La reforma de la Constitución protagoniza de nuevo la escena en Honduras, después que una proyectada consulta al respecto desencadenó un golpe cívico militar contra el presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, en una iniciativa que incluye el punto más polémico entonces: la reelección presidencial. El derechista presidente Porfirio Lobo, en el poder desde […]
La reforma de la Constitución protagoniza de nuevo la escena en Honduras, después que una proyectada consulta al respecto desencadenó un golpe cívico militar contra el presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, en una iniciativa que incluye el punto más polémico entonces: la reelección presidencial.
El derechista presidente Porfirio Lobo, en el poder desde enero, concluyó en noviembre una serie de consultas sobre la forma y el fondo para introducir cambios en el sistema político hondureño, que han mostrado un apoyo mayoritario a la reforma, siempre que sea dentro del marco constitucional, según pronunciamientos de los participantes en los diálogos.
La clave está en las formas, que en este caso son un asunto de fondo. El plan ahora es lograr la participación ciudadana en los cambios mediante la modificación del artículo cinco de la Constitución. En él se contemplan el plebiscito y el referendo desde el 9 de junio de 2009.
Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el órgano constitucional para las consultas, afirman que la redacción sobre los dos instrumentos impide que puedan utilizarse en impulsar cambios estructurales mediante la participación ciudadana. Además, no han sido reglamentados.
El texto actual prohíbe consultar acerca de los llamados artículos «pétreos» o inamovibles de la Constitución, que impiden la reelección presidencial, modificaciones en la forma de gobierno o la convocatoria de un proceso constituyente, entre otros asuntos.
Ahora se propone hacer más viable constitucionalmente el mecanismo y el mandatario es el primero en decir que no teme a una consulta popular para auscultar la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna.
Desde que asumió la Presidencia, Lobo ha batallado con magros resultados para que su gobierno sea reconocido por la comunidad internacional, y en especial la americana. Pero un grupo de países, encabezados por Venezuela, sigue considerando ilegitimo su mandato, lo que mantiene a Honduras semiaislado y al gobernante sometido a situaciones altamente incómodas.
La última fue la decisión sin precedentes de no invitarlo a la XX Cumbre Iberoamericana, que se celebra este viernes 3 y sábado 4 en Argentina. Mientras, la Organización de Estados Americanos mantiene al país fuera del sistema interamericano, en una situación cuya reversión no tiene fecha.
Otra diferencia con el proceso anterior es que el parlamento acompañó al gobierno en los dos meses de consultas sobre la reforma. El presidente del Congreso legislativo, Juan Orlando Hernández, del gobernante Partido Nacional, aseguró que el resultado de esas consultas es que «la gente quiere que en las reformas se permita la reelección presidencial».
Los poderes Ejecutivo y Legislativo aducen que la fórmula seleccionada para la reforma «es legal y constitucional», a diferencia de la usada por Zelaya y rechazada por la justicia y el parlamento.
La convocatoria a una consulta sobre la posibilidad de colocar una urna adicional en las elecciones generales de noviembre de 2009, para decidir la convocatoria a una Asamblea Constituyente fue prohibida por un tribunal con el argumento de que violaba la Constitución.
Además, fue el detonante para que la madrugada del 28 de junio, la fecha prevista para la consulta, Zelaya fuese secuestrado en su residencia a punta de bayoneta por militares, montado en un avión y expulsado en pijama a Costa Rica.
El encargado ahora de convocar las consultas será el Tribunal Supremo Electoral, mientras que Zelaya lo encomendó al Instituto Nacional de Estadísticas, sin competencia legal para ello, según el tribunal que en aquellos tumultuosos días prohibió al gobernante proseguir con la iniciativa.
Zelaya tampoco se ciñó al artículo cinco, reformado por el Congreso en plena crisis para facilitar una consulta, pero impedir que la reelección formase parte de ella.
Actualmente, al contrario de lo que le sucedió a Zelaya, hay un ambiente propicio para las reformas políticas, que parecen contar con la simpatía de los grupos de poder económico, político, parte de las organizaciones sociales e incluso el estamento militar, que tras el golpe volvió a ser un actor fundamental en el país.
La ofensiva constitucionalista de Lobo tomó por sorpresa a los simpatizantes de Zelaya, agrupados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que desde su derrocamiento han demandado un proceso constituyente y una nueva carta magna para «refundar» Honduras.
El analista político de la izquierda Matías Funes dijo a IPS que Lobo «está quitando a Zelaya y los integrantes del Frente de Resistencia la bandera de la constituyente, consciente de que el país necesita cambios y que llegó el momento de oxigenar la democracia, debilitada y fragmentada tras los acontecimientos de junio del año pasado».
«El reto está en saber si el ex presidente Zelaya como líder de la resistencia tiene el olfato político para aprovechar la coyuntura y generar verdaderos cambios mediante la vía democrática de las urnas, o deja pasar la oportunidad histórica de los cambios que necesita el país», consideró.
Hasta ahora, Zelaya ha prohibido a la cúpula del FNRP participar en el proceso de consulta del gobierno y el parlamento. Pero han aparecido fisuras internas en el frente entre quienes están a favor del proceso constitucional planteado y los que prefieren convocar a una constituyente paralela «desde las calles».
El FNRP condiciona su participación al retorno al país de Zelaya, que reside en República Dominicana, acogido como huésped especial.
El depuesto ex presidente negocia con Lobo su regreso, sin tener que pasar por los tribunales donde tiene procesos abiertos por presuntos delitos políticos y de corrupción, incoados unos antes y otros después del golpe, según la Fiscalía del Estado.
Lobo baraja la posibilidad de un indulto para Zelaya y todos los implicados en el golpe, que se sumaría a la polémica amnistía política aprobada en enero, antes de su juramentación.
Para el diputado del PN Mario Pérez, coordinador de la comisión especial que promueve las reformas constitucionales, «las consultas van por buen camino, hemos concluido una primera fase y esperamos en enero próximo introducir las reformas, ratificarlas y convocar a una consulta popular a mediados del 2011».
«Más que una asamblea constituyente, hablamos de una asamblea constitucional que trabajaría en paralelo con el Congreso. Para la asamblea constitucional se elegirían diputados constituyentes de todos los sectores, encargados de redactar la nueva constitución sin necesidad de disolver los poderes», declaró a IPS.
La nueva constitución sería estrenada por quien asuma la Presidencia en enero de 2014. Lobo ratificó a los sectores consultados que no buscará la reelección, si es aprobada por un plebiscito.
Un estudio del independiente Centro de Estudios para el Desarrollo (Cespad) indica que la opinión sobre una Constituyente está dividida, aunque la mayoría quiere cambios profundos en el sistema de gobierno, siempre dentro de la democracia.
Eugenio Sosa, analista social de Cespad, dijo a IPS que «las lecturas de este estudio son muchas. De un lado el desencanto con la clase política, pero de otro, grandes oportunidades de cambio favorables a una reforma estructural que puede ser aprovechada por el movimiento social hondureño».
Un hallazgo es que 69 por ciento de los hondureños se ubica en el centro político, 22 por ciento en la derecha y ocho por ciento en la izquierda. Honduras, sostiene Sosa, está llegando a un interesante punto de «inflexión para el cambio».