La falta de autoridad moral para mediar en Honduras, es el principal atributo del intermediador designado para negociar en el conflicto de poder en este país.
En Costa Rica parece que la enfermedad mental más común es la amnesia. Comentaristas en medios de comunicación felicitan la disposición y aprobación del mandatario costarricense, Oscar Arias Sánchez, en la intermediación del conflicto de poder en Honduras. Es calificado como un orgullo para muchos.
Es dudoso decir que el Poder Ejecutivo de Costa Rica no conocía de antemano la realización del golpe de estado al presidente democráticamente electo en Honduras, Manuel Zelaya, tras conocer y comparar las reacciones inmediatas del gobierno costarricense justo después del golpe.
Por otro lado, mientras algunos polemizan y critican por tratar de explicar o justificar el repudiable golpe de estado, es válido recordar también que no solo los golpes forzosos al gobierno son prácticas autoritarias para consumarse en el poder.
Presidencia de Oscar Arias, una burla a la democracia
La reelección presidencial se ha vuelto un instrumento común para el autoritarismo latinoamericano, y Costa Rica no es la excepción, considerando el caso que envuelve al designado intermediador en el conflicto hondureño, el mandatario Oscar Arias Sánchez.
Para los comicios electorales del 2002, el surgimiento del Partido Acción Ciudadana liderado por la candidatura del político y economista, y actualmente candidato presidencial para el 2010, Ottón Solís, preocupó a las cúpulas de los partidos tradicionales, dando inicio a una campaña muy bien planificada para colocar a Oscar Arias al frente para el 2006, ex-presidente costarricense en el período 1986-1990.
Para ese momento, la Constitución Política de la anteriomente mal llamada «Suiza Centroamericana», Costa Rica, estableció en una reforma del año 1969, que un ex-presidente no podía re-elegirse de ninguna forma, lo cual entrabó, por un momento, las aspiraciones de los Arias Sánchez.
Mediante intervención legislativa, buscando crear una alianza diputadil entre las fracciones de los partidos tradicionales: Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, iniciaron un primer intento para reformar la constitución y aprobar la reelección. Sin embargo, no lograron conformar el grupo de 38 diputados quue requerían para ello.
Incoherente con sus propias declaraciones y presionado por las ambiciones de poder, Oscar Arias quien habría indicado no recurrir a la Sala Constitucional, lo hizo. El mandatario costarricense habría declarado al diario La Nación que:
«No. Me parece que el único camino es una reforma constitucional en la Asamblea Legislativa. La Sala Constitucional no tiene nada que ver con esto. Sería burlar a 57 diputados si uno esquiva el debate en el Parlamento. Sería una actitud antidemocrática tocar las puertas del Poder Judicial»
Recurriendo entonces a la Sala Constitucional, los magistrados votan en contra de una acción de inconstitucionalidad (4 contra 3) que removería la prohibición de reelección añadida en 1969, impidiendo la candidatura de Oscar Arias para el 2002.
En su defecto, el grupo impulsó a quien resultó electo presidente en el período 2002-2006, Abel Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana, pieza carismática de la ciudadanía costarricense pero carente de criterio político, en un proceso cuestionado por fraude mediático, manipulación de encuestas y debates, así como por el supuesto uso de fondos de campaña desmedidos e ilegales.
En un segundo intento por la Sala Constitucional, y ya contando con la sustitución de dos de los magistrados de esta sala en la Asamblea Legislativa, se vota en favor (5 contra 2) una nueva acción de inconstitucionalidad idéntica a la anterior, pero esta vez siendo aprobada.
Tal práctica de la Sala, luego fue incluída dentro de una crítica al procedimiento de la jurisdicción constitucional, en un proyecto de ley de la diputada Martha Zamora, del Partido Acción Ciudadana en el período 2002-2006, aduciendo que se violenta la seguridad jurídica del país.
Este juego jurídico y muy poco democrático, brindó a Arias Sánchez la oportunidad de ser candidato presidencial en el 2006, haciendo a un lado todo mecanismo de consulta popular o del congreso costarricense para reformar la constitución y el artículo que le permitía reelegirse.
Acompañado de sostenidas sospechas de fraude mediático, manipulación de encuestas, financiamiento desmedido e ilegal, apoyo de candidatos turecas para debilitar a las fuerzas de oposición, múltiples irregularidades en el conteo de votos y en la fiscalización del proceso electoral, así como el muy cuestionable mecanismo de voto con ‘X’ que facilita realizar fraude; resultó presidente de Costa Rica el señor Oscar Arias Sánchez.
