Transnacional a punto de recuperar tierras expropiadas en medio de una criminalización de la protesta
En diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Honduras falló a favor del ingenio Azucarera del Norte SA (Azunosa), propiedad de la transnacional británico-sudafricana SABMiller. En su resolución, la Corte avala la decisión del Consejo Nacional Agrario (CNA) y de la Procuraduría General de revocar la orden de expropiación de unas 3.644 hectáreas de tierras, situadas en el Valle de Sula, emitida por el Instituto Nacional Agrario (INA) en contra de Azunosa.
– Escucha declaraciones del abogado Víctor Fernández después de la audiencia por el caso de dirigente CNTC Magdalena Morales
La decisión de la autoridad agraria hondureña había sido tomada en mayo de 2012, por considerar que la transnacional de la bebida, que en Honduras controla también la Cervecería Hondureña SA y posee la franquicia para producir Coca Cola, no había solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho establecido en la Ley de Reforma Agraria.
De esa manera, la empresa Azunosa (SABMiller), supuestamente amparada en un tratado de protección comercial suscrito entre el Reino de Gran Bretaña y el Estado de Honduras, habría ocupado y explotado ilegalmente y por décadas estas tierras para la siembra de caña de azúcar.
La decisión del INA abrió paso a un proceso de recuperación de tierras de parte de cientos de familias campesinas organizadas en la Asociación para el Desarrollo Campesino de Progreso (ADCP) y en la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), desatando una fuerte reacción de parte de la transnacional.
En menos de un año, las familias campesinas sufrieron repetidos episodios de hostigamiento y amenazas, cuatro desalojos violentos y la destrucción de cientos de hectáreas cultivadas con granos básicos.
A raíz de los repetidos desalojos, unas 1.600 familias siguen acampadas, en condiciones muy difíciles, en los terrenos del Centro Experimental de Capacitación Campesina «David Funes Villatoro», de propiedad del INA, en Agua Blanca Sur.
Criminalización de la protesta
A la fecha, 108 campesinas y campesinos, entre ellos varios menores de edad, están siendo perseguidos judicialmente. Magdalena Morales, secretaria general departamental de la CNTC, es una de ellos. En julio 2013, fue detenida, encarcelada y puesta a la orden de una jueza, que le dictó medidas cautelares sustitutivas a la prisión.
Siete meses después y a pesar de que las partes han iniciado un procedimiento conciliatorio, abogando por una salida negociada al grave conflicto, la dirigente de la CNTC y el resto de campesinos enjuiciados siguen en un «limbo legal» y su lucha está siendo criminalizada.
«Lo que estamos viviendo es una verdadera tortura. Sólo por el hecho de estar apoyando y defendiendo el derecho de miles de personas a tener acceso a un pedazo de tierra para cultivar, es que estamos siendo perseguidos y tratados como criminales», dijo a la LINyM Magdalena Morales, quien, este 14 de febrero, espera conocer la sentencia del tribunal sobre su caso.
La dirigente campesina explicó que su vida se ha vuelto un infierno. «Estamos negociando con la empresa, pero por el momento no hay nada en concreto. Mientras tanto, nuestros expedientes están manchados y para la mayoría de compañeros y compañeras se vuelve imposible encontrara trabajo.
Además -continuó Morales- vivimos con el temor de que, en cualquier momento, puedan capturarnos y encarcelarnos. Todo esto es una clara estrategia para que renunciemos a nuestra justa lucha, en un país donde las autoridades siguen demostrando su desinterés para el campesinado y se pliegan a los intereses de las transnacionales», concluyó la dirigente departamental de la CNTC.
Fuente: LINyM