El pasado 19 de marzo, en el Tribunal Primero A de Alto Impacto, se inició el juicio contra el ex presidente golpista y general retirado, José Efraín Ríos Montt y el ex jefe de Inteligencia Militar (G-2), Mauricio Rodríguez Sánchez. Ambos son acusados de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. En un país […]
El pasado 19 de marzo, en el Tribunal Primero A de Alto Impacto, se inició el juicio contra el ex presidente golpista y general retirado, José Efraín Ríos Montt y el ex jefe de Inteligencia Militar (G-2), Mauricio Rodríguez Sánchez. Ambos son acusados de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.
En un país como Guatemala, cuya historia reciente ha sido sacudida por un conflicto armado interno de 36 años (1960-1996), y cuyo pueblo ha sufrido más de 600 masacres, el asesinato, la desaparición de unas 200 mil personas y el desplazamiento forzado de un millón de guatemaltecos, el juicio contra los represores no sólo sienta un precedente histórico, sino que es parte de una amplia estrategia de combate a la impunidad y de recuperación de la memoria histórica.
Edgar Pérez, miembro de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) y abogado de las víctimas, explicó a La Rel que cuando se habla de genocidio no se entiende solamente la acción de matar, sino la idea intrínseca de destruir algo en su esencia, en ese caso el grupo étnico Ixil.
Según la tesis de la Fiscalía, en el denominado triángulo o área Ixil -municipalidades de Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, departamento de Quiché- existe la evidencia suficiente para sustentar que durante el mandato de Ríos Montt (1982-83), cuando gobernó de facto Guatemala tras derrocar con un golpe de Estado al también general Romeo Lucas García, hubo la intención de destruir a dicho grupo étnico.
«Tenemos registradas unas 17 masacres, 1.771 muertes, un desplazamiento forzoso de casi 30 mil personas en las llamadas Comunidades de Población en Resistencia (CPR), las cuales fueron rodeadas por militares, impidiendo el ingreso de alimentos y medicinas.
Durante el mandato de Ríos Montt una parte de la población Ixil fue desplazada hacia la montaña, otra fue reconcentrada en condiciones de campos de concentración en las llamadas Aldeas Modelo y un tercer grupo fue masacrado.
La campaña de exterminio eliminó al 33,61 por ciento de la etnia Ixil, lo cual demuestra que sí hubo la intención de destruir a ese grupo étnico», aseguró Pérez.
La voz de las víctimas
Durante nueve días de audiencias, los más de 100 testigos relataron los horrores sufridos en aquellos años.
«El ambiente ha sido muy tenso, pero a la vez lleno de satisfacción personal. Las víctimas tuvieron la oportunidad, por fin, de sentarse en un tribunal y contar todo lo que vivieron, pidiendo única y exclusivamente de que haya justicia y de que nunca vuelva a repetirse lo que ha sucedido», explicó el abogado querellante. Un primer resultado que, sin embargo, no ha sido fácil alcanzar.
«En poco más de un año, la defensa del general retirado Ríos Montt encaminó unas 130 acciones legales para tratar de entorpecer el desarrollo del proceso y garantizarle la impunidad.
Hasta presentaron recursos de inconstitucionalidad, aduciendo que debía ser juzgado por un tribunal militar, e intentaron que se le aplicara la amnistía de 1986, que era solamente para los responsables o autores de delitos políticos, o delitos comunes conexos con los políticos.
Afortunadamente, la imparcialidad e independencia del tribunal y de la jueza (Jazmín Barrios) ha imperado y se han desestimado todos estos intentos de la defensa para que el sistema judicial rompiera los compromisos internacionales del Estado guatemalteco en materia de derechos humanos», sentenció Pérez.
A pesar de la presión
Pese a las fuertes presiones ejercidas por sectores poderosos afines al general retirado y dictador, el juicio oral y público continuará en los próximos días con la intervención de expertos y peritos, que ratificarán los informes, peritajes civiles y militares, pruebas balísticas y forenses, con la identificación de centenares de osamentas, en su mayoría de mujeres y niños.
La AJR tiene más de 15 años de estar trabajando para juzgar a los estrategas de las políticas militares de aquellos años.
Hasta el momento, se han logrado dos sentencias por la masacre de Río Negro (1982), donde fueron asesinados 107 niños y 70 mujeres, y la condena del comisionado militar del Quiché, Cándido Noriega, por seis homicidios y dos asesinatos.
Asimismo, se obtuvo la condena a 6.060 años para los responsables de la masacre de las Dos Erres, donde fueron asesinadas 250 personas, y la primera condena por desaparición forzada en Guatemala, en el caso de la comunidad de Choatalum.
«Las víctimas han visto que existe la posibilidad de juzgar a los responsables de las masacres y de hacer justicia. Además, este proceso sienta un precedente histórico para toda América Latina, porque demuestra que la justicia llega, no importa cuanto tiempo nos tome», concluyó Pérez.
Fuente: http://nicaraguaymasespanol.