El pasado día 4 de mayo el Comité Cívico de Santa Cruz, un departamento de Bolivia, convocó una consulta popular para aprobar un «estatuto autonómico» mediante el cual se «auto-otorgaban» competencias tales como orden público, la titularidad de lo recursos naturales, la recaudación y administración de impuestos, agricultura, comunicaciones… Competencias que según la Constitución boliviana […]
El pasado día 4 de mayo el Comité Cívico de Santa Cruz, un departamento de Bolivia, convocó una consulta popular para aprobar un «estatuto autonómico» mediante el cual se «auto-otorgaban» competencias tales como orden público, la titularidad de lo recursos naturales, la recaudación y administración de impuestos, agricultura, comunicaciones… Competencias que según la Constitución boliviana corresponden al Gobierno de la Nación boliviana. De forma que mediante una consulta unilateral se está pretendiendo reformar la carta magna, algo jurídicamente inaceptable. A pesar de ello, no se ha percibido en los medios españoles ni en sus firmas de opinión ni en nuestros políticos una oposición clara a ese referéndum. De ahí que resulte interesante comparar el secesionismo de Santa Cruz en Bolivia con lo que ha pasado, está pasando o puede pasar en el Reino de España donde existe otro territorio, Euskadi, con un importante movimiento independentista. ¿Que ocurriría en España si se plantease un referéndum soberanista?
Para evitar este tipo de consultas, la Constitución Española en su artículo Artículo 62 establece que el Rey es quien ostenta la competencia en exclusiva para convocar referéndum, que será a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados y, en todo caso, con carácter consultivo, conforme el artículo 92 del mismo texto legal. De forma que ningún órgano de ninguna Comunidad Autónoma tiene competencia para convocar una consulta popular.
Si a pesar de esta prohibición, una cámara legislativas regional o un gobierno autonómico intentasen celebrar un referéndum, el gobierno central impediría su celebración por diferentes vías. En primer lugar la penal, aunque durante la primera legislatura de Zapatero (y fruto de los acuerdos de legislatura con nacionalistas vascos y catalanes) se suprimió el artículo introducido por el Partido Popular en el Código Penal por el que se castigaba a la autoridad que convocase un referéndum ilegal, la Fiscalía no dudaría en denunciar a los convocantes por un delito de «colaboración con banda armada» ante la Audiencia Nacional y, precisamente, lo haría el día que estuviese de guardia el juez Baltasar Garzón, quien raudo iniciaría un proceso penal con múltiples medidas cautelares para evitar la celebración del referéndum.
El Gobierno también utilizaría el mecanismo previsto en el artículo 155 de la Constitución por el cual «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno… podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».
Tanto en la vía judicial como política, el Gobierno y los Jueces ordenarían a las Fuerzas Armadas que impidiesen la consulta, algo sencillo de imaginar pues sería algo muy similar a lo que vemos todos los días cuando se cierran las sedes de ANV y se detienen a sus líderes.
Si Evo Morales hubiese actuado del mismo modo que Zapatero, en todas las televisiones nos mostrarían las imágenes de policías y militares cerrando colegios electorales y llevándose las urnas. Si hubiese un juez Garzón en Bolivia los columnistas españoles criticarían y denunicarían que los jueces bolivianos no son independientes pues no puede entenderse sino en clave política la hipotética entrada y registro de las sedes del Comité Cívico de Santa Cruz y la detención de sus principales dirigentes.
Por el contrario el gobierno de Bolivia no ha utilizado a las fuerzas armadas para impedir la ilegal consulta, simplemente la ha ignorado por ser una mera provocación y sin ninguna eficacia jurídica. Esta decisión ha sido interpretada como una señal de debilidad cuando lo que se ha evitado ha sido una confrontación directa que nada favorecería a la imagen y credibilidad del gobierno boliviano.
Para los ideólogos de la dominación capitalista el Presidente Hugo Chávez es un dictador por que no renueva la concesión de radiofrecuencia a una Televisión y el indigenismo de Evo está derrotado por las urnas en Santa Cruz. Es obvio que mientas hagan políticas de izquierda van a ser criticados pero, sobre todo en el caso de España, los medios deberían ser más cautos no vaya a ocurrir que Evo Morales y Hugo Chávez «imiten» los métodos «democráticos» del gobierno español y nos dejen, una vez más, en evidencia.