El jueves pasado, cuando el Congreso derogó por fin los Decretos Legislativos 1090 y 1064, algunas personas creyeron que la crisis amazónica había concluido. Sin embargo, los acontecimientos del 5 de junio han generado problemas mucho más profundos que en nada soluciona la tardía decisión del Congreso. Aquel día, la policía se comportó en las […]
El jueves pasado, cuando el Congreso derogó por fin los Decretos Legislativos 1090 y 1064, algunas personas creyeron que la crisis amazónica había concluido. Sin embargo, los acontecimientos del 5 de junio han generado problemas mucho más profundos que en nada soluciona la tardía decisión del Congreso.
Aquel día, la policía se comportó en las ciudades de Bagua y Bagua Grande como una fuerza de ocupación, apostando inclusive francotiradores en los techos que disparaban a la población. El caso de Leidi Luz, una niña de siete años que recibió un balazo en el estómago no fue un incidente aislado: la mayoría de los heridos y fallecidos no tenían relación con las protestas. Sin embargo, los vecinos de ambas ciudades concuerdan en que la brutalidad de la policía fue mucho mayor en la Curva del Diablo.
Parece ser que ante los primeros disparos de los policías, el reconocido dirigente Santiago Manuim pretendió invocarles a detener el fuego, alzando las manos. En ese momento, sea por torpeza o ensañamiento, el propio Manuim recibió ocho balazos.
Cualquiera que conozca mínimamente a los awajún podía haber previsto lo que sucedería. Ellos se enfrentaron directamente a la policía.
-Cuando vimos caer a Santiago, para nosotros era vivir o morir. Estábamos en guerra y debíamos luchar por nuestra vida -declaran varios indígenas.
Al menos quince policías murieron en el enfrentamiento. ¿Y cuántos awajún? En las dos Baguas nadie cree que hayan sido solamente cuatro, como indican las cifras oficiales y más bien se asume que durante cinco días la policía impidió el ingreso a la zona del Ministerio Público, la Iglesia y los organismos de derechos humanos, para poder trasladar los cuerpos de los indígenas.
Una mujer awajún relata que, cuando intentaba auxiliar a un nativo herido, un oficial declaró: «Aquí no hay ningún herido» y acto seguido lo mató de un tiro.
-¿Qué somos para Alan García? -exclama ella – ¿No somos personas? ¿Somos perros y perras que hace matar?
Ella cuenta que también vio cómo quemaban los cuerpos de otros nativos. Varias personas vieron cómo los policías disparaban por la espalda a los indígenas que huían, «como si cazaran venados». Algunas religiosas indican que la policía se llevó dos cuerpos que aparecieron en la orilla del río. Durante varios días, en Bagua se indicaba que había fosas comunes, pero hasta el momento no han sido halladas.
El gobierno sostiene que no existen más muertos, porque los awajún no proporcionan nombres. En realidad, las comunidades vienen elaborando listas (vi catorce nombres en una de ellas) pero no presentan ninguna denuncia, porque temen las represalias.
Mientras los habitantes de Bagua Grande insistieron durante una semana hasta que el Ministerio Público aceptó sus denuncias contra los policías que mataron o hirieron a sus familias, para los awajún resulta absurdo denunciar ante el Estado los hechos que el mismo Estado cometió. Paradójicamente, la principal prueba de las desapariciones de los indígenas es el caso del mayor Felipe Bazán, cuyo cuerpo sigue siendo buscado por su angustiada familia. La hipótesis más probable es que Bazán murió a manos de los awajún y que éstos desnudaron su cadáver. Horas después, la policía lo habría confundido y así sufrió la misma suerte que los cuerpos de los indígenas.
Entretanto, la incertidumbre por los desaparecidos, los permanentes vuelos de helicópteros, las detenciones indiscriminadas y las torturas a los detenidos generan un fuerte clima de terror entre los awajún. Un profesor me contó cómo fue torturado hasta quedar inconsciente por seis miembros de la DINOES, pese a que ni siquiera salió de su comunidad durante las protestas. Ahora es un manojo de nervios y teme que, cuando comiencen las clases, vaya a ser detenido. Otro awajún, Ebelio Petsayit, falleció en su comunidad a consecuencia de los golpes sufridos.
En Bagua, los awajún detenidos sin mayores pruebas eran liberados durante el toque de queda, exponiéndolos a que fueran nuevamente detenidos o inclusive baleados. Los demás han sido trasladados a la cárcel de Chachapoyas, una ciudad muy alejada y actualmente casi incomunicada, lo cual rompe los vínculos con abogados, intérpretes y familiares.
Los awajún están convencidos que Alan García busca su exterminio. Es verdad que ya antes había quienes querían invadir sus tierras, pero ha sido el gobierno actual el que ha otorgado a empresas mineras sus ríos, sus tierras y sus cerros sagrados y los ha insultado repetidas veces, en una afrenta permanente a su dignidad como pueblo.
Lamentablemente, no se percibe ningún esfuerzo para que los awajún confíen en las autoridades. Es más, en lugar de aprovechar que Santiago Manuim sobrevivió para establecer un diálogo con él, el Poder Judicial lo acusa de instigar el asesinato de los policías de la Estación 6, aunque estaba inconsciente cuando ello sucedió. El jueves, la policía pretendió esposarlo en su cama del hospital Las Mercedes.
Detener los abusos hacia los indígenas, sancionar a los responsables, devolver los cuerpos a las familias, cambiar a la Ministra del Interior, cancelar las concesiones mineras, otorgar representación política a los indígenas amazónicos, serían señales que podrían iniciar un camino de reconciliación. ¿Será tan difícil que el torpe y arrogante gobierno se dé cuenta de ello?
* Abogado. Master en Derecho Internacional de los DH. Catedrático universitario. Miembro de la Mesa para la No Discriminación de la Coordinadora Nacional de DH. Resp. de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de APRODEH
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