Durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-1983), actualmente procesado por genocidio, 1.485 mujeres menores de edad fueron violadas y 29.000 personas fueron desplazadas. «En 1982 masacraron a mi mamá y otras 15 personas y quemaron nuestra casa. Ahora buscamos apoyo porque no hemos recibido ayuda», relató a IPS el indígena ixil Jacinto Escobar, […]
Durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-1983), actualmente procesado por genocidio, 1.485 mujeres menores de edad fueron violadas y 29.000 personas fueron desplazadas.
«En 1982 masacraron a mi mamá y otras 15 personas y quemaron nuestra casa. Ahora buscamos apoyo porque no hemos recibido ayuda», relató a IPS el indígena ixil Jacinto Escobar, que procura un resarcimiento del Estado tras la guerra que asoló a este país entre 1960 y 1996. «Perdimos nuestra casa porque en esos tiempos las quemaban junto con las personas que había dentro. Gracias a Dios yo no estaba en ese momento y pude esconderme», añadió Escobar, ahora padre de nueve hijos, desde el noroccidental departamento de Quiché, el más golpeado por el conflicto.
El enfrentamiento armado entre la guerrilla izquierdista y las fuerzas del Estado dejaron en Guatemala 250.000 muertos y desaparecidos, en su mayoría indígenas, con el ejército como responsable de 93 por ciento de los crímenes, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
El 29 de diciembre de 1996 se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno y la coalición guerrillera Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, en lo que culminó el proceso de paz en que participó como representante del ejército el general retirado Otto Pérez Molina, presidente del país desde enero.
En los acuerdos de paz impulsados por las Naciones Unidas, se establecieron compensaciones para las víctimas de 36 años de conflicto armado, y pactos especiales sobre derechos humanos y la identidad y derechos de los pueblos indígenas.
Para reparar a las víctimas, el gobierno creó en 2003 el Programa Nacional de Resarcimiento, destinado a adoptar medidas de restitución material, como tierra y vivienda, y de compensación económica y de rehabilitación y reparación psicosocial, entre otras.
Sin embargo, la corrupción, el clientelismo y la utilización con fines políticos de este programa ha puesto cuesta arriba su labor, mientras la mayoría de víctimas aún aguardan por una compensación y otras tantas la reciben pero a medias, destacan informes y activistas humanitarios.
«Aquí el Programa entregó 576 viviendas en 2011 pero a medio terminar. Tuvimos que comprar cemento, hierro, pagar un albañil e incluso acarrear materiales de construcción para terminarlas», dijo a IPS otro sobreviviente, Manuel Tay, desde el noroccidental departamento de Chimaltenango.
Tay, quien perdió a cinco de sus hermanos durante el conflicto, relató que las casas están construidas de un material «muy sencillo» al punto que «hubo algunas que no tenían ni tres meses y el piso se estaba agrietando».
Para acceder a algún resarcimiento, Tay tuvo que hacer infinidad de gestiones ante organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y formar la Asociación Q’anil, que en idioma maya kaqchikel significa «semilla».
El activista solo consiguió hasta ahora una vivienda de 36 metros cuadrados de construcción y una indemnización equivalente a 3.600 dólares para él y sus dos hermanos sobrevivientes.
Pero eso no es todo. La frustración de las víctimas de la guerra no sería tal si no fuera por las fuertes denuncias de malos manejos de fondos que existen contra exfuncionarios que trabajaron en el programa.
Falta de transparencia, discrecionalidad y discriminación son parte de las dificultades encontradas en el Programa Nacional de Resarcimiento por una auditoría social realizada en 2010 y 2011 por 19 organizaciones no gubernamentales, algunas de víctimas del conflicto.
«Hay indicios de corrupción en la implementación de las medidas de resarcimiento, violación del derecho de las víctimas y no existe una política clara, sistemática, pertinente y permanente de atención a casos colectivos e integrales», señala el informe.
De hecho, 32 comunidades indígenas demandaron en 2011 al Estado guatemalteco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por no brindar resarcimiento a los sobrevivientes o parientes de víctimas del conflicto armado.
También hay mucho que decir de las medidas de reparación psicosocial y rehabilitación y de la dignificación de las víctimas.
Sergio Castro, del no gubernamental Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, una organización que apoya a los afectados por la guerra, dijo a IPS que desde su creación en 2003 el Programa de resarcimiento se ha enfocado en la restitución material y económica, «quizás en un 20 por ciento del total de las víctimas».
«Pero no ha habido restitución de tierras, inversión productiva y reparación psicosocial a mujeres que sufrieron violencia», que también formaban parte de las medidas contempladas por el programa gubernamental, añadió.
Según el Ministerio Público (fiscalía), solo durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-1983), actualmente procesado por genocidio, 1.485 mujeres menores de edad fueron violadas y 29.000 personas fueron desplazadas a la fuerza de sus hogares.
En ese contexto, Castro considera que la atención psicosocial de las víctimas «es algo fundamental para construir la armonización del tejido social», sobre todo si se toma en cuenta que «en las comunidades conviven víctimas y victimarios».
Otros países latinoamericanos, como Chile y Argentina, también implementaron mecanismos de reparación económica y social de las víctimas de la represión de dictaduras militares en el pasado.
También existió el programa alemán de indemnización a las víctimas del holocausto nazi, dirigido a quienes sufrieron la violación a sus derechos y libertades fundamentales, debido a su raza, religión o ideología.
Feliciana Macario, activista de la no gubernamental Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, dijo a IPS que en el caso guatemalteco «ha habido falta de voluntad» de apoyar a las víctimas de la guerra.
La llegada a la Presidencia cuatrienal de Pérez Molina, signatario de los acuerdos de paz y excombatiente del ejército durante el conflicto, no aporta una esperanza de apoyo para las víctimas.
«Si el presidente es signatario de los acuerdos debe cumplirlos. Pero hasta ahora no podría decir mayor cosa. Hasta ver cómo tratará el presupuesto para el Programa», señaló Macario.
De hecho, para 2012 este programa tiene un presupuesto de 10,5 millones de dólares, si bien agrupaciones sociales solicitaron al Poder Legislativo cerca de 40 millones de dólares.
La activista recordó que esta ayuda es muy significativa para los afectados por el conflicto armado, quienes perdieron a sus familiares, viviendas y cultivos. Añadió que sería de especial importancia la referida al tema psicosocial.
«Es una medida que ayudaría mucho a la superación de toda la violencia que sufrieron miles de personas. Miles de mujeres fueron violadas por el ejército de Guatemala pero nunca han sido atendidas», concluyó.