Las siete centrales sindicales paraguayas convocaron a una masiva huelga general el pasado miércoles. Se trató del primer paro de esas dimensiones en los últimos veinte años, con un alto acatamiento de parte de los trabajadores paraguayos. ¿Las reivindicaciones? 25% de aumento salarial; control de precios de la canasta familiar; no a la suba del […]
Las siete centrales sindicales paraguayas convocaron a una masiva huelga general el pasado miércoles. Se trató del primer paro de esas dimensiones en los últimos veinte años, con un alto acatamiento de parte de los trabajadores paraguayos. ¿Las reivindicaciones? 25% de aumento salarial; control de precios de la canasta familiar; no a la suba del transporte público; y el rechazo a la polémica Alianza Público-Privada (APP) sancionada recientemente. En definitiva, la exigencia a un cambio de política económica por parte del gobierno conservador del empresario Horacio Cartes.
La exitosa huelga general de los trabajadores tiene una explicación poco feliz para el campo popular paraguayo: se da en un contexto de avance de una política económica concentrada y excluyente para las grandes mayorías por parte del gobierno de Cartes. El significado de la APP no da lugar a varias interpretaciones, sino que efectivamente significa una sensible pérdida de autonomía gubernamental en relación a la infraestructura pública, en beneficio del sector privado. El texto afirma que el Ejecutivo podrá impulsar dichas alianzas por licitación y otros mecanismos que no se especifican. Para el conservador diario La Nación de Paraguay, uno de los objetivos de la norma es que el sector privado «recupere su inversión con la explotación del servicio que presta dicha obra, por ejemplo, construcción de rutas y puentes para el servicio de tránsito o comunicación terrestre». ¿Qué se busca, de acuerdo a esta explicación? En pocas palabras: traer capitales privados, para luego concesionar la gestión y el cobro de tarifas de las obras realizadas.
Los defensores y detractores de la Alianza Público-Privada
El FMI calificó en febrero pasado a la APP como «un instrumento importante para la inversión en infraestructura del país», tal como afirmara el subdirector gerente de ese organismo, Naoyuki Shinohara, en visita oficial a Asunción. En el interior del país, uno de los principales exponentes de defensa de la Alianza Público-Privada fue nada menos que Germán Ruiz, titular de la Asociación Rural del Paraguay, quien incluso se permitió decir que «los que critican la APP son antipatriotas». Este exabrupto muestra la defensa corporativa que algunos sectores del poder económico paraguayo hacen de la nueva normativa, que garantizará una maximización de beneficios para el ámbito privado.
En contra de la normativa se ha pronunciado, en primer lugar, la Plenaria de Centrales Sindicales, convocando a esta huelga general desde fines de 2013 -luego de la sanción de la APP-. También se han sumado a la convocatoria la Coordinadora Democrática y la Federación Nacional Campesina. Se puede decir, por tanto, que un amplio espectro de organizaciones sociales, sindicales y políticas lograron confluir en una exitosa jornada de huelga general y movilización, con sensibles reivindicaciones como un aumento salarial del 25%, el planteo de un control de precios para los productos de la canasta básica, un rechazo a la suba de las tarifas en el transporte público, y el rechazo a la APP.
¿Se reabre la discusión de la APP?
Sin dudas el éxito de la jornada ha abierto grietas en los pasos a seguir en el mismo gobierno paraguayo. El propio vicepresidente, Juan Afara, manifestó que «el gobierno cometió un error durante la creación de la Ley de Alianza Público Privada. No socializamos con todos los sectores, pero invitamos a que la ciudadanía lea la normativa y se informe» , tras lo cual anunció la conformación de una «mesa de diálogo» con representantes sociales, políticos y económicos.
Esta misma autocrítica puede significar un primer paso para promover no sólo la discusión de la ley, sino también el modelo económico que lleva adelante el gobierno de Cartes -de la cual esta legislación es un punto más, aunque claro, con una trascendencia innegable-. Es que, en momentos donde América Latina discute en general una mayor participación estatal en los asuntos económicos cotidianos, producto de la irrupción de gobiernos posneoliberales en gran parte de nuestros países, debates como los que se dan en Paraguay nos hacen recordar a otras décadas , de resistencia frente a los avances del gran capital concentrado.
El desafío para las organizaciones sociales y políticas de Paraguay será seguir planteando, tanto en las calles como en los ámbitos institucionales, sus justas demandas sobre estos temas, para evitar retrocesos en materia de conquistas sociales y derechos. Al parecer, la masiva participación popular en la jornada de huelga general y movilización es una saludable noticia, de la que el gobierno deberá tomar rápida nota.
Juan Manuel Karg. Licenciado en Ciencia Política UBA. Investigador del Centro Cultural de la Cooperación – Buenos Aires
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.