El Ministerio de Defensa reveló el «contrato secreto» celebrado entre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la petrolera Chevron para prestar servicios y alojamiento durante el juicio histórico contra la transnacional por contaminación ambiental. En dicho contrato se establecen las directrices del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ambas entidades como proporcionar alojamiento y oficinas a […]
El Ministerio de Defensa reveló el «contrato secreto» celebrado entre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la petrolera Chevron para prestar servicios y alojamiento durante el juicio histórico contra la transnacional por contaminación ambiental.
En dicho contrato se establecen las directrices del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ambas entidades como proporcionar alojamiento y oficinas a los funcionarios de la petrolera dentro de bases militares ecuatorianas. Durante las inspecciones judiciales, miembros uniformados de las FF.AA han venido realizando servicios laborales a favor de Chevron.
También el contrato especifica que la brigada brindaba luz y agua gratuitamente para el uso de una villa de lujo construida por la petrolera dentro de la base militar a las afueras de Lago Agrio. El contrato contempla que las instalaciones serán donadas a las Fuerzas Armadas sin ningún costo.
«Con este contrato se demuestra claramente que la institución nacional del las Fuerzas Armadas está parcializada a favor de una empresa norteamericana que está acusada de haber violado los derechos humanos de ciudadanos ecuatorianos a más de haber contaminado su ambiente» dijo Luis Yanza, Coordinador Legal de los afectados.
«Pedimos respetuosamente que el Ministerio de Defensa quien tiene como deber legal la defensa del territorio nacional anule este contrato celebrado con estas petrolera que viola la soberanía nacional,» añadió. «Si Chevron lo requiere debería recibir un trato igual al de todos los ciudadanos del país sin ningún privilegio ni contrato especial,» finalizó.
La revelación de este Convenio ayuda a esclarecer el origen y la razón del controversial Informe de Inteligencia Militar del 19 de Octubre que obligó a cancelar una inspección judicial del «Caso Texaco», alegando posibles acciones violentas por parte del pueblo Cofán y colonos de la zona de Guanta en contra de funcionarios de la petrolera y de la Corte Superior de Nueva Loja. El informe provino de la Base Militar 24 Rayo, dentro de la cual se alojan y operan los representantes de Chevron. También la seguridad privada de Chevron opera desde la base militar, y se sospecha que hacen operaciones de contrainteligencia conjunta en contra de los dirigentes de los demandantes.
El contrato firmado en Mayo del 2004 entre la IV División del Ejército «AMAZONAS» y la compañía Texaco Petroleum Company, ahora Chevron Corporation, caducó este pasado Noviembre, sin embargo se desconoce si se ha iniciado el proceso para prorrogarlo aun costo de $3,000 por mes según consta en el contrato. Vale recalcar que la petrolera Chevron aún mantiene el arbitraje internacional planteado en contra del Estado ecuatoriano en la Asociación de Arbitraje Americano en Nueva York, por lo cual resultaría extraño que se prorrogue dicho contrato, y se espera la salida del personal de la petrolera de la Base Militar 24 Rayo a final de este mes.
También se desconoce si se han celebrado más contratos adicionales entre Texaco y las Fuerzas Armadas. Se sospecha que deben haber más contratos debido a que el personal militar proporciona seguridad y servicios varios al personal de la petrolera durante las inspecciones, lo cual no está establecido en el contrato obtenido. Los afectados han pedido al Ministerio de Defensa todos los contratos históricos y actuales que ha mantenido Texaco con las Fuerzas Armadas.
Por otra parte el Defensor del Pueblo Doctor Claudio Mueckay ha solicitado al Ministro de Defensa que se pronuncie sobre estos hechos que involucran a las Fuerzas Armadas. También ha solicitado a la Ministra Fiscal Cecilia Armas que inicie las acciones legales correspondientes respecto a las amenazas y acciones de hostigamiento que han sufrido miembros del Frente de Defensa de la Amazonía y abogados del caso que representan a los 30.000 afectados en el juicio. Se sospecha que miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran tras algunos de estos casos.
El Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín está citado a comparecer ante la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso Nacional el miércoles 7 de diciembre para responder a todas las inquietudes sobre los contratos militares con la transnacional, sobre las acciones de las Fuerzas Armadas en cuanto al informe de inteligencia militar y otros temas, incluyendo operaciones de contrainteligencia.