Los atentados perpetrados entre sábado 24 y domingo 25 de mayo contra activistas y miembros de la Resistencia hondureña, del partido Libre (Libertad y Refundación) y de las comunidades lencas que luchan contra el proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», han dejado un saldo trágico de dos personas fallecidas – Irene Meza y William Jacobo Rodríguez – […]
Los atentados perpetrados entre sábado 24 y domingo 25 de mayo contra activistas y miembros de la Resistencia hondureña, del partido Libre (Libertad y Refundación) y de las comunidades lencas que luchan contra el proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», han dejado un saldo trágico de dos personas fallecidas – Irene Meza y William Jacobo Rodríguez – y varios heridos, entre ellos Plutarco Bonilla, destacado luchador contra el golpe de Estado de 2009.
Meza, quien resultó herido de varios impactos de bala, fue trasladado hacia un hospital. Sin embargo, el vehículo fue interceptado por otro grupo de hombres fuertemente armados, quienes procedieron a acabar con su vida, hiriendo a sus dos acompañantes.
Desde hace más de cuatro meses, en el marco de un proceso de construcción de gobernanza indígena, varios ciudadanos y ciudadanas de San Francisco Opalaca vienen denunciando el fraude electoral cometido en las pasadas elecciones, así como la decisión de las autoridades electorales de querer imponer al alcalde saliente, el nacionalista Sánchez, como ganador de los comicios municipales.
Esta decisión ha generado fuerte inconformidad entre los pobladores, quienes han mantenido una toma indefinida de la alcaldía municipal, reconociendo como alcalde legítimo al candidato del partido Libre, Entimo Vásquez y exponiéndose a una incesante campaña de hostigamiento, represión y atentados.
En febrero pasado, Justiniano Vásquez, hermano de Entimo Vásquez, fue asesinado por desconocidos. Su cuerpo presentaba heridas profundas y señas de que había sido amarrado de sus manos.
Agua Zarca
En el comunicado, el Copinh denunció también el asesinato de William Jacobo Rodríguez, «luchador en defensa del río Gualcarque, en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca», impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y ejecutado por la compañía contratista china Sinohydro en el territorio lenca de Río Blanco.
El operativo policial que se desató a raíz del asesinato, en lugar de enfocarse en la persecución de los delincuentes, fue aprovechado por los aparatos represores del Estado para ensañarse contra miembros de las comunidades lenca en resistencia.
«Lo que está ocurriendo en estas horas en territorio lenca no es más que la profundización de la criminalización de la protesta en defensa de los territorios y los recursos naturales. Es la respuesta del gobierno, de los poderes oligárquicos nacionales y del capital transnacionales a la estrategia de levantamiento territorial y de autodeterminación que hemos emprendido en los últimos meses», dijo a la LINyM, Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh.
La dirigente indígena alertó sobre «movimientos masivos de tropas hacia la frontera con El Salvador», incluyendo «a efectivos norteamericanos».
«No es un caso que la presencia militar se ha concentrado en las zonas donde varias empresas transnacionales están realizando estudios para fines de explotación hidrominera. El ambiente en San Francisco Opalaca es muy tenso, sin embargo, la comunidad tiene muy claro que, pese a la agresión, el proceso de construcción de gobernanza indígena continúa», agregó Cáceres.
Ante esta situación, el Copinh responsabiliza al presidente Juan Orlando Hernández, a su gobierno, a los aparatos represivos del Estado, así como a los grupos de poder y a las empresas transnacionales «por toda la política de terror y criminalización contra nuestro pueblo y organización».
Asimismo, exige una «investigación efectiva y la aplicación inmediata de justicia» en los casos de los compañeros asesinados, heridos e injustamente detenidos. También exige la salida inmediata del territorio lenca del destacamento policial, «que solo amenaza y represión ha llevado a las comunidades».
Finalmente, la organización indígena pide el fin de la represión política y la criminalización de la defensa territorial y de los bienes comunes, y manifiesta que todas las acciones emprendidas «se enmarcan en un proceso de defensa territorial, por la construcción de la autodeterminación y la gobernanza indígena».
En este sentido, este 27 de mayo, el Copinh realizará su Décima Asamblea general «Fortaleciendo unidad, lucha y esperanza». El 29 del mismo mes, comenzará una movilización regional para seguir denunciando la grave situación que se vive en San Francisco Opalaca y Río Blanco, la creciente militarización y criminalización de la lucha.
«Nos vamos a mantener firmes, en lucha, contra los grandes capitales depredadores, por la construcción de la autodeterminación y el levantamiento territorial», concluyó Cáceres.
Fuente: LINyM