La manipulación del proceso de paz en Centroamérica
El conocido atributo de Premio Nobel de la Paz que caracteriza al actual mandatario costarricense, no deja hoy día de ser cuestionado por la comunidad internacional, y a la vez desconocido por muchos costarricenses.
De acuerdo a una entrevista realizada por el diario El Faro, de El Salvador en el 2007, tanto el presidente de Nicaragüa, Daniel ortega, como el ex-presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, quien lideró desde un principio el proceso de negociación de paz en la región centroamericana, acusan a Oscar Arias de haber falseado la historia y por ello recibir un premio ilegítimo.
La intervención de Estados Unidos con la mano de Oscar Arias, para aislar a Nicaragüa del proceso de negociación, así como gobernar en una Costa Rica sin ejército y con una democracia más consolidada, son algunos argumentos citados para explicar por qué el premio nobel en vez de ser otorgado al colectivo, fue puesto en manos de Oscar Arias, a pesar de sus pocos esfuerzos en la negociación.
Aprovechándome de la publicación en un medio digital, me sirvo en dejar un enlace a la entrevista completa en vez de copiar o transcribir el texto de esta muy completa e interesante publicación.
Arias ha falseado la historia:
http://www.radiolaprimerisima.
El inexistente diálogo con la ciudadanía
Antes de haber asumido la presidencia de la República en el 2006, en campaña electoral el señor Arias Sánchez evadió a toda costa el debate con el mayor candidato presidencial de oposición, Ottón Solís del Partido Acción Ciudadana, protegiéndose con una cortina mediática millonaria que facilitó su apoyo en campaña.
Desde sus inicios, la administración Arias Sánchez, período 2006-2010, se ha mantenido apática al diálogo con diversos sectores de la sociedad civil, aún cuando su elección presidencial se apoyó unicamente con el 26% de los votos emitidos en las urnas en febrero del 2006, diferenciandose del candidato de Ottón Solís por una mínima suma de 15.000 votos aproximadamente, en un país de más de 2.5 millones de electores.
Tras buscar la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, la débil argumentación pero fuerte propaganda de gobierno y los sectores que respaldaban la aprobación de este acuerdo comercial, llevó a que la ciudadanía decidiera su aprobación en un referéndum en el año 2007.
Sin apoyo de la élite económica y gubernamental del país, la ciudadanía que se oponía a este tratado comercial, representada en parte por el empresariado nacional, y casi la totalidad del sector ambiental, cultural y social, logró alcanzar un 49% de los votos a la NO aprobación, aún frente al fraude mediático e injerencia de la embajada de Estados Unidos en el proceso democrático, resultando en una mínima diferencia que le daba el apoyo al SÍ para aprobar el acuerdo.
Aprobado el acuerdo, se traslada a discusión un paquete de leyes en el congreso costarricense, que fomentan la privatización o debilitamiento de las instituciones públicas pilares del modelo solidario costarricense.
Durante el trámite de estos proyectos, una alianza de diputados del Partido Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario y Liberación Nacional, mayoría en el congreso, se arreglan para que todos estos proyectos sean aprobados lo antes posible, evadiendo la consulta a la ciudadanía, violentando la constitución y atentando contra los principios democráticos costarricenses.
Por otra parte, la emisión de decretos ejecutivos para justificar actos repudiables contra el ambiente y la paz, así como vetar leyes de participación ciudadana respaldadas por el congreso, son unas de las muchas políticas autoritarias de este gobierno, que van en contra, nuevamente de los principios democráticos.
La poca capacidad de negociación con el sector de actividad portuaria en Limón, responde primero a una visión dogmática de total privatización de la actividad muellera, omitiendo cualquier otra posibilidad más competitiva, tal como sí la ha buscado el Partido Acción Ciudadana en acuerdo con este sector.
El excesivo aumento de la propaganda gubernamental, en vez del fomento de la participación y diálogo con la ciudadanía, constituye otra medida autoritaria de manipulación, y a la vez de beligerancia política para la campaña electoral del 2010, en la que Laura Chinchilla como candidata de Liberación Nacional, ha asegurado seguir con el continuismo de las políticas de esta administración.
El presente artículo no tiene el objetivo de denunciar la intermediación, pero sí de recordarle a la comunidad internacional, quien media en el conflicto hondureño, su trayectoria y su capacidad de negociación.