Campesinos desalojados de tierras expropiadas a SABMiller. En la capital reprimen y capturan a campesinos del Bajo Aguán. El pasado 15 de agosto, un fuerte contingente de efectivos policiales y guardias de seguridad privada desalojó por segunda vez a decenas de familias campesinas, que se habían instalado en los terrenos recientemente expropiados por el Instituto […]
Campesinos desalojados de tierras expropiadas a SABMiller. En la capital reprimen y capturan a campesinos del Bajo Aguán.
El pasado 15 de agosto, un fuerte contingente de efectivos policiales y guardias de seguridad privada desalojó por segunda vez a decenas de familias campesinas, que se habían instalado en los terrenos recientemente expropiados por el Instituto Nacional Agrario (INA) a la empresa Azucarera del Norte S.A. de C.V. (Azunosa), que es propiedad de la transnacional británico-sudafricana SABMiller, en la zona de Santa Elena, Agua Blanca, en Progreso. En la capital arrecia la violencia contra campesinos
Durante la acción policial fueron detenidas 42 personas, entre ellas varios menores de edad, quienes fueron acusadas de «usurpación de tierra» y remitidas a los tribunales. Finalmente, les dictaron auto de prisión y les aplicaron medidas sustitutivas a la privación de libertad, entre otras presentarse a firmar a los juzgados cada 15 dias y no acercarse a las tierras objeto del conflicto.
«Fue un desalojo ilegal porque fue ejecutado por un oficial de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), quien se hizo pasar por juez ejecutor. Además, denunciamos el hecho de que entre los detenidos hay varias mujeres y hasta niños, niñas y jóvenes menores de edad», expresó a Sirel, Magdalena Morales, una de las mujeres detenidas.
La orden de desalojo habría sido emitida el pasado 10 de agosto por el Juzgado de Letras de El Progreso, sin embargo, las familias campesinas aseguran no haber sido notificadas en forma oficial.
En mayo pasado, el INA emitió la resolución 050-2012, con la que expropió unas 6.600 hectáreas de tierra a los ingenios Azunosa y Compañía Azucarera Hondureña SA (Cahsa), por no haber solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho establecido en la Ley de Reforma Agraria.
En el caso de Azunosa, la transnacional SABMIller, que en Honduras es propietaria también de Cervecería Hondureña SA y posee la franquicia para producir Coca Cola, fue expropiada de unas 3.644 hectáreas de tierra. Ante tal situación, SABMiller, cuya actitud antiobrera es de sobra conocida en toda la región latinoamericana, presentó un recurso e hizo referencia a un tratado de protección comercial suscrito entre el Reino de Gran Bretaña y el Estado de Honduras.
Actualmente, las partes están esperando que el Consejo Nacional Agrario (CNA), la instancia superior del INA, emita un fallo definitivo.
«En este país los extranjeros son los verdaderos dueños y hacen lo que quieren. A nosotros nos acusan de invasores y usurpadores, pero son ellos que han venido a quitarnos la tierra. Se enriquecen y se llevan toda la riqueza, mientras que acá dejan solamente la explotación de la tierra y de los campesinos y campesinas», aseveró Morales.
Pese a las dificultades, a este nuevo desalojo y a las medidas cautelares, la dirigente campesina asegura que la lucha no se va a detener.
«No nos vamos a cansar de luchar aunque esto signifique más desalojos y más represión. Vamos a seguir exigiendo que se nos entreguen las tierras que fueron expropiadas a Azunosa (SABMiller) y que se respete el derecho que como pueblo tenemos a vivir dignamente», aseguró Morales.
Más violencia
Los días 20 y 21 de agosto, la capital hondureña fue escenario de una nueva y violenta represión policial contra unos 350 campesinos pertenecientes a diferentes organizaciones del Bajo Aguán, quienes fueron desalojados sin piedad de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia a punta de toletazos y gases lacrimógenos
La protesta pacífica de los campesinos y campesinas tenía el objetivo de exigir una solución rápida y urgente al conflicto agrario en el Bajo Aguán y en el resto de la región norte de Honduras, así como para denunciar el supuesto tráfico de influencias ejercido por los terratenientes y productores palmeros Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo, en el caso de las fincas en posesión del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA).
Hasta el momento el trágico saldo de la represión es de una decena de personas heridas, seis menores con asfixia por el gas lacrimógeno y 27 campesinos detenidos, entre ellos Yoni Rivas y Vitalino Álvarez, secretario general y vocero del MUCA respectivamente, Carlos Ramón Navarro, presidente de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) y Antonio Trejo, apoderado legal del MARCA.
Fuente: Rel-UITA