El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras ha difundido un comunicado en el que anuncian la creación de una organización social con el objetivo de luchar contra la persecución política que se está cmetiendo en Honduras por parte de la dictadura que dirige el golpista Roberto Micheletti. «El Comité de Presos Perseguidos y Exiliados […]
El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras ha difundido un comunicado en el que anuncian la creación de una organización social con el objetivo de luchar contra la persecución política que se está cmetiendo en Honduras por parte de la dictadura que dirige el golpista Roberto Micheletti.
«El Comité de Presos Perseguidos y Exiliados Políticos surge como consecuencia de la persecución política de que es víctima el pueblo hondureño tras el Golpe Militar. La tiranía encabezada por Roberto Micheletti nos encarcela bajo cargos sin pruebas, usando para tal fin a policías, militares, fiscales y jueces.
A partir de julio la persecución judicial arrasó con el Debido proceso y nos dejó en indefensión, el simple hecho de ejercer nuestro Derecho de Libertad de Expresión para manifestar nuestro repudio al golpe militar, es un argumento para llevarnos a juicio, debido a esa ilegalidad hoy sumamos cerca de 130 personas que tenemos procesos judiciales a los que debemos asistir sin la posibilidad de demostrar nuestra inocencia.
Somos hombres, mujeres y menores de edad a quienes se nos ha usado para sembrar el terror y «sentar precedentes» para desmovilizar al pueblo hondureño a través del uso de las armas y la ilegalidad desde los operadores de «injusticia».
Cinco de nuestros compañeros están tras las rejas, en la Penitenciaría Nacional, la decisión de los jueces y juezas están plagadas de prejuicios, discriminación y politización, que afianzan la figura de la persecución política, delito que está contemplado en el Estatuto de Roma, que señala las responsabilidades que corren quienes utilicen esta figura para cometer abusos contra los derechos humanos y que pueden ser llevados ante la Corte Penal Internacional para que respondan por sus actos.
Dos ciudadanos extranjeros, un español y otro colombiano-venezolano están encarcelados en Honduras a pesar de tener medidas sustitutivas a la prisión, pues no pueden salir del país al cual llegaron por poco tiempo. Sus documentos de identificación han sido decomisados por la policía y al reclamarlos los mandan de un lugar a otro sin darles explicaciones del por qué no se los entregan y por qué están en poder de los cuerpos represivos si deberían estar en sus expedientes judiciales.
Todos fuimos llevados ante los jueces salvajemente golpeados, pues al momento de nuestra captura se usó la fuerza bruta policial y militar. Estas detenciones y procesos arbitrarios son parte de la guerra psicológica y judicial que emprende la dictadura para amedrentar al Pueblo Hondureño a que no siga con la Resistencia Popular, en uso del legítimo derecho constitucional a la desobediencia civil contra un gobierno usurpador.
Pero también nuestra patria y los familiares, han visto partir a sus hijos e hijas al exilio como producto de esta persecución que generó peligro para su vida. La vigilancia, las amenazas a muerte, los intentos de secuestros y atentados contra la integridad física, les obligaron a salir del país.
Sin lugar a dudas en estos momentos se están escribiendo las páginas más bochornosas en Honduras, es por eso que denunciamos:
Al Gobierno de facto, al igual que sus portavoces mediáticos, quienes afirman que Honduras se vive en democracia, cuando los hechos reales, que observamos la mayoría del pueblo hondureño son totalmente contrarios a esta idea ficticia de la clase política en el poder.
A la Corte Suprema de Justicia, ya que los juicios se realizan de manera completamente parcializada, no permiten las acciones legales que demuestran las detenciones ilegales, los abusos y violaciones a los derechos humanos a los que son sometidos, durante y después de la captura.
Al Ministerio Publico, ya que los fiscales presentan como testigos a los mismos elementos de la policía que son los agresores de las víctimas y una serie de pruebas sin fundamento para los delitos de los que les acusan.
La complicidad del Ministerio Público con esta estrategia represiva ya que, a pesar de los constantes abusos cometidos por las fuerzas policiales y militares contra el Pueblo, esta entidad no ha presentado ninguna acusación formal ante los juzgados respectivos.
La complicidad de la Corte Suprema de Justicia, que ha cambiado el mecanismo aleatorio de asignación de jueces, haciéndolo ahora de manera arbitraria y de acuerdo a intereses políticos.
Por lo anteriormente expuesto pedimos:
Libertad a los presos políticos.
Sobreseimiento definitivo a las causas por estar enmarcadas en la persecución política.
Respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos.
Castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los detenidos y detenidas
Alto a la criminalización contra los movimientos sociales en Honduras.
El retorno de nuestros compatriotas en el exilio con todas las garantías para sus vidas, llevando a juicio a los responsables de sus inseguridad.»
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article11860