subsidios a la población afectan otras partidas de gasto, pero no debe permitirse que afecten partidas para atenciones y compra de insumos en salud y educación por ejemplo, dos (2) de los principales sectores priorizados por el gobierno y que constituyen promesas de campaña.
Hay que abrir un nuevo espacio para el diálogo con los actores, más allá de las bancadas, ya que gran parte de los diputados de oposición responden a las directivas de estos actores reales e intereses de grupo y personales. A lo interno del Congreso Nacional, la valorización de las propuestas del partido liberal es fundamental.
Notas:
[1] Tunota.com, 23 de diciembre de 2024
[2] Presupuesto General 2025 prioriza la Inversión Publica,Minota. 17 de diciembre de 2024.
[3]Minota.com op.cit
[4] Ver Comunicado del Consejo Cívico Fiscal de fecha 29 de noviembre de 2024.
